Muface lleva años arrastrando problemas de financiación. La subida pactada para el convenio actual no ha sido suficiente. Peligra la sostenibilidad de este modelo de atención sanitaria y su continuidad pasa por igualar el gasto por mutualista al de la sanidad pública en el plazo de dos años.

Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del informe "El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros", realizado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada junto a Alianza de la Sanidad Privada Español (ASPE).

Actualmente, la prima de Muface se sitúa en 1.040 euros por mutualista de promedio, mientras que el gasto sanitario público asciende a 1.608 euros por ciudadano.

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El documento presentado este miércoles avisa de que las subidas previstas en el concierto actual "se han revelado insuficientes para cubrir el aumento de los costes de la prestación sanitaria". Se plantea entonces que, o se busca una financiación adecuada o el modelo podría estar destinado a desaparecer.

Y las consecuencias de su desaparición también han sido analizadas en este informe. Así, supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas.

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A esto se sumaría un inevitable incremento de las listas de espera. El análisis cifra en un aumento del 266% de las listas de consultas externas y del 115% para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, el sistema público necesitaría de casi 4.000 camas adicionales.

Pero el impacto del fin de Muface no solo afectaría a la sanidad pública. También supondría pérdidas para las aseguradoras. De acuerdo con los cálculos que recoge el informe mencionado, las compañías de seguros perderían un 14% de su facturación, lo que se traduce en 1.700 millones de euros.

Mientras, los prestadores de servicios hospitalarios verían reducidos sus ingresos un 8%, es decir, alrededor de 1.000 millones de euros. Esto pondría en riesgo la continuidad de centros, principalmente en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.