Fue uno de los anuncios llevados a cabo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate del Estado de la Nación: el desbloqueo “de manera inmediata” de la conocida como Operación Campamento en Madrid. De esta manera, se podrán construir hasta 12.000 viviendas de las que el 60% (unas 7.200) será vivienda protegida pública.

La capital cierra el ‘círculo’ de la vivienda social que había tenido sus principales desarrollos en el norte (Sanchinarro, Montecarmelo o Las Tablas en los años 90); en el sur (Carabanchel, también en los 90); y, más recientemente, en el sureste (Los Berrocales, Los Ahijones, Valdecarros, El Cañaveral y Los Cerros).

Si nos centramos en estos últimos cinco barrios, los de más reciente creación (todavía en desarrollo), el reparto de la vivienda pública queda como sigue: Los Berrocales (11.231); El Cañaveral (1.212); Los Ahijones (8.775); Valdecarros (28.411) y Los Cerros (7.143).

A estos últimos desarrollos del sureste habría que unir Madrid Nuevo Norte. Del total de las 10.500 viviendas previstas en la que se conoció como Operación Chamartín, el 38% serán públicas. Es decir, casi 4.000. Por tanto, si sumamos toda esa oferta social, la cifra supera las 65.000 unidades.

La Operación Campamento es uno de los últimos desarrollos urbanísticos que quedan por desbloquear en Madrid. Dicho desarrollo está situado en el barrio del mismo nombre y cuenta con más de 8 millones de metros cuadrados al oeste de la ciudad.

Precio de venta

El desarrollo de la Operación Campamento será posible gracias al acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), bajo la batuta de Raquel Sánchez, y el Ministerio de Defensa, cartera a los mandos de Margarita Robles. Ambos ministerios no se ponían de acuerdo en el precio de venta.

Preguntado por EL ESPAÑOL-Invertia sobre la cuantía económica de ese acuerdo, el Mitma no ha facilitado respuesta al respecto. Será SEPES, la entidad pública empresarial de suelo adscrita al Mitma, la que adquirirá el suelo de Campamento al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) del ministerio dirigido por Robles.

[Madrid recupera la inversión en vivienda protegida previa a la crisis del ladrillo]

Quien sí contestó a este periódico fue el Ayuntamiento de Madrid por boca de Mariano Fuentes, delegado del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento: “Celebramos el acuerdo, que será muy bueno para la ciudad, pero está vacío de contenido”.

Conviene recordar que la última reunión entre el consistorio madrileño, bajo el bastón de mando de José Luis Martínez-Almeida, y el Mitma, se remonta a seis meses atrás. “Nos sorprende que desde el ministerio no se hayan puesto en contacto con nosotros ya que todavía quedan muchas variables por solucionar”, afirma Mariano Fuentes.

Detalle del barrio de Campamento.

Variables como, por ejemplo, los temas de constitución de la junta de compensación, la presentación de la iniciativa pública, el proyecto de urbanización o retomar los acuerdos económicos plasmados en el convenio firmado en 2009.

En este último apartado cabe destacar el punto que hace referencia a que el ministerio pague el 50% del soterramiento de la A-5 o un nuevo intercambiador en Cuatro Vientos. “En diferentes reuniones, les hemos ofrecido variadas fórmulas de colaboración sin saber a día de hoy si han elegido alguna. Esperamos que en los próximos días nos convoquen a una reunión en la que pondremos a su disposición todos los equipos municipales para sacar esto adelante”.

Larga historia

Son más de 25 años en los que la Operación Campamento lleva en el candelero sin que se logre desbloquear su impulso. Una historia cuyos orígenes se remontan a 1856, cuando se construyó un almacén de pólvora. Después vinieron los cuarteles, que dieron paso a otras viviendas y negocios, germen de lo que se conocería como el barrio de Campamento.

Las instalaciones vivieron su particular ‘caída’ tras la supresión del servicio militar obligatorio. Aunque, con anterioridad, su desmantelamiento hizo que se llevaran a cabo diferentes intentos para darles otra utilidad. Así, en 1989, la Comunidad de Madrid (presidida por Joaquín Leguina) y el Ministerio de Defensa (Narcís Serra a los mandos) pusieron sobre la mesa un acuerdo de unos 30.000 millones de pesetas de aquel entonces (unos 180 millones de euros). No cuajó.

[Los barrios de Madrid que vivirán un ‘boom’ del alquiler con precios por encima de los 1.000 euros al mes]

Después Alberto Ruiz Gallardón (como presidente de la Comunidad), José María Álvarez del Manzano (alcalde) y Federico Trillo (Defensa) lo volverían a intentar. Fracasaron. José Luis Rodríguez Zapatero volvió a impulsar la propuesta hace 17 años, tal y como lo ha hecho Pedro Sánchez.

José Bono (Defensa), María Antonia Trujillo (Vivienda) llegaron a un acuerdo. Se firmó un convenio con el ayuntamiento de Gallardón. Ahí se quedó. Tras Gallardón, Ana Botella, Manuela Carmena y Almeida reclamaron el desbloqueo. ¿Habrá punto y seguido o será otro punto y final?