El Consejo Económico y Social (CES) ha publicado este lunes su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral España 2020, con un gran espacio en sus más de 700 páginas para la vivienda.

El año pasado, con la llegada de la pandemia, el problema de acceso a la vivienda se hizo más vigente que nunca. De ahí que el Gobierno estableciera en el famoso real decreto ley 11/2020 una larga serie de normas adoptadas por el procedimiento de urgencia para familias vulnerables.

Ayudas al alquiler, prohibición de los desahucios, la prórroga automática de los contratos de alquiler, líneas ICO para los arrendamientos, etc. La mayoría de ellas se han ido ampliando y aún están vigentes. Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos para beneficiarse de ellas.

Un año después, el órgano consultivo del Gobierno constata en su memoria que el impacto económico y social que está teniendo la pandemia implica un empeoramiento en la accesibilidad económica a la vivienda y una importante precariedad en la tenencia de la misma. Del mismo modo, asegura que estas ‘políticas de emergencia’ “son insuficientes para atender tanto las necesidades de vivienda existentes antes de la pandemia, como las surgidas a raíz de la misma”.

“Esta situación está retrasando, aún más, la emancipación de los jóvenes y disminuyendo la formación de nuevos hogares, aumentando las desigualdades para comprar o alquilar una casa y acentuando las dificultades para afrontar los gastos derivados de la vivienda sin comprometer otros gastos necesarios”, advierte el CES en su memoria.

Al mismo tiempo, ahonda el CES, “la pandemia está provocando cambios y, al margen de las medidas coyunturales puestas en marcha para facilitar el acceso a la vivienda o evitar su pérdida, emerge la necesidad de políticas de vivienda y urbanismo de carácter estructural con una orientación social y sostenible que den satisfacción al derecho constitucional a una vivienda digna”.

Riesgo en la demanda

Las grandes promotoras han presentado unas cifras de ventas y beneficios récord en el primer trimestre del año. La obra nueva se ha visto fortalecida por la pandemia, mientras la segunda mano es la principal damnificada. Los cambios de tendencia en la búsqueda de vivienda alejan a los posibles compradores de la usada en busca de casas más amplias, con jardín o terraza, más luz natural, zonas comunes, piscina, etc.

De hecho, en 2020 se finalizaron 86.263 viviendas nuevas, nueve de cada diez libres, lo que supone un avance del 10,3% respecto a 2019. Sin embargo, la pandemia sí impactó en el número de viviendas iniciadas rompiendo la tendencia al alza que venía registrándose desde 2014 y que es un indicador adelantado de la actividad para 2021.

Esta inflexión a la baja responde, según el CES, “a las desfavorables perspectivas del mercado, pero también a la elevada incertidumbre sobre la evolución futura de la demanda, no solo en cuanto a su volumen, sino también por los posibles cambios de preferencias que podría traer consigo aspectos como la consolidación del teletrabajo o de la denominada ‘nueva ruralidad’”.

El organismo público muestra otro hecho aún más preocupante para el sector. “Pese a los bajos tipos de interés, la falta de atractivo de las inversiones alternativas y el leve descenso de los precios, la actividad se enfrentará, a medio plazo, a un debilitamiento de la demanda de vivienda debido al gradual deterioro del mercado de trabajo, de la renta disponible de los hogares y, por tanto, de su capacidad de endeudamiento; factores que se irán agravando si la crisis se alarga mucho más a la espera del control de la situación sanitaria”, subraya.

Del mismo modo, el CES señala que dado el perfil de los principales demandantes de vivienda en alquiler (jóvenes, parejas y extranjeros), así como las consecuencias que está teniendo la pandemia en estos colectivos, “los precios actuales en el mercado siguen siendo inasequibles para los grupos más vulnerables, máxime cuando esta situación se produce en un contexto de debilidad de la oferta pública de alquiler, como se verá más adelante”.

A esto se suma, en el contexto de la pandemia, la debilidad de la demanda extranjera de segundas residencias lo que impacta sobre el sector de la construcción de determinadas zonas o comunidades autónomas como las costeras e insulares. La compraventa de vivienda por parte de extranjeros (residentes y no residentes) en España cayó un 24% en 2020.

Por tanto, si antes de la pandemia el acceso a la vivienda (sobre todo para los jóvenes) era un serio problema en este país ahora se ha visto multiplicado. El Gobierno, más allá de las medidas cortoplacistas implantadas, debe encontrar el consenso para sacar adelante la Ley Estatal de Vivienda y acelerar, junto a los ejecutivos regionales, los planes que permitan aumentar el parque público de vivienda en alquiler a un precio asequible (estamos a la cola de Europa).