En la mañana de hoy se ha alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Vivienda. Por lo que respecta a este último punto, estas son las principales líneas acordadas.

En lo referente a los grandes propietarios, se acuerda que tendrán cabida bajo este epígrafe aquellos que tengan más de 10 viviendas. Para ellos, y según el acuerdo entre los socios de Gobierno, habrá retirada de privilegios fiscales.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, este criterio solo afectará empresas, nunca a personas físicas.  

Asimismo, otra medida que afecta a los grandes tenedores de viviendas es que habrá regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado.

Por lo que respecta a los pequeños propietarios, es decir, aquellos que tengan menos de diez viviendas, habrá congelación de precios e incentivos fiscales para bajar dicho precio. Cierto que no habrá regulación de precios, pero al congelarse, supondrá una pérdida para estos propietarios.

Otro punto a destacar es la apuesta por el parque público de alquiler. Habrá una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. De éste 30%, la mitad será para alquiler social.

La Ley de Vivienda, asimismo, incluye un impuesto a la vivienda vacía. Será a través de un recargo del IBI de hasta el 150%. Dicho recargo podrán aplicarlo los ayuntamientos.

Intervención de las rentas

La nueva Ley de Vivienda, al congelar los precios de los pequeños propietarios, supone una intervención en las rentas de los alquileres. Conviene recordar que son 2,3 millones de personas las que reciben rendimientos de alquileres según sus declaraciones de la Renta.

Los 40 mayores caseros representan un 4,2% del total del mercado. Entidades financieras y propietarios institucionales suman 109.868 viviendas, según un informe de Atlas Real Estate Analytics.

“Para ellos supondrá un varapalo importante, que atentará de forma directa contra el libre mercado, la libre competencia y, por último, contra la rentabilidad de estos inversores. Terminarán por dejar de invertir y se irán a otros mercados”, señaló José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), antes de la aprobación de la ley a EL ESPAÑOL-Invertia.

Blackstone encabeza el ranking de grandes tenedores de viviendas en alquiler: suma alrededor de 40.000 unidades si sumamos Albirana Properties (9.976 viviendas de alquiler), Fidere (6.500), Torbel (2.760), Euripo (1.569) o Anticipa (1.300), entre otros. Son datos de Atlas Real Estate Analytics, que también pone de manifiesto la relevancia de CaixaBank (25.000 unidades) y Sareb (9.583).