El Gobierno espera aprobar en el Congreso la Ley de Vivienda en las próximas semanas, a principios de marzo, a falta de que Nadia Calviño dé su visto bueno a la regulación de los alquileres, ya acordada entre los ministerios de Derechos Sociales y Transportes. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el último sello "está muy cerca".

La ministra Raquel Sánchez es ahora la encargada de "fajar" los últimos retoques con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, algo que desde el ala morada del Gobierno miran con suspicacia. Históricamente, Calviño ha sido la encargada de rebajar las ambiciones de Ione Belarra y nada parece indicar que esta vez vaya a ser una excepción, a pesar de los avances entre Transportes y Derechos Sociales. 

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"Hay un principio de acuerdo, pero nunca se puede dar nada por cerrado hasta que Calviño lo valide", precisan las mismas fuentes, recalcando que "la pelota está en el tejado de Economía". Algunos de los puntos más complicados se firmaron hasta tres veces para luego sucumbir ante el veto de la vicepresidenta.

En los gabinetes de Sánchez y Belarra hay prisa por cerrar la ley "cuanto antes", en parte por el compromiso ya incumplido de aprobarla en 2022 y, sobre todo, para evitar que el incendio del sólo sí es sí dinamite meses de trabajo entre los ministerios. Además, desbloquear Vivienda –la ley más complicada de la legislatura– permitiría desviar el foco de la polémica.

Motivos de fricción

Son varios los puntos de fricción que podrían sembrar la discordia, una vez más, entre Calviño y Belarra. Uno de ellos tiene que ver con el índice de precios. La razón es que ni el cálculo de las rentas ni el coste del alquiler serán actuales.

Sobre todo, el debate se centra en uno de los ejes de la norma: el control de precios del alquiler en las zonas tensionadas. Es decir, en los territorios en los que el coste del alquiler –o la hipoteca más los gastos de suministros– supere el 30% de los ingresos medios de las familias. O donde el precio del alquiler haya experimentado un aumento de un 5% superior al del IPC de la comunidad autónoma durante los últimos cinco años.

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Los nuevos contratos en esas zonas utilizarán como referencia el precio del acuerdo anterior (si es que el propietario es gran tenedor) o bien el límite máximo del precio aplicable según el sistema de índices de precios de referencia que se establezca.

Los expertos consultados por este periódico coinciden en señalar en que establecer este índice "va a ser un problema". El actual, denominado Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, contiene datos de 2020 (es decir, de las declaraciones de Renta de 2019), por lo que los datos para saber cuánto están destinando los inquilinos al alquiler están desfasados.

Tampoco serán actuales los precios por zona, más aún si se tiene en cuenta que entremedias ha pasado una pandemia de Covid-19. Todo esto podría no gustar a Economía.

Como tampoco lo harán los efectos que ya se están viendo con el tope del alquiler al 2%, ampliados a todo 2023 desde la aplicación del tercer escudo social. Así, por ejemplo, los contratos formalizados en diciembre han aumentado su precio un 14% interanual, mientras que aquellos que se renovaron lo hicieron un 5%, según los datos de Alquiler Seguro.

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Si además se topan también los nuevos contratos, como pretende Podemos, la oferta se reduciría y haría que muchos propietarios pusiesen sus pisos en venta. Además, la clasificación de gran tenedor está a punto de cambiar: el Gobierno también plantea reducir el número de viviendas necesarias para ser considerado un gran propietario (de las 10 actuales a un punto entre 5 y 8).

Con esto en el horizonte, la oferta se reduciría entre un 30% y un 35%, según la Agencia Negociadora del Alquiler. Y los precios seguirían siendo altos.

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Hasta ahora, el principio de acuerdo entre Transportes y Derechos Sociales también habla de acortar los trámites de la norma. La idea de Belarra es modificar el texto para reducir a seis meses su plazo de aplicación, que inicialmente era de año y medio.

Esta vacatio legis –el periodo de gracia desde que se aprueba hasta que se aplica una ley– entraría en vigor, por tanto, a las puertas de las elecciones generales siempre y cuando Economía dé su beneplácito.

Avances silenciosos

Por lo pronto, el clima de acuerdo no es el más propicio dentro del Consejo de Ministros. La negociación trilateral entre los ministerios –con Transportes como interlocutor– intenta hacer oídos sordos a la crisis que enfrenta a los socios de la coalición, empezando por la reforma de la Ley de Libertad Sexual y terminando por los choques al excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal.

La propia Belarra fue muy crítica el jueves pasado con los socialistas por "romper" el consenso del Gobierno y enmendar la norma salida del Gobierno, precisamente una que ella misma redactó. Entre bastidores, no obstante, ha mantenido aislada la polémica para aprobar la Ley de Vivienda, uno de sus compromisos de legislatura. 

Las fuentes reconocen que, si algo ha permitido avanzar tanto en la Ley de Vivienda, ha sido la discreción en las negociaciones, todo lo contrario de lo que ocurrió con el sólo sí es sí. Sobre todo, la clave ha sido el cierre de filas en torno a la regulación de los alquileres en los nuevos contratos y zonas tensionadas.

El debate está ahora en la fórmula de aplicación. La parte de Unidas Podemos exigía al inicio de las negociaciones que todos los propietarios, sin distinción, fueran obligados a bajar los precios según los índices; la del PSOE, en cambio, pedía limitar la regulación a los grandes tenedores. Tras mucho tira y afloja llegó la solución intermedia que actualmente reposa en la mesa de Calviño: rebajar el número de inmuebles necesarios para ser considerado gran tenedor.

En el caso de los pequeños, la nueva ley recogerá fórmulas para congelar los precios actuales e incentivos fiscales para tratar de bajarlos. Para Podemos, además, hay un especial optimismo en el acuerdo contra los desahucios, otro asunto espinoso, para dificultar los lanzamientos forzosos a familias vulnerables. La idea original de Belarra, no obstante, era prohibirlos del todo.