El Ministerio de Sanidad ha lanzado un informe en el propugna el desmantelamiento de Muface y que los 1,5 millones de funcionarios que usan su aseguramiento pasen a ser atendidos por la sanidad pública. Sin embargo, desde el Fundación IDIS alertan de que esto haría insostenible el servicio sanitario público y dispararía las listas de espera. 

En un comunicado sobre el texto del departamento de Mónica García, el ente alerta sobre "la ideologización de dicho informe y por la grave situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS), con los riesgos que implica para los pacientes en el caso de producirse una transición masiva de usuarios mutualistas desde el sistema privado al sistema público".

De hecho, la Fundación avisa de que "la sanidad pública, en su estado actual, no puede aceptar más pacientes sin comprometer su sostenibilidad y la calidad de la atención". La clave está en que "el sistema se encuentra al borde del colapso y es incapaz de asumir la carga asistencial actual, y mucho menos una afluencia adicional de pacientes". 

"La solución no pasa únicamente por más financiación, sino por medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS", indica, en un comunicado. Por ello, indica apunta que "la incorporación de más de 1 millón de funcionarios y beneficiarios al SNS supondría un crecimiento exponencial de las listas de espera quirúrgicas y de consulta".

De hecho, el informe, denuncia el IDIS, "no expone la dificultad en términos absolutos por comunidad autónoma ni lo compara con el número de camas disponibles, para ver si sería realmente viable".

"Tampoco estudia el esfuerzo que supondría en profesionales, consultas y quirófanos asumir a estos nuevos pacientes en un sistema que ya está muy tensionado, por lo que afirmar que es viable en base a este informe es precipitado", indica. 

Otro de los argumentos de Sanidad contra Muface es que las aseguradoras "están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos, dejando de lado a los pacientes con enfermedades graves".

"Falso"

Según el IDIS, "este punto es falso y constituye una ofensa a la actuación de dichas entidades, ya que el único que elige dónde ser atendido es el propio usuario mutualista".

"Otra cosa es que puede haber mutualistas con enfermedades complejas en ciertas comunidades autónomas que opten por el paso al sector público para el seguimiento de sus patologías, al no tener posibilidad de hacerlo en la sanidad privada", añade el IDIS.