La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) se ha reunido con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. Ambas patronales han mostrado su preocupación por el aumento de la inflación y han coincidido en la necesidad de indexar los contratos públicos para evitar que haya problemas de acceso a innovaciones tecnológicas de calidad por parte de profesionales sanitarios y pacientes.
Por este motivo, urgen al Ejecutivo nacional a que recupere el modelo de indexación anterior a 2015, que permitía actualizar los contratos al IPC. Han recordado que la modificación legislativa aprobada en mayo de 2023 resulta imposible de aplicar en la práctica, al no existir indicadores públicos oficiales a los que poder referenciar las materias primas con las que se fabrican los productos sanitarios.
“Es una situación preocupante. Hay que garantizar la viabilidad del sector a través del equilibrio económico-financiero de los contratos públicos. El riesgo es que haya una pérdida de competitividad de España para disponer de la tecnología sanitaria de mayor calidad, penalizando la atención sanitaria de profesionales sanitarios y pacientes”, ha señalado el presidente de Fenin, Jorge Huertas.
También desde la CEOE se muestran partidarios de la indexación de los contratos. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado que, por ejemplo, desde 2018 la Administración ha incrementado el salario mínimo interprofesional (SMI) en más de un 50% sin revisar el precio de los contratos públicos suscritos con las empresas.
“Por eso, desde CEOE venimos reclamando esa indexación, que no es otra cosa que incrementar esos contratos al compás de los costes, lo que evitaría también que muchos contratos públicos queden desiertos, como está pasando, o frenar la innovación tecnológica en un sector como el sanitario, en el que esos avances son vitales”.
Durante la reunión se han abordado otras cuestiones de interés para el sistema sanitario y el ámbito empresarial, como es el caso de la compra pública basada en valor y la aplicación de un IVA reducido a los productos sanitarios.
Este mes de abril se cumplen dos años desde la reforma de la directiva europea del IVA que permite a los Estados miembros aplicar esta medida al considerarlos bienes de primera necesidad, pero sin que España haya hecho movimiento alguno en este periodo.
“En España, el 85% de los productos sanitarios están gravados con el tipo impositivo más alto, del 21%, por lo que el margen de actuación es amplio. Se está desaprovechando una oportunidad inmejorable no solo para generar un ahorro estimado de 1.000 millones de euros al conjunto de servicios de salud, sino para reducir los costes que tiene su adquisición directa por los pacientes”, ha añadido Crespo.
Por último, ambas organizaciones han ahondado en la importancia de que la Administración haga una apuesta “urgente y decidida” por la industrialización y la autonomía estratégica del país.