Nueve usurpaciones de vivienda al día en España. El dato corresponde a la Fiscalía General del Estado y da fe de la gravedad del problema. En concreto, se calcula que existen más de 120.000 viviendas ocupadas. Un fenómeno que ha crecido un 40% durante los últimos cinco años.
“Cataluña representa más del 40% de las denuncias. Una cifra que es casi cuatro veces superior a la de Madrid y tres veces más que en Andalucía. En la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia tampoco se libran de este fenómeno”, afirma Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria.
Son múltiples los perjuicios para el propietario: desde problemas emocionales a los gastos de abogados y las posteriores y cuantiosas reparaciones. De media, una vivienda ocupada tarda alrededor de un año en ser recuperada por el propietario. Y muchos optan por vender.
“El descuento que los propietarios están dispuestos a hacer a la hora de vender una vivienda está en torno al 30%”, apunta Duque. Sin embargo, no es fácil llevar a cabo la operación.
Uno de los motivos es que el propietario no tendrá fotos de los posibles desperfectos que tendrá la vivienda una vez que sea posible recuperarla. Tampoco conoce el tiempo que conllevará el proceso de desahucio. El mismo suele demorarse a pesar del conocido como ‘desahucio exprés’. Y desconoce los costes que supondrán tanto la reforma que deberá acometer así como los costes del proceso judicial. ¿Resultado? El tiempo medio en venderla es de diez meses: el doble que cualquier otra vivienda.
Denuncias
Durante 2021, en España se registraron más de 17.000 denuncias relacionadas con la ocupación de viviendas. Se trata de un 18,14% más que en 2019, y casi el triple que una década antes. Son datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) proponen una serie de medidas para luchar contra lo que denominan como lacra. Por ejemplo, penas de cárcel para los 'okupas' que usurpen un inmueble sin violencia o intimidación a las personas. Aunque matizan que serían penas “no tan agravadas” como las que contempla el Código Penal en el caso de usurpación con violencia: oscilan entre uno y dos años.
Imagen de un edificio okupado en Barcelona.
Asimismo, pide que la Fiscalía General del Estado unifique los criterios de interpretación del ordenamiento jurídico. El fin no es otro que todos los fiscales dicten las mismas instrucciones, y no dependan del territorio en el que se cometa el delito.
Y que se definan cuáles son los supuestos en lo que se lleva a cabo un delito flagrante de ‘okupación’, que se defina el concepto de inmediatez de la ‘okupación’, y los plazos que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para actuar.
¿Otras propuestas? Que se den instrucciones a los jueces para que estos acepten de forma más habitual las cautelares de desalojo solicitadas; que se expulse a los 'okupas' en 48 horas si no presentan un título válido que justifique la ‘okupación’; y que se legitimen a las comunidades de vecinos a través de sus presidentes para que puedan ejercitar las oportunas acciones penales y civiles.
Mientras tanto, el fenómeno sigue en aumento. Y no solo afecta a la propiedad privada. También afecta a viviendas gestionadas por las Administraciones Públicas y entidades responsables de garantizar el acceso a una vivienda digna. Un fenómeno que arrancó en 2017 y que, en la actualidad, afecta a 942 viviendas de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
“Las 'okupaciones' de inmuebles, ya sean viviendas o locales, se han ido generalizando en el tiempo y se han incrementado, afectando a la Administración Pública, ya que también se producen en sus propios inmuebles”, asegura Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Legal Barcelona.