Un funcionario protesta frente a una sede de Muface, en Sevilla.
El plan de AIReF para desguazar Muface tropieza con los funcionarios que se oponen a perder la mutualidad
La Autoridad propone que los funcionarios de nuevo cuño pasen directamente a la sanidad pública y que, de manera paralela, se refuerce económicamente el SNS.
Más información: El IDIS recela de la propuesta de AIReF para Muface y alerta del "impacto negativo" que tendría en la atención sanitaria
Por fin se ha desvelado el contenido del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el mutualismo administrativo y su asistencia sanitaria. En él, el ente sugiere que hay que ir poniendo los mimbres para el final de Muface, una rareza en el entorno europeo, dirigiendo a los nuevos funcionarios hacia la sanidad pública (reforzándola adecuadamente por el camino).
Sin embargo, esta propuesta se tropieza con un escollo que no es menor: los funcionarios, que se oponen al final de la mutualidad, y su modelo de atención sanitaria. Desde el sindicato CSIF, consideran que "la reflexión debe ir dirigida a la mejora y fortalecimiento del mutualismo administrativo, y no a su desaparición. No aceptaremos que se ponga en cuestión, como se ha propuesto desde Sumar y sugerido por el propio ministro de Función Pública".
Desde CSIF confían en que "el informe de la AiREF no sea utilizado como excusa con el Gobierno para proceder a desmantelar este modelo, ya que el Ejecutivo ha anunciado en diversas ocasiones su intención de promover una amplia reflexión".
Si hay movimientos hacia el desguace de Muface, Isfas o Mugeju, los funcionarios aseguran que tomarán medidas. De una manera similar lo ve la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). "Seguimos abogando por mantener el modelo actual", indican.
De hecho, apuntan a que "cualquier acción debe garantizar la integridad de los historiales, la continuación de los tratamientos en las mismas condiciones y especialmente cuidar de todos los colectivos, incluyendo a jubilados, personal en el exterior y enfermos crónicos".
En cualquier caso, el planteamiento de AIReF, si el Gobierno se planteara llevarlo a la práctica, es a largo plazo. El ente que preside Cristina Herrero plantea en todo caso un desmantelamiento poco a poco de la mutualidad administrativa. El modelo a seguir es el de las Clases Pasivas.
Las Clases Pasivas son un régimen especial de la Seguridad Social al que pertenecen funcionarios del Estado y militares que pudieron entrar en él antes de 2011. Esta modalidad acabará desapareciendo cuando la última persona acogida a este sistema fallezca.
Esta extinción progresiva es la que plantea la AIReF en el caso de Muface, Isfas y Mugeju. Para ello, los nuevos funcionarios tendrían como opción única la sanidad pública y se acabaría con la adscripción obligatoria actual a las mutualidades, de manera que se pasara a un régimen voluntario.
De hecho, la AIReF añade que el régimen sanitario especial de los funcionarios en España es "particularmente anómalo" en el entorno europeo. "La evidencia internacional refuerza la idoneidad de esta propuesta de integración progresiva de los nuevos mutualistas", recoge el informe.
Eso sí, todo ello asegurando, por el camino, la adecuada mejora de financiación y el refuerzo de la sanidad pública por el camino, para que la suma de mutualistas no ocasione un empeoramiento de la atención sanitaria y que se disparen las listas de espera.
En cualquier caso, sólo un 24% de los mutualistas opta por la provisión pública de su sanidad. En su informe, la AIReF admite que los usuarios de Muface logran una mayor accesibilidad a consultas y pruebas diagnósticas en su modalidad privada.
Sin embargo, el coste de los medicamentos en el mutualismo es más elevado (no hay compras centralizadas como en el sector público) y hay un menor uso de genéricos y biosimilares, así como una baja implantación de la receta electrónica y la historia clínica.
De hecho, para la Autoridad, estas son medidas que se podrían aplicar en el marco del concierto que entrará en vigor en las próximas semanas y que generarían ahorros por valor de varios millones de euros. Es una de las claves por las que insiste en que los funcionarios pasen progresivamente a la sanidad pública: la posibilidad de aplicar economías de escala.
Así mismo, una encuesta hecha por AIReF a los mutualistas revela que la atención pública gana en oncología y medicina familiar. Según el informe, más del 60% de los mutualistas prefieren la sanidad pública en especialidades relacionadas con condiciones graves o crónicas y seguimiento continuado.
En cambio, para especialidades como ginecología, oftalmología y dermatología, que pueden asociarse con condiciones que requieren pruebas diagnósticas y resolución inmediata, la preferencia por la atención privada está próxima al 70%.
Además de los sindicatos de funcionarios, el sector de la sanidad privada también tiene sus reservas sobre las propuestas de la AIReF. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha hecho un "llamamiento de cautela" a la hora de tomarlas en cuenta, avisando de "los efectos que medidas como estas pueden generar en el SNS y, por consiguiente, en la propia asistencia a los pacientes".
Con todo, ha avalado que se proponga un "refuerzo sustancial del SNS". Más dura es la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). "El sistema funciona con éxito y lo lleva haciendo desde hace más de cuatro décadas, pero una ideología extemporánea que no prima la eficacia parece que ha ordenado ya su disolución", señalan desde la patronal.
Añaden que el informe "decreta la obsolescencia programada de Muface", a pesar de "reconocer el buen papel que desempeña la sanidad privada".
