Uno de esos pasos es una prórroga extraordinaria de seis meses de la vigencia de los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio. Eso sí, siempre a petición del arrendatario. Durante ese periodo “se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor”. Otro, la extensión del periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables hasta el 30 de junio de 2023.

Medidas que, para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, “son excelentes noticias para los inquilinos actuales y no pueden ser peores para los que busquen casa a partir de enero”. Porque desincentivan la aparición de nuevas viviendas, muchos arrendadores las sacarán del mercado, y quienes las mantengan serán muy exigentes a la hora de seleccionar a quienes alquilan. Un cóctel que no hará sino reducir la oferta e incrementar el precio.

Pérdida de poder adquisitivo

El arrendador, con la nueva medida, deberá aceptar la solicitud de prórroga propuesta por el inquilino salvo en algunos supuestos. Estos son: que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes; o que el propietario haya comunicado en tiempo y forma que necesita la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción. También si es para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

“El Gobierno se equivoca otra vez regulando el alquiler. Si cree que la nueva medida no tendrá un profundo impacto negativo en el mercado en 2023 demuestra de nuevo desconocer las dinámicas del alquiler”, sostiene Francisco Iñareta.

Una decisión que sigue añadiendo incertidumbre entre los inversores "lo que contraerá aún más la oferta de vivienda de inversión y, por lo tanto, produciendo subida de los precios de los alquileres", sostiene Iñaki Unsain, personal shopper de referencia en Barcelona.

Por su parte, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) mantiene que “volver a prorrogar por decreto todos los contratos de alquiler en España durante seis meses más para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no, es una medida totalmente innecesaria”. Y remarca que es “muy contraproducente para los propietarios de viviendas en alquiler”. 

Un propietario coloca un cartel para alquilar su vivienda.

Mientras que para María Andreu, directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), "atenta contra el derecho de propiedad de más de dos millones de propietarios. Los colectivos vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, serán los más perjudicados. Esta disminución de la oferta dificultará aún más el acceso de estas familias a una vivienda". 

¿Por qué ahora esta otra medida? El propio José Ramón Zurdo, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, adelantó que los propietarios iban a incrementar precios para intentar recuperar la parte de la inflación que el tope del 2% no les había dejado subir. Una subida que podría estar alrededor del 5% (la inflación en noviembre se situó en el 6,8% en noviembre).

[Los nuevos contratos de alquiler subirán un 5% en 2023 para compensar el tope del 2% del Gobierno]

Este aumento se llevaría a cabo en aquellos contratos que finalizarán el próximo año y se plasmaría en la firma del nuevo contrato. Con la congelación del Gobierno, la opción se desvanece a la par que el deseo por parte de los arrendadores de recuperar poder adquisitivo.

“En estos momentos, el origen del calentamiento del mercado del alquiler se debe a la falta de oferta, que sigue menguando”, explica Iñareta. “Y genera no solo tensiones sobre los precios, sino una enorme ansiedad en las familias que están buscando arrendar una vivienda y tienen que enfrentarse a verdaderos castings”.

Conviene recordar que, durante los nueve meses durante los que ha estado vigente la indexación obligatoria de todos los contratos que se actualizan al Índice de Garantía de Competitividad (es decir, el tope del 2%), la pérdida para los propietarios ha sido de unos 1.800 millones de euros, según ANA. “Ahora las pérdidas serán mucho mayores, porque los arrendadores no podrán actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todavía más poder adquisitivo”, estima Zurdo.

En España, más del 93% de los propietarios son particulares. “Y ese dinero que no van a cobrar lo necesitan para compensar la elevada inflación, que también les afecta a ellos”, remarca el director general de ANA.

Situaciones de impago

Fruto de esta situación, no sólo cada vez hay menos oferta y a precios más elevados. “Cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda”, reconoce José Ramón Zurdo.

Además, los propietarios que sufran problemas de impagos, retrasos u otros tipos de incumplimientos por parte de los inquilinos, verán cómo se alarga su problema con la congelación por otros seis meses más. “Esta es una situación injusta a la vez que insostenible para los arrendadores”, se lamenta el directivo de ANA.

Con estos movimientos, lo que está haciendo el Ejecutivo “es saltarse todas las normas y también a las comunidades autónomas para ir aplicando contenidos de la Ley de Vivienda”. Este es el caso concreto de actualización de las rentas al 2%, como la prórroga de los contratos para el 2023, “dos medidas que están destruyendo la oferta de alquiler”.

El mes de noviembre cerró con una subida mensual del precio del alquiler en España del 0,9%, según Idealista. Así, el precio medio se sitúa en 11,3 euros el metro cuadrado. En el último trimestre, el descenso ha sido del 0,5%, mientras que en el último año, por el contrario, ha subido un 7,3%. Con todo, todavía está un 1,7% por debajo de sus máximos de septiembre de 2020.