Ocurrió en marzo. El Gobierno aprobó un real decreto-ley por el que se adoptaban una serie de medidas urgentes en lo que vino a denominarse como ‘Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania’. Medidas con una duración de tres meses que, en junio, se ampliaron hasta el 31 de diciembre de 2022.
Una de esas medidas fue la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de viviendas. Un límite que se situaba en el 2% (al tener como referencia el denominado como Índice de Garantía de Competitividad -IGC-).
Así se evitaba aplicar el Índice de Precios al Consumo (IPC) al que están vinculados la práctica mayoría de los contratos de arrendamiento. Y todo porque este está disparado: en agosto fue del 10,5%.
Una de las consecuencias de esta medida es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se esté desinflando la oferta de vivienda en alquiler.
“Si se comprueban los datos que ofrecen los portales inmobiliarios, en comparación con septiembre de 2021, en la Comunidad de Madrid se ha producido un descenso de más del 20% de anuncios de vivienda en alquiler”, afirma Borja de Andrés, director comercial de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Precios al alza
Conviene recordar que agosto y septiembre son los dos meses de mayor demanda de alquiler de todo el año. Por tanto, quienes están buscando, se están dando de bruces con mayores dificultades para hallar vivienda en alquiler. Y, quien lo hace, está viendo que el precio ha subido.
“Esta escasez de oferta está provocando que los precios continúen al alza. Al mismo tiempo, se está produciendo una gran rotación en el alquiler. Es decir, contratos que finalizan y que se renuevan con nuevos inquilinos. Es algo habitual en este mes”.
¿Y cuál es el incremento que se están encontrando quienes entran a vivir de alquiler? Según ANA, como mínimo, un 8%. “La subida del 2% hace que no cubran los gastos que tienen, como hipotecas u otros gastos fijos. Es un intento de no perder poder adquisitivo a futuro”, señala Borja de Andrés.
Otra razón junto a la de no querer poder adquisitivo es la inseguridad jurídica que están viviendo. “Ha aumentado de forma considerable el riesgo con la suspensión de los lanzamientos, y con la falta de medidas regulatorias frente al acuciante fenómeno de la ocupación”, añade el directivo. Y eso también se traduce, también, en rechazo a volver a sacarla al alquiler. Prefieren ponerla en venta.
Carteles de vivienda en alquiler.
El sentimiento que planea sobre los propietarios es que las medidas del Gobierno van siempre en contra de ellos. De ahí que estén pendientes de los siguientes movimientos que vuelva a cambiar las reglas en mitad de la partida. Y ahí entra en juego la Ley de Vivienda que pretende aprobar este mismo año.
Uno de los puntos destacados de dicha ley es regular el precio del alquiler en las denominadas como zonas tensionadas. Es decir, aquellas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares en ese ámbito, o donde el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.
Pérdidas en Madrid
Cinco son las principales repercusiones que está teniendo en el mercado del alquiler la limitación del 2% en la revisión de los contratos. Una es la ya citada subida de precio en los nuevos contratos que se firman. Otra, que al tener menos ingresos, los arrendadores reducen el gasto en reparación y mantenimiento, lo que redunda en viviendas en peor estado.
La tercera es que alquileres que finalizan pasan a la venta, o las viviendas directamente se cierran. La cuarta, es que los llamados arrendadores pensionistas se han vuelto más vulnerables. Son aquellos pequeños propietarios que necesitan la actualización de las rentas para complementar sus pensiones o pagar sus residencias y no perder poder adquisitivo por la inflación.
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Y, por último, se están incrementando las líneas de financiación. En el caso de los clientes de ANA, se ha casi duplicado en lo que se refiere a obras y compra de electrodomésticos.
A modo de ejemplo de cómo afecta a los arrendadores la limitación del IPC a la hora de renovar los contratos, Idealista llevó a cabo un estudio con los datos del IPC de mes de julio. Entonces, la inflación subió un 10,8% (tres décimas más que en agosto).
En el caso concreto de la ciudad de Madrid, de media, hubiera supuesto un incremento de casi 90 euros más al mes para un piso de dos habitaciones si se hubiese actualizado con el IPC. Por tanto, el precio se quedaría en torno a los 915 euros al mes. Por tanto, la renovación del arrendamiento superaría los 1.060 euros al año.
Con la limitación del 2%, el alquiler medio se queda en 842 euros al mes, tras incrementarse 17 euros mensuales. Es decir, menos de 200 euros anuales. La diferencia entre el IPC y el IGC para el propietario es de 876 euros anuales.