En un intento más por solucionar el "problemón" del acceso a la vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la Conferencia Municipal del PSOE en Valencia que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un plan para la puesta en alquiler de 50.000 pisos de la Sareb "a precios asequibles".
De esta manera, la vivienda se convierte en uno de los ejes principales del Gobierno antes de afrontar las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, y las generales previstas para finales de año.
Un paso más para tratar de impulsar la vivienda, calificada por Pedro Sánchez como un "derecho real", tras el acuerdo de la pasada semana entre los socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y sus socios de ERC y EH-Bildu respecto a la Ley de Vivienda.
¿Qué es la Sareb?
La pregunta que se hacen los ciudadanos es qué es la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), la institución que pondrá en funcionamiento esos 50.000 pisos en alquiler.
Retrocediendo en el tiempo, su origen se remonta a 2012 cuando el Gobierno del PP (presidido por Mariano Rajoy y con Luis de Guindos como ministro de Economía) creó esta sociedad. Su objetivo no era otro que comprar los inmuebles y los activos tóxicos de las entidades rescatadas tras la crisis financiera de 2008. Es decir, gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos rescatados.
Bloque de viviendas de Valencia. EE
Por eso, a la Sareb también se la conoce con el nombre de 'banco malo'. Conviene recordar que el rescate bancario tuvo un coste de 50.000 millones de euros en pisos que los bancos habían embargado, que no se conseguían vender o que no tenían el valor de lo que se había pagado originalmente por ellos.
El nacimiento de la Sareb estuvo 'influido' por la Comisión Europea. Dicho de otra forma, sin la Sareb, España no hubiese recibido la ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros por parte de la institución europea para dicho rescate bancario.
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En el Memorándum de Entendimiento que se elaboró entonces, se dejaba claro que las entidades más dañadas por el ladrillo no podían salir adelante si no apartaban sus activos tóxicos y se centraban en sus negocios financieros.
Y dichos activos tóxicos no eran pecatta minuta. En concreto, la lista de inmuebles inicial superó los 200.000 activos procedentes de nueve cajas de ahorros que iban desde préstamos a promotores hasta inmuebles. ¿Montante? 50.781 millones de euros, según precio fijado por el Banco de España. ¿Cuál fue el 'método de pago'? Mediante bonos avalados por el Tesoro Público que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE).
¿Quién forma la Sareb?
En sus orígenes, la Sareb se creó como una empresa privada sujeta a normas contables. En la actualidad, el 50,14% de su capital pertenece al Estado, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), y el resto está en manos privadas.
El porcentaje del resto de entidades privadas queda como sigue: Santander (22,21%), CaixaBank (12,24%), Banco Sabadell (6,61%), Kutxabank (2,53%), Ibercaja (1,43%), Bankinter (1,37%), Unicaja Banco (1,27%), Cajamar (1,21%) o Mapfre (1,11%). BBVA no forma parte de la Sareb.
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¿Cómo trabaja? Para adquirir los activos tóxicos de los bancos dañados por la crisis, la Sareb emite deuda que, en última instancia, está avalada por el Estado.
Por tanto, el banco malo paga mediante bonos avalados por el Tesoro Público (deuda) que entrega como contrapartida a las entidades que transfirieron sus activos tóxicos.
¿Cuáles son los resultados de la Sareb?
Sareb cerró 2022 con unas pérdidas netas de 1.506 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,4% respecto a los 'números rojos' de 2021.
Desde sus orígenes, la cartera total de activos se ha reducido en un 48%, pasando de los 50.781 millones iniciales a 26.465 millones a cierre de 2022.
Actualmente, el 59% de la cartera está constituido por inmuebles y, el resto, por préstamos al promotor con garantías inmobiliarias. En su origen, el 78% de la cartera de activos de la sociedad eran estos préstamos.
Los ingresos de Sareb experimentaron el año pasado un incremento del 8%, hasta situarse en 2.361 millones de euros, ligeramente por encima del dato de 2019, antes de la pandemia.
¿Qué pretende el Gobierno con la Sareb?
El anunció del presidente del Gobierno relativo a las 50.000 viviendas en alquiler procedentes de la Sareb, justo tras el acuerdo para desbloquear la Ley de Vivienda, no viene sino a poner de relieve cómo desde La Moncloa se intenta utilizar a la vivienda como un activo electoral.
El plan para sacar rédito a los activos de la Sareb pasa por tres pilares: poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas; impulsar el alquiler social con las 14.000 ya habitadas de ese parque; y promover la construcción de otras 15.000 viviendas en suelos del banco malo.
Pedro Sánchez, durante su mitin en Valencia.
El fin del Ejecutivo es activar y potenciar, entre otros frentes, el mercado del alquiler en España a la par que impulsar la vivienda social. España es el tercer país con mayor número de viviendas vacías y, a la vez, se encuentra muy por debajo de la media europea en cuanto a tasa de vivienda pública. El 3% contra el 9% europeo.
Los planes del Gobierno aspiran a que ese 3% se transforme en el 20% durante las dos próximas décadas. Otra meta es llegar a controlar mejor los precios de la vivienda, sobre todo los del alquiler.
¿Cómo está la vivienda social en España?
Los datos que maneja España en estos momentos son realmente preocupantes. Entre 1981 y 1990, casi el 50% de las viviendas que se construían eran vivienda social. Ahora, esos datos han caído hasta el 2,6%.
Otro dato que sorprende es que, en los años 80, se construyeron cerca de un millón de viviendas sociales mientras que, en la última década, esa cifra ha caído hasta una décima parte, solo 157.000.
El principal motivo que ha provocado esta situación es que los ayuntamientos han optado por la vivienda libre, ya que se conseguían mayores ingresos municipales. En la actualidad, de cada 100 viviendas que se construyen en el territorio nacional, 97,4 son de mercado libre. España se encuentra está a la cola en comparación con otros países como Reino Unido, Austria o Países Bajos.