El Parlamento catalán ha sacado adelante esta tarde la “Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament”, el proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler después de que el Sindicat de Llogaters, ERC, los comuns y la CUP hayan alcanzado un acuerdo con JxCat.

La iniciativa ha salido adelante con 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y 63 en contra de Cs, el PSC-Units, el PP y los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat.

La regulación afectará solo a los nuevos contratos que se firmen a partir de la aprobación de esta proposición de ley. Aquellas zonas declaradas como mercado tenso de alquiler deberán aplicar el índice de referencia de precios de la Generalitat. Los contratos no podrán sobrepasar las rentas medias que fije este registro ni tampoco la cuota del contrato anterior.

Para el cumplimiento de la normativa se ha incorporado un régimen sancionador. Esta era una de las reclamaciones del Sindicato de Llogaters, que entiende que si no se impusiera un control y unas multas por la mala praxis la proposición no tendría ningún efecto. Por eso, se propone modificar la ley del Derecho a la Vivienda y añadir como infracción grave el incumplimiento de esta proposición si la parte arrendadora establece “una renta igual o superior al 20% del importe máximo que corresponda” en aplicación de la ley.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, ha celebrado esta mañana que el acuerdo no modifica el contenido de fondo de la ley que busca "poner un tope" a los alquileres y que presentaron JxCat, ERC, comuns y la CUP pero que después JxCat trató de enmendar.

Una de las enmiendas de JxCat solicitaba que la limitación del precio no se aplicara a los pequeños propietarios que tuvieran ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador de renta de suficiencia (IRSC) --que equivale a 3.130 euros mensuales-- y, tras el pacto alcanzado este miércoles, ese límite quedará en la nueva norma reducido a 2,5 IRSC, que equivale a "unos 2.000 euros incluyendo el alquiler", en función de la población. También se incorpora la rehabilitación y las obras de mejora de las viviendas que permitirían incrementar el precio del alquiler.

Medida "inconstitucional"

El pasado mes, el Consejo de Garantías Estatutarias ya dictaminó que algunos artículos de esta norma incumplen la Constitución y el propio Estatut. Además, este mismo órgano aseguró también que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler porque es una facultad del Estado.

Profesionales del sector inmobiliario y propietarios de vivienda también ha alertado de las graves consecuencias que puede tener esta medida para el mercado del alquiler si finalmente llega a su aplicación.

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) denuncia que estas medidas “se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución y que, por otra, superan claramente el marco competencial de l’Estatut de Catalunya vulnerando la Constitución Española”.

“La clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda”, alertaron en un comunicado esta semana.

De la misma manera, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval) insiste en que “vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña”.

Asval consideraba, además, que esta ley incentivaría la economía sumergida, “ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado”. “Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios, ya que la mayoría actúa conforme a la ley”, señaló.

También Foment del Treball se ha mostrado en contra de su aprobación. “A pesar de que parece que ayudará al mercado de alquiler, la medida lo hundirá a medio plazo y tendrá más efectos contraproducentes que beneficios”, aseguró en un comunicado.