A la falta de vivienda a un precio accesible en España se une la necesidad de renovar el parque actual, con miles de pisos edificados en los años 70 y 80. En concreto, en torno a diez millones de casas en nuestro país necesitan una rehabilitación.

Esta es una de las principales conclusiones de la reunión de trabajo telemática titulada “El sector de la construcción: palanca de la recuperación económica” celebrada este miércoles con representantes de los sectores de infraestructuras, construcción, arquitectura, energía y la administración pública.

Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha sido el primero en alzar la voz sobre este problema. Es más, ha recordado que el 75% de los 25,5 millones de viviendas que forman el parque inmobiliario español se construyó antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea sobre eficiencia energética, en el año 1979, y el 80% de esos edificios seguirá en pie en 2050, cuando el objetivo europeo es haber alcanzado la neutralidad de emisiones.

“Lo hemos constatado con la pandemia; nuestras viviendas, nuestros edificios, ya no encajan con aquello que desearíamos de ellos”, ha afirmado Lluís Comerón. De ahí que requieran renovaciones energéticas, para la accesibilidad universal (cada vez hay más personas mayores), la adecuación funcional y la digitalización.

En esta misma línea, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, ha insistido en que “estamos muy por debajo de la media de renovación y rehabilitación que se lleva a cabo en la media de los países asimilables de nuestro entorno europeo”. “Se abre un espectro enorme de posibilidades de avanzar en la agenda urbana, rehabilitación y renovación urbana”, ha señalado. No solo viviendas, también a mayor escala en espacios urbanos, barrios y conjuntos arquitectónicos que necesitan esa renovación.

12.000 millones al año

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca unos objetivos de aquí a 2030. El año pasado se rehabilitaron 31.000 viviendas en España. “Es una cifra muy pequeña con respecto a los países de la Unión Europea y la idea es ir creciendo hasta las 300.000 viviendas en 2030”, ha explicado David Lucas.

Pero, además, al problema medioambiental hay que añadir que un 10% del parque de viviendas necesita urgentemente obras de conservación por su estado ruinoso o deficiente y que un 50% tiene problemas de accesibilidad.

“Si conseguimos esos objetivos, seremos capaces de generar una gran cantidad de empleo estable, duradero y durante muchos años”, ha señalado David Lucas. En España la población activa dedicada a la rehabilitación está ligeramente por encima del 2%. “Solo con subir hasta el promedio que presentan países como Francia, Italia o Alemania (en torno al 4%), significaría incrementar 400.000 empleos”, ha concretado Lluís Comerón.

Estos números requerirían una inversión cercana a los 12.000 millones de euros al año, según el CSCAE. “Solo con estos 400.000 puestos de trabajo recuperados, el coste en protección contra el desempleo es de 4.000 millones de euros, por lo que de los 12.000 millones anuales un tercio retornaría directamente por el ahorro económico del paro al que habría que sumar el social”, ha explicado Lluís Comerón.

Suelo y vivienda públicos

Durante la reunión de trabajo ha salido a la palestra el acuciante problema de acceso a la vivienda que viven los jóvenes españoles. El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha destacado que un millón de españoles entre 24 y 35 años tiene capacidad de pago de una hipoteca porque trabajan, pero no capacidad de ahorro.

Ante esta situación, como ya reclamó en una reciente entrevista publicada en Invertia, ha insistido en la idea del aval público del ICO para llegar al 100% de la financiación de una vivienda. Con tan solo este compromiso, se crearían 800.000 puestos de trabajo, el Estado recaudaría casi 13.000 millones de euros y se levantarían 330.000 casas.

En este sentido, David Lucas ha recordado que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos, trabaja en la movilización de suelo público para construir vivienda protegida. El Covid-19 paralizó los avances realizados.

Además, dentro del Plan 20.000 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda ha señalado el impulso del parque público de viviendas en alquiler a un precio asequible. “Ojalá puedan ser más de esas 20.000 unidades”, ha afirmado.

Para ello, David Lucas ha señalado que es “imprescindible” en estos dos ámbitos la colaboración público-privada para impulsar esos desarrollos y “sobre todo, a través de mecanismos de derechos de superficie o concesionales poder trabajar juntos para el impulso del mayor número posible de viviendas y para que eso genere actividad y empleo”. Una medida que no paran de repetir también los promotores.