Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el goteo de ciudadanos ucranianos que han llegado a España ha sido constante. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha atendido a más de 12.000 desplazados. Incluso antes del inicio del conflicto, los ciudadanos de Ucrania comenzaron a planificar su salida. Por ejemplo, entre enero y febrero, aumentaron las búsquedas de vivienda en alquiler en Idealista. Lo hicieron un 77% respecto al mismo periodo de 2021. Y un 92% respecto a 2020.

Un plan de acogida que se basa en diferentes puntos. Por ejemplo, se han habilitado los llamados Creade (Centros de Recepción, Atención y Derivación). También se está identificando a aquellas familias que están interesadas en acoger en sus hogares a estos refugiados. Asimismo hay apoyo social, asistencia jurídica y psicológica.

Además de los brazos abiertos de las familias españolas (hay niños ucranianos que pasaban temporadas antes de la guerra con familias de acogida), hay que tener en cuenta que en España hay 115.186 ucranianos. Son cifras del último dato del Padrón elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que hace referencia a enero de 2021. La mayoría concentrados en la costa mediterránea y en torno a Madrid.

Con todo, no es suficiente. Y desde el Gobierno y las CCAA se están moviendo los hilos para dar un techo a las familias desplazadas a España. “Están negociando con grandes tenedores de vivienda para dar casa a los refugiados. Por ejemplo, con Sareb”, apuntan fuentes inmobiliarias a EL ESPAÑOL-Invertia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan a este diario que “estamos hablando con las entidades hoteleras y financieras. Nos han puesto a disposición una serie de espacios que, sin duda, serán de utilidad para el Plan de acogida que el ministerio continúa diseñando y adaptando a las necesidades de la emergencia que supone la situación de los ciudadanos ucranianos desplazados”.

Los grandes tenedores

La definición de gran tenedor de vivienda es: persona jurídica con más de diez viviendas en propiedad. Hablaríamos de unas 150.000 viviendas. De esa cantidad, unas 110.000 están gestionadas por bancos, fondos, compañías de seguros y socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria). Se trata del 4,4% del stock total a finales de 2021, según Atlas Real Estate Analytics.

Atendiendo a su estadística, es CaixaBank el gran propietario de vivienda destinada a alquiler: 25.000 viviendas. Le sigue Blackstone, con 21.300 casas repartidas de la siguiente manera: 20.000 en Testa Home, y 1.300, en Anticipa. Y el tercer lugar sería para Sareb, con 14.583 viviendas. De esta cantidad, 5.000 viviendas corresponden a los activos residenciales de alquiler así como el parque de viviendas asequibles comprometido con la Administración.

Tras este podio, los otros grandes tenedores de vivienda en alquiler son: Lazora (9.000 viviendas), Ares (7.000), AXA IM (3.744), Vivenio Residencial (3.500) y Témpore Properties (2.550). Un top ten al que le siguen Cevasa (2.228), Stay (2.025), Catella AM Iberia (2.000), Encasa Cibeles (1.721), Cerberus (1.661) y Unicaja-Liberbank (1.427).

No es la primera vez que el Gobierno negocia con estos grandes tenedores. En el 8º encuentro Real Estate del IESE (celebrado a finales de enero), el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, incidió en que el Gobierno quiere promover hasta 100.000 viviendas de alquiler asequible.

De esa cantidad, la mitad serían del parque público y, el 50% restante, de Sareb, los bancos y los fondos. Por tanto, de la colaboración público-privada. En concreto, y con los fondos, estaba en negociaciones para que destinasen 30.000 viviendas “a un precio social y asequible”.

Fue hace un año cuando el Gobierno se puso como meta llegar a las 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible. En caja tiene 1.717 millones de euros procedentes del Plan de Vivienda 2022-2025 para crear el parque de viviendas público.

Según adelantó El Confidencial, Blackstone está en conversaciones con el Gobierno para ceder miles de sus viviendas al parque público de alquiler social. Los inmuebles se alquilarían con un 20% de descuento sobre el precio de alquiler del mercado. Las negociaciones continúan.

Y todo esto sucede con una Ley de Vivienda que sigue su trámite en el Congreso. La misma tiene como una de sus señas de identidad la regulación del precio de los alquileres a los grandes tenedores. Según Atlas Real Estate Analytics, de aprobarse, la oferta de los grandes tenedores caería un 67% en las zonas denominadas como tensionadas “debido a la pérdida de rentabilidad de los activos”.