El Consejo de Ministros ha aprobado el Bono de Alquiler Joven. A grandes rasgos, una partida presupuestaria de 200 millones de euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se traduce en una ayuda de 250 euros mensuales por un plazo de dos años. “Va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un obstáculo para los jóvenes y su emancipación”, dijo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior.

Sin embargo, no todos piensan como ella. “Se trata de una medida homeopática que no llegará ni al 1,7% de las personas jóvenes emancipadas en España”, señalan desde el Consejo de la Juventud de España (CJE). Es decir, a algo más de 50.000 de un total de 2.837.385 jóvenes. Y añaden: “Este subsidio es insuficiente e inocuo para solucionar el grave problema estructural del acceso a la vivienda y emancipación que sufrimos las personas jóvenes”.

Además, no servirá para aumentar el número de personas que todavía no han dado el paso de emanciparse. “Si esta medida va dirigida a las personas jóvenes no emancipadas sólo lograría un 0,7% de alcance entre las 6.694.659 personas jóvenes sin emancipar”, concretan desde el CJE.

Desde CCOO elevan ese porcentaje de posibles beneficiarios al 2% de la población joven emancipada. Porque con esos 200 millones se puede atender a 66.666 ayudas de 250 euros mensuales al año.

En 2019 había 3.447.000 personas jóvenes emancipadas fuera de su núcleo familiar. “Ese mismo año, el 52% de los hogares encabezados por una persona de 16 a 29 años y el 32% de los hogares encabezados por una persona de 30 a 44 años residía de alquiler. Este bono sólo llegará a una pequeña parte de los hogares jóvenes”, remarcan en el sindicato.

Alquileres más caros

Una medida paliativa. Así han calificado desde CCOO el Bono de Alquiler Joven: “No soluciona el problema estructural de ausencia de mercado regulado, ni parque público de vivienda suficiente que proteja este derecho”. E Idealista la califica como “voluntarista pero equivocada”. Y todo porque convierte al Estado “en subsidiador de parte de los alquileres”.

Desde CCOO hacen la siguiente advertencia: “Las ayudas al alquiler, como las bonificaciones fiscales, a priori mejoran la capacidad de pago de las personas que demandan una vivienda. Pero, si no se actúa sobre la oferta de vivienda, regulando la existente y/o aumentando la oferta asequible, lo más factible es que la mayor parte de estas ayudas acaben en un incremento de precios”.

Esto sería así porque la persona arrendataria sabría “de la mayor capacidad de pago de la demanda”. Ejemplos los tenemos en Europa. Así, de cada euro invertido en Francia, el 78% del subsidio ha sido capturado por el propietario; en Reino Unido, ese porcentaje está entre el 60% y el 66%; y en Finlandia, el 57%.

Los datos los ha puesto sobre la mesa el CJE que apunta a que “en otros países, políticas similares, han servido para aumentar el beneficio de los propietarios”. Desde CCOO añaden que este proceso, muy probablemente, “será más acusado en zonas donde mayor sea la demanda en relación a la oferta”. Es decir, áreas urbanas con mayor presión de población. O lo que últimamente se ha venido en denominar como zonas tensionadas.

Un joven busca piso de alquiler.

Dicho de otra forma, lo que sucederá es que los alquileres disponibles se acaben concentrando en el precio máximo permitido para poder percibir la ayuda. Recordemos: 600 euros. Si lo acuerdan las CCAA, hasta 900 euros. “Cuando no lo superen exigiendo un sobreprecio no declarado. Ayudas temporales frente a una presión alcista sobre los precios que puede ser más estructural y difícil de neutralizar”, matizan desde CCOO. Desde el Ministerio descartan que esto vaya a ocurrir. Y apuntan a que, en otros planes de vivienda, no han provocado inflación.

Graves discriminaciones

Todavía deberán pasar mes y medio, o dos meses, para que pueda solicitarse. Eso sí, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Serán las comunidades autónomas las que tendrán que decidir cómo abonan ese monto a los beneficiarios de esta ayuda, ya que el Gobierno se limita a fijar la cuantía del bono.

“La ayuda directa, y esto es algo que nos han demostrado con experiencias anteriores, tiene como principal consecuencia el aumento directo de los precios y la generación de graves discriminaciones sobre los inquilinos con salarios ligeramente superiores a estos, que tendrán que aumentar su esfuerzo en un escenario de subida de precios”, afirma Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Por tanto, y desde el portal inmobiliario, no dudan en afirmar que el Bono “vuelve a errar en la fórmula y ayuda a crear nuevos problemas”.

Uno de esos nuevos problemas sería la posibilidad de que se produzca una disparidad de criterios a la hora de gestionar estas ayudas por parte de las CCAA. Amén de su posible dilatación en el tiempo cuando los subsidios pueden ser necesarios cuanto antes.

“Teniendo en cuenta la tasa de emancipación juvenil, situada en un 14,9% del total de personas jóvenes entre 16 y 29 años en el primer semestre de 2021, el CJE reclama, de nuevo, políticas valientes en materia de vivienda que atajen de una vez por todas los problemas estructurales de las personas jóvenes en España”, indican desde la institución.

Políticas, a corto plazo, como una regulación de los precios del mercado del alquiler, movilizando las viviendas vacías para que entren en circulación arrendataria. Y, a medio-largo plazo, aumentando el parque público de vivienda.

También hay que tener en cuenta que esta ayuda de 250 euros mensuales no es compatible con otro tipo de subsidios como el IMV. “Más de 350.000 personas jóvenes no pueden solicitarlo debido a sus restrictivos requisitos. Según el simulador de la Seguridad Social, sólo se obtiene el IMV si eres una persona joven con unos ingresos menores a 481 euros al mes. Insuficiente para emanciparse”, resaltan desde el CJE.

Esta propuesta, según RUGE-Revolución Ugetista (la organización joven de UGT), parece “una cortina de humo para enmascarar un fracaso político como es no haber podido alcanzar una ley de vivienda que responda a las necesidades vitales de la sociedad y, especialmente, de los más vulnerables”.