"La banca está siendo beneficiada por el impacto de la subida del Euríbor". Son palabras de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social tras reunirse con responsables del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, del Sindicat de Llogateres y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Y ese beneficio lo ha cifrado en 8.000 millones de euros. Del mismo se han beneficiado las entidades financieras, entidades jurídicas, fondos de inversión y grandes tenedores. "Estas personas tienen que corresponsabilizarse en la gestión de esta crisis", ha añadido Yolanda Díaz.
La vicepresidenta ha indicado también que la prórroga del tope del 2% en la revisión de los contratos de alquiler "se extienda en la próxima negociación del decreto de medidas urgentes". Así se lo han demandado los sindicatos de inquilinos. Pero también ha hecho mención a la situación una vez concluye la vigencia de dichos contratos de alquiler.
"La negociación está siendo imposible para muchas personas. En muchas ciudades, en la revalorización y la renegociación de esos contratos se están produciendo incrementos del 30%, del 40% y más sobre el precio de valor anterior. Por eso me han solicitado que se produzca una congelación de este precio por razones evidentes", ha subrayado.
Sobre el hecho de que la Ley de Vivienda esté estancada en el Congreso tras su aprobación en febrero en Consejo de Ministros, indicó: "Somos formaciones diferentes y tenemos planteamientos diferentes. Negociamos".
Puntos de fricción
En diferentes ocasiones, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confiado en tener la Ley de Vivienda antes de fin de año (fue aprobada en Consejo de Ministros en febrero). Ausente en este encuentro, ha destacado en diferentes ocasiones que se ha avanzando en lo que queda pendiente, tras llegar a acuerdos en 400 puntos. Aunque conviene recordar que han sido más de 800 enmiendas las presentadas, por lo que se sigue negociando.
"Se han mejorado cuestiones con ámbitos diversos, como es el caso de los marcos competenciales del Estado y las CCAA. Y se han incorporado otras cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, la habitabilidad, la eficiencia energética, vulnerabilidad, y clasificación competencial en legislación urbanística y del suelo. Nos quedan cuestiones pendientes y mantenemos esa actividad negociadora", especificó Raquel Sánchez tras un Consejo de Ministros.
Uno de los puntos de más fricción entre PSOE y Unidas Podemos es el relativo a la paralización de cualquier desahucio sin alternativa habitacional. Otro es que las viviendas de la Sareb pasen al parque público.
Conviene recordar que uno de los objetivos de la Ley de Vivienda es regular el precio del alquiler en las denominadas como zonas tensionadas. Es decir, aquellas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler superase el 30% de los ingresos medios de los hogares en ese ámbito; o donde el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años. Por eso, establece la congelación de las rentas de alquiler durante tres años en dichas zonas.
El precio del alquiler ha subido casi un 30% en diez capitales de provincia durante el tercer trimestre. Y eso está sucediendo por la inseguridad jurídica que viven los arrendadores y por el tope al 2% fijado por el Gobierno para la actualización de las rentas de alquiler. Un tope que se ha prorrogado durante todo 2023 tras el acuerdo entre el Ejecutivo y EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.