De los 1.151 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation para la rehabilitación de viviendas y edificios correspondientes a la anualidad 2021, todavía hay un 20% pendiente de publicación y tramitación. Es decir, 230 millones todavía están en el cajón.
“Existe un atasco a la hora de tramitar las ayudas ya publicadas. Además, hemos observado que las comunidades de vecinos y las empresas están siendo reacias a solicitar las ayudas por los procedimientos y plazos de gestión”, afirma Pablo Martín, director de Asefave (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).
Burocracia y falta de información que se ha traducido en una caída de los visados destinados a reformas. Así, de enero a mayo, se solicitaron 12.609 visados para reformar edificios. De esa cantidad, 10.300 tenían como destino las viviendas. Por tanto, se trata de datos un 11% y un 14% inferiores a los que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) había ofrecido en el mismo periodo de 2021.
Medidas urgentes
Sin duda, las ayudas de la UE permitirán incrementar la demanda de rehabilitación. “Pero esto no va a ser posible sin que la Administración, con carácter de urgencia, adopte todas las medidas necesarias. Nunca unas obras de esta envergadura van a costar menos que ahora”, afirma Celia Pérez, presidenta de Anfapa (Asociación de Fabricantes de Morteros y Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior).
Porque, como reiteran en Afelma (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes), los procesos de implementación de las ayudas están siendo más lentos de lo esperado. “El retraso puede comprometer la disponibilidad de los fondos. Es urgente dotar a las administraciones competentes de los recursos humanos y materiales precisos para agilizar los procesos burocráticos”, sostiene Miguel Ángel Gallardo, su presidente.
Fondos europeos por CCAA
Y según Sto Ibérica, multinacional especializada en el desarrollo de sistemas de aislamiento térmico y materiales de construcción, hace falta un modelo único para la gestión de las ayudas europeas.
“El hecho de que se estén vehiculando a través de las comunidades autónomas resta eficiencia al proceso”, denuncian. Porque cada autonomía tiene su propio modelo, especificaciones y proceso burocrático.
Además, los usuarios carecen de la información apropiada. “Hay que hacer llegar al conjunto de la ciudadanía toda la información relativa a estas ayudas: desde qué tipo de actuaciones pueden optar a ellas o cómo solicitarlas hasta qué ahorros y beneficios fiscales llevan asociadas”, señala Miguel Ángel Gallardo.
Otras fuentes relacionadas con el sector señalan que, en determinadas comunidades autónomas, una parte importante de las ayudas concedidas (alrededor de la mitad) se están destinando a la rehabilitación de edificios públicos.
Campañas y seguimiento real
“Estamos ante una oportunidad histórica para reducir la demanda energética del parque edificado. Sin embargo, hay un claro riesgo de que las ayudas no lleguen a los ciudadanos”, manifiesta Sebastián Molinero, secretario general de Andimac.
Por eso, desde la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción proponen ir de la mano a todos los agentes del sector junto a las Administraciones públicas “para promover una campaña de sensibilización y concienciación para aprovechar los fondos europeos y no desperdiciarlos”.
Una colaboración público-privada junto a la que hacer “un seguimiento real” del grado de penetración de los fondos. De esta manera, se valoraría la efectividad de las ayudas así como adoptar posibles medidas de mejora.
Más ahora cuando el Gobierno ha aprobado otros 1.389 millones de euros, correspondientes a 2022, que se destinarán a financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales. Y sobre la mesa está el riesgo de que se solapen con los de 2021.
Tampoco conviene olvidar otros condicionantes que ya están retrasando las rehabilitaciones integrales y las reformas: la guerra de Ucrania, la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras, el elevado endeudamiento público, la subida del precio de la energía, la inestabilidad de los precios de los materiales y la falta de mano de obra cualificada.
De ahí que, por ejemplo, las asociaciones demanden una revisión de precios de los materiales para las reformas. Algo que ya está sucediendo en la obra pública. Y también una ventanilla única para la tramitación de ayudas, un plan de comunicación eficaz (el Gobierno vasco ha iniciado una campaña en este sentido), y dar relevancia a la figura del agente rehabilitador. Un enlace entre propietarios y las ayudas que no se ha definido bien.
El mercado residencial español lo componen más de 25 millones de viviendas. De esa cantidad, más de 18 millones se consideran hogares. Del total, más del 92% están construidas antes del año 2006, cuando entró en vigor el Código Técnico de la Edificación.
Sólo uno de cada cinco edificios cuenta con una certificación energética entre la A y la D. Por tanto, el 80% restante son ineficaces energéticamente (etiquetas E, F y G). Por tanto, siete millones de viviendas deben ser rehabilitadas en este sentido antes de 2050. Labor ardua, ya que la tasa de rehabilitación en España no llega al 0,1% anual del total de viviendas. En Francia o Noruega es del 2%; en Alemania, del 1,55; y en Italia del 0,77%.