El Gobierno catalán ha paralizado la convocatoria de ayudas al alquiler para familias vulnerables al quedar "desbordada" ante las solicitudes que iba recibiendo, han confirmado fuentes de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat a Europa Press.
Según informa este martes la Ser, el Gobierno autonómico ha comunicado a los ayuntamientos catalanes que ha dejado de aceptar solicitudes para esta ayuda ante la "avalancha" de peticiones que ha recibido y al no saber si tendrá dinero suficiente para cubrirlas.
Las citadas fuentes del departamento han remarcado que, tal y como preveían, esta convocatoria era "insuficiente" y han parado de aceptar más solicitudes por responsabilidad y para gestionar las que han recibido hasta el momento.
Han expuesto que reclamaron más dinero al Estado para esta ayuda al alquiler: de los 14,5 millones de euros que tenía prevista la convocatoria de la Generalitat, pidieron al Gobierno llegar a los 29 millones de euros.
La Consejería de Territorio ha asegurado que las ayudas al alquiler por parte del Gobierno "no acabarán" con esta convocatoria y que están estudiando aplicar fondos de contingencia. De hecho, los impagos han subido de media del 5% al 15% en España.
Convocadas en mayo
La Generalitat convocó a mediados de mayo esta línea de ayudas dirigida a familias arrendatarias que se encuentren en situación de paro, expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o que hayan visto reducida su jornada de trabajo de manera que les suponga pérdidas.
La administración catalana explicó que era una ayuda directa y tenía que estar destinada o bien a pagar la cuota mensual del alquiler o bien a cancelar los microcréditos que la familia haya pedido.
La ayuda se podía conceder para un máximo de seis mensualidades de la renta de alquiler, desde abril a septiembre de 2020, y por un importe máximo mensual que varía según la ubicación de la vivienda, y las familias debían contar con un tope de renta familiar y un alquiler no superior a 900 euros.
En la demarcación de Barcelona se preveía que fuera de 750 euros, en la de Girona y Tarragona de 500 y en la de Lleida de 450 euros, mientras que para las Terres de l'Ebre (Tarragona) de 350 euros.