Casi 30.000 viviendas se reforman cada año en España. Pocas, si tenemos en cuenta que existen diez millones de casas que tienen pendiente algún tipo de reforma. Con los fondos Next Generation EU, la intención es la de llegar a las 300.000 casas rehabilitadas en 2030. "Eso no se consigue sólo con ayudas", manifestó José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, durante una mesa redonda en la feria Rebuild.
Ayudas que, para la rehabilitación de vivienda, se traducen en 3.420 millones de euros y que se repartirán de la siguiente manera durante los tres próximos años: 1.151 millones en 2021; 1.389 millones, en 2022; y 880 millones, en 2023. "El importe es muy elevado. Pero, si empezamos a desagregar las cifras, ya no son tan importantes", indicó Pedro Soria, Chief Commercial Officer de Tinsa España. Un ejemplo: a la Comunidad de Madrid le correspondería el 14% de dichos fondos, es decir, 161 millones.
"Hay que buscar elementos sobre la fiscalidad. Habrá que darle una vuelta al IVA", propuso José María García. Algo a lo que también se apuntó José Antonio Granero, arquitecto y socio fundador de Agrega (Agencia de Regeneración Urbana) y de Entreabierto: "Se necesitan cambios regulatorios. Son más necesarios que la propia inversión". Conviene recordar que la rehabilitación tributa al tipo reducido del 10% siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.
La directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti, ahondó en el tema: "Los fondos no van a ser suficientes para cubrir la totalidad de la actuación. Los cambios regulatorios son imprescindibles. Debemos ser más ágiles y hay una gran indefinición en el Real Decreto".
Rebajar el IVA supondría que esos fondos podrían llegar a más ciudadanos, a más comunidades de propietarios. Por su parte, Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, apuntó a "deducciones fiscales de hasta el 60% sobre aquellas partes que no tengan ayudas".
Rehabilitación y regeneración urbana
De la necesidad urgente de rehabilitación dan cuenta algunos datos: el 40% de las emisiones vienen provocadas por los edificios, el 20% residencial y casi un 60% de las viviendas fueron levantadas antes de 1980. Por tanto, no cuentan con la eficiencia energética necesaria. Según un estudio de Tinsa, sobre un parque de unas 600.000 viviendas, más del 90% tienen la certificación energética E, F y G. "Y un tercio son F y G, las más bajas. Hay muchísimo potencial en rehabilitación", dijo Pedro Soria.
Junto a la rehabilitación, los fondos también contemplan la regeneración urbana. "Es algo nuevo en España. Es un sector por crear", indicó José Antonio Granero. En muchos barrios hay falta de niveles de calidad de vida buenos y medioambientales óptimos. Pobreza energética que da como resultado situaciones de desigualdad.
En lo que todos los participantes en la mesa redonda coincidieron es que los fondos son insuficientes para las necesidades de rehabilitación, así como los costes de regeneración. Lo que se traduce en la necesidad imperiosa de la financiación privada. Por eso, la necesidad de llevar a cabo los cambios regulatorios necesarios, así como la colaboración público-privada.
"Hace falta un agente rehabilitador para salvar el espacio de financiación que los fondos no cubren", indicó Piccio-Marchetti. Un perfil profesional que no existe y que todas las partes anhelan. Porque, entre sus funciones, estaría la de concertar servicios con las comunidades de propietarios, pedir las ayudas, gestionarlas, cobrarlas… Un papel que podría desempeñar un arquitecto, un aparejador, un gestor…
Otro problema en lontananza es la falta de mano de obra que azota al sector de la construcción. Sin olvidar que se va a necesitar una capacitación para llevar a cabo los trabajos. Dicho de otra manera, engordar un sector que se había desinflado. Y hay que crear esa mano de obra.
"Los plazos están ahí y hay que buscar sinergias. Entre lo público y lo privado, y lo público y lo público, es decir, entre las tres administraciones. Hay miedo a gestionar esos recursos y aprovecharlos lo máximo posible", argumentó Lara Méndez, alcaldesa de Lugo.
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