El anuncio de medidas concretas para frenar los desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con los denominados fondos buitre ha levantado ampollas en el sector.
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, explicaba en su cuenta de Twitter que ampliarán “la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos para prohibir desahucios por impago del alquiler”. En concreto, el Gobierno va a establecer una moratoria de cuatro años y ampliará los supuestos de vulnerabilidad como, por ejemplo, las familias monoparentales con hijos a cargo.
En el foco de la diana de Iglesias están los fondos que compraron tras la crisis un gran número de pisos a bancos y organismos públicos. La mayoría de estos, con sede en Estados Unidos, han preferido mantener su habitual discreción y no hacer comentarios al anuncio de Pablo Iglesias tras ser consultados por Invertia.
El sector, en contra
Los profesionales del sector sí han dado su opinión. Por ejemplo, Mikel Echavarren, CEO de Colliers Internacional, ha afirmado a Invertia que “el gobierno legisla sobre la ejecución de hipotecas en una medida claramente populista, con el objetivo de captar votantes, y que además no tiene que soportar con los presupuestos del Estado”.
El dirigente de la consultora inmobiliaria ha constatado que “el coste y el incremento de riesgos que supone la intervención del Gobierno en el mercado hipotecario se trasladará al 90% de los clientes cumplidores con sus obligaciones contractuales”. “Nada es gratis”, ha confesado.
En resumen, ha apuntado el CEO de Colliers Internacional, “es una medida puramente electoral de intervención inoportuna en el mercado, que lanza el mensaje de que los inversores deben desconfiar del gobierno de España y a los cumplidores de sus compromisos se les obliga a soportar los costes de quienes no lo hacen”.
En esa misma línea, el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha señalado que si se limitan los desahucios 'per se', evitará que la gente ponga viviendas en alquiler, habrá contracciones de la oferta y aumentarán los precios. “Limitar los desahucios para evitar el impago es como intentar bajar la fiebre haciendo una sangría”, ha señalado en una entrevista a Europa Press.
Carroza ha afirmado que está "totalmente de acuerdo" con que se combatan los desahucios, pero cree que para abordar esta lacra "se debe ir contra la enfermedad y no contra el síntoma". Según el consejero delegado de Alquiler Seguro, esta situación puede hacer que exista un mercado en el que nadie pueda acceder a una vivienda, porque "nadie querrá poner su vivienda en alquiler".
De la misma manera, ha dejado claro que si se van contra los "pocos grandes tenedores de inmuebles", lo que se va a conseguir es que "los inversores se vayan de España y haya contracciones de la oferta, por lo que pueden volver a ocasionarse problemas".
El jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, se ha mostrado más expectante. “El anuncio que se ha comunicado a los medios no concreta cuáles serán las medidas que se adoptarán, por lo que se nos hace imposible realizar una valoración de cuáles serán sus consecuencias”, ha indicado a Invertia.
Aún así, ha reconocido Encinar que “parece que beneficiará a los inquilinos que encajen en la descripción de inquilino vulnerable que formule el gobierno y a los inquilinos futuros que entren en esa definición les resultará casi imposible alquilar vivienda”.
La PAH, a favor
En el otro extremo del conflicto se encuentra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con quien Pablo Iglesias se reunió el 21 de febrero. Fue “muy crítica con nosotros y presionó para que es pusieran sobre la mesa compromisos de Gobierno que entendían que no eran sólidos”, ha explicado el vicepresidente del Gobierno.
Como no podía ser de otra manera, la PAH ha celebrado la intención del Gobierno de incluir los desahucios por impago de alquiler en una nueva moratoria de desahucios durante cuatro años, ya que supone un “alivio” para todas las personas hipotecadas e inquilinos.
Según la plataforma, esta decisión del Ejecutivo es “consecuencia directa” de la campaña de presión que inició el pasado 21 de febrero llamada '#ViviendaPorDerecho', así como de todos los colectivos “que luchan por garantizar el derecho a una vivienda en todo el Estado”.
La PAH defiende que esta ampliación del acuerdo de Gobierno servirá para frenar, al menos, una parte importante de "la sangría" de 198 desahucios diarios que se producen en todo el país.
“Sin duda, esta noticia supone un alivio para todas las personas hipotecadas que hasta la fecha no sabían si se prorrogaría la moratoria hipotecaria, pero también para miles de inquilinos que, por primera vez, no verán truncados sus proyectos de vida por culpa de la especulación, que nos ha llevado a precios inasumibles que acaban con las familias en la calle”, ha denunciado la plataforma.