Fue el pasado martes cuando el Consejo de Ministros aprobó el Bono de Alquiler Joven. A grandes rasgos, una ayuda de 250 euros mensuales por un plazo de dos años. Eso sí, el contrato de arrendamiento no debe superar los 600 euros mensuales en una vivienda completa aunque se puede llegar a los 900 si está en una zona tensionada.

“Lo que en apariencia parece una buena medida, no deja de ser una medida coyuntural sin efecto real y perjudicial para los precios”, afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Porque, según su opinión, “va a llegar a muy poquitos jóvenes, por los requisitos de acceso a la ayuda que plantea”. Eso, por el lado de los inquilinos. Y, por el lado de los propietarios, “podría propiciar que muchos, al ser conocedores de esta ayuda económica, suban los precios de sus alquileres”.

Pero, más allá de estas consideraciones, lo cierto es que pueden darse una serie de circunstancias más allá de los requisitos del propio Bono Joven. Y ahí entran en juego desde el periodo de tiempo que duran las ayudas, hasta la actualización de la renta que se incluye en la mayoría de los contratos.

Duración del contrato

Por norma general, los contratos de alquiler que se firman suelen tener una duración de cinco años. Y el Bono Joven del Alquiler tiene un plazo de dos años. Por tanto, y si no se amplia este periodo, el inquilino se va a encontrar con que, a partir del tercer año, va a tener que pagar 250 euros más de lo que venía haciendo habitualmente. Es decir, y suponiendo un precio de 600 euros, pasaría de pagar 350 euros a 600 euros.

Por tanto, habrá inquilinos que no habrán cambiado su situación económica y que, por tanto, no puedan hacer frente a ese cambio en los pagos. “Esto puede suponer una trampa para propietarios que acepten como inquilinos a personas que reciban este tipo de ayudas, por el mero hecho de recibirlas, pero sin establecer más controles. Hay un alto riesgo de que a los dos años se acaben las ayudas y los inquilinos no puedan seguir pagando el alquiler”, apunta Zurdo. 

Por eso, desde ANA señalan a que a la hora de alquilar sus viviendas a personas que tengan derecho al Bono Joven de Alquiler, no sean cortoplacistas y miren las opciones de los inquilinos a cinco años vista. Si no, hay posibilidades de impago o, en el mejor de los casos, de que se acaben marchando, advierten.

Otra trampa tiene que ver con la actualización de la renta. La inmensa mayoría de los contratos de alquiler que se firman en España contienen una revisión de la renta ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC).

¿Qué pasaría con un contrato de 600 euros mensuales si subiera el IPC? ¿Debe hacer frente el joven inquilino a la subida o no? ¿Perdería la ayuda de 250 euros al subir de 600 euros al aplicar el IPC? “Si el IPC está al alza, habrá que pagar esa actualización cada año”, señalan fuente del sector.

Por tanto, y en el supuesto de que el IPC hiciera subir el precio en 20 euros (por ejemplo), el inquilino debería pagar esos 20 euros de más al año siguiente. Eso sí, los 250 euros de ayuda seguiría percibiéndolos.

Claúsulas

Otro caso que pudiera darse es que el contrato no contuviera la cláusula por la que se liga la subida del precio al IPC. Entonces, todo seguiría igual. O que el propietario, aún teniendo la cláusula en el contrato, decidiera no aplicarla.

“Si el Ejecutivo está tan preocupado por los elevados precios en el alquiler, lo que tiene que hacer es controlar más el IPC y dejar de intervenir los precios de mercado”, apunta José Ramón Zurdo.

Conviene recordar que la inflación media en 2021 fue del 3,1%. Se trata de la más alta de la última década. Una situación que está encareciendo los alquileres.

Algunos ejemplos. El alquiler medio en España es de 674 euros, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. En diciembre, el IPC se ha situado en el 6,5%. Un alquiler que tuviera que actualizar la renta en dicho mes, se incrementaría en 43 euros. Es decir pagaría 717,81 euros.

¿Qué pasaría en Madrid y Barcelona? Las rentas medias en ambas ciudades son de 819 y 769 euros, respectivamente. Por tanto, el inquilino debería pagar 53 euros más en Madrid (hasta los 872 euros), y 50 euros más en Barcelona (hasta los 819 euros).

Una traba más para los jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran encontrar un alquiler en alguna de estas dos ciudades. Según Fotocasa, sólo un 1,4% de los pisos de Madrid están por debajo de los 600 euros de alquiler fijados por el Bono Joven de Alquiler. En el caso de Barcelona, ese porcentaje todavía es inferior: un 0,8%.