El fondo de inversión Lazora desmiente “rotundamente” la acusación del Ayuntamiento de Barcelona de mantener viviendas de protección oficial vacías y denuncia que “forma parte de una continuada e injusta campaña de desprestigio y acoso concertada contra Lazora por razones ideológicas e intereses partidistas”.

La última batalla de la guerra que mantienen fondo y consistorio se produjo la semana pasada, cuando la concejala de Vivienda, Lucía Martín, anunció la apertura de un expediente sancionador contra Azora por haber mantenido vacías “durante períodos de hasta tres años” 20 viviendas en el edificio Alfons Comín 11-12.

La concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín. Ayuntamiento de Barcelona

En su defensa, Lazora afirma que las viviendas “han estado y están alquiladas”. “Con un mínimo de diligencia y de forma muy sencilla, el Ayuntamiento podría haber comprobado en registros públicos que dichas viviendas habían estado ocupadas antes de iniciar el expediente”, afirma en un comunicado.

Tanto Azora, sujeto erróneo del expediente incoado, como Lazora, propietario del edificio, van a iniciar las acciones legales (civiles, administrativas y penales) que en su caso puedan corresponder contra el ayuntamiento y las personas físicas responsables de estas actuaciones, incluido aquellas dirigidas a denunciar procedimientos administrativos llevados a cabo de forma irregular. “El uso de la potestad sancionadora de los poderes públicos con fines propagandísticos y políticos para acosar a los administrados es ilícito”, indican.

“Es lamentable y extremadamente irresponsable querer sacar rédito político de un problema tan sensible como es el acceso a la vivienda, y aun más hacerlo creando crispación entre nuestros vecinos, generando falsa alarma social y utilizando maniobras ilegítimas”, denuncian desde el fondo.

Una guerra con historia

Lazora ha hecho referencia en sus alegaciones al expediente sancionador los más de 50 contratos de arrendamiento firmados durante los períodos señalados de las 20 viviendas denunciadas en los que el Ayuntamiento de Barcelona afirma que estuvieron desocupadas. Además, ha entregado pruebas de la intensa labor de comercialización realizada en el edificio donde en cuatro años se han firmado 124 contratos sobre un total de 66 viviendas.

Desde el fondo recuerdan que al tratarse de viviendas protegidas los contratos se visan y autorizan por la Administración Pública. Por este motivo consideran que “resulta extraño e inexplicable que la Concejalía de Vivienda no haya solicitado a la Agencia de L’Habitatge los contratos de alquiler de esas viviendas, pudiendo haber comprobado que han estado y están alquiladas de forma acorde la normativa y precios establecidos por la propia Administración”.

En cambio, achaca Lazora, “el Ayuntamiento organiza con gran publicidad y utiliza la potestad sancionadora de forma irregular e ilícita para exigir a Lazora que entregue esos pisos a la bolsa social del Ayuntamiento y que aplique precios de alquiler por debajo de los precios oficiales establecidos por la propia Generalitat”.

De la misma manera, el fondo indica que “la incoación del expediente no ha venido precedida de investigación previa, inspección ni comunicación de ninguna naturaleza, en lo que supone una clara violación de los principios más básicos de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Pública y la propia Ley del Derecho a la Vivienda Catalana que buscan prevenir las incoaciones infundadas, como es este caso”.

La compañía, que gestiona más de 7.000 pisos en alquiler en España, lanzó una promoción a finales de mayo por la que regala los dos primeros meses de arrendamiento a todos aquellos inquilinos que entren a vivir en una de sus viviendas.

No es la primera, ya que el pasado 19 de marzo Lazora puso en marcha un “programa extraordinario de moratoria del pago de las rentas” para todos aquellos inquilinos que se encuentren en una situación de dificultad financiera y vulnerabilidad sobrevenidas como consecuencia del coronavirus.