El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la clausura de la Conferencia Municipal del PSOE, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia. Europa Press
Las 50.000 viviendas públicas de Sánchez no llegarán hasta 2027 y su éxito dependerá de ayuntamientos y CCAA
Las viviendas forman parte de la cartera de Sareb, el conocido como banco malo que se creó para gestionar los activos tóxicos de las cajas.
17 abril, 2023 02:31El Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible. Sin embargo, fuentes del conocido como banco malo señalan que la totalidad de estas viviendas no estará disponible hasta 2027. El éxito de la medida dependerá, en gran medida, de la determinación que muestren ayuntamientos y comunidades autónomas.
Tal y como anunció este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repitiendo lo que ya adelantó el pasado febrero en una comparecencia ante el Senado, el Consejo de Ministros aprobará poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas; impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promover la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de Sareb.
Las cuentas que hace el Ejecutivo son sencillas. Las 14.000 viviendas mencionadas se incluyen en el Programa de Vivienda Asequible y Social (VayS) de Sareb. Este programa está destinado a las familias vulnerables que residen en sus viviendas actualmente, que podrán acceder a un alquiler social o asequible y a un acompañamiento social y laboral para superar su situación de exclusión.
Asequible y social
De esta forma, si las familias se comprometen a trabajar para salir de su situación de exclusión social, podrán firmar con Sareb un alquiler social que no va a exceder el 30% de sus ingresos. De hecho, gracias a este programa muchas personas se han incorporado al mercado laboral.
Para la configuración de esta nueva estructura especializada, Sareb seleccionó al servicer Servihabitat que, junto a Sogemedi y Gesocin, realizan la interlocución y acompañamiento de las familias.
Según fuentes de Sareb consultadas por este periódico, en el mencionado programa de vivienda asequible hay en la actualidad unas 9.000 viviendas. De ellas, 2.000 ya han sido aprobadas. Las mismas fuentes señalan que se tardará casi cuatro años, es decir, hasta 2027, en llegar a las 14.000 mencionadas por el Gobierno.
Esto se debe a que, entre otras casuísticas, existen préstamos impagados con garantía hipotecaria que acabarán en Sareb, pero que todavía siguen inmersos en un procedimiento judicial.
A las viviendas que no están habitadas por familias vulnerables, Sareb les cuelga el cartel de 'se vende'. Esta cartera está formada por unas 27.000 residencias y el Gobierno estima que municipios y comunidades autónomas podrían comprar unas 21.000 siguiendo el mismo formato de las operaciones ya cerradas con algunas entidades locales y autonómicas.
A finales de marzo, Sareb y el Gobierno de Murcia formalizaron la venta de un paquete de 15 viviendas y 13 plazas de garaje por más de 884.000 euros. Se trató del tercer acuerdo anunciado por el banco malo en 2023 para vender inmuebles a las comunidades autónomas.
La Xunta de Galicia se comprometió a comprar 40 viviendas para destinarlas a alquiler social y la Generalitat Valenciana acordó adquirir en torno a 500. En total, son unas 568 las viviendas comprometidas en operaciones valoradas en casi 54,4 millones de euros.
Saldar la deuda
Se trata por tanto de un modelo de cesión por el que las diferentes corporaciones compran vivienda a Sareb y con ese dinero el banco malo salda la deuda, que a cierre de 2020 era de casi 35.000 millones de euros.
El éxito, por tanto, depende de la participación y gestión que hagan las comunidades autónomas y ayuntamientos, para lo que deben mostrar voluntad y contar con presupuesto.
Para alcanzar las 50.000 viviendas mencionadas por Sánchez quedan otras 15.000. Son las previstas en el Proyecto Viena. Así es como se denomina el acuerdo público-privado por el que Sareb cederá a empresas privadas el uso de su suelo para la construcción de pisos con alquiler asequible.
El porfolio de suelo del banco malo está formado por parcelas ubicadas de manera significativa en Cataluña, Valencia, Castilla y León y Extremadura, precisamente, de donde procedían muchas de las antiguas cajas de ahorro quebradas y rescatadas.
Para llevar a cabo este proyecto, Sareb ha adjudicado a PwC dos contratos de asesoramiento financiero y legal con el objetivo de preparar un concurso de cesión de suelos en los que posteriormente se construirán las viviendas en régimen de alquiler asequible. Los plazos que manejan en el banco malo son que en verano se pueda licitar algo de este suelo y que las primeras viviendas se entreguen a finales de 2024 o principios de 2025.
Desde la gestora de activos consideran "algo lógico" que el Gobierno mire a Sareb para incrementar el parque de vivienda social, aunque advierten de que llevará tiempo.
Sareb, bajo control
Sareb se creó en el año 2012 para gestionar los activos tóxicos de la banca. Nacía, asimismo, con un plazo de liquidación: 2027. A pesar de que el Estado era su principal accionista, al contar con un 45,9% del capital, la gestora de vivienda funcionaba como una sociedad privada, quedando fuera del ámbito de las cuentas públicas.
Sin embargo, en marzo de 2021, Eurostat -el organismo estadístico de la Unión Europea (UE)- obligó al Gobierno a incorporar la sociedad a las cuentas del Estado.
[¿Qué es la Sareb y por qué Sánchez la usa para potenciar el mercado del alquiler?]
Fue entonces cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -a través del que el Estado está presente en el accionariado del banco malo- compró un 4,24% del capital a accionistas privados, bancos en la mayoría de los casos. Así, impulsó su presencia en la Sareb al 50,14%.
Tras aumentar su participación, el Estado cambió el consejo y nombró a Javier Torres como presidente no ejecutivo. Es entonces cuando al mandato de desinvertir de la Sareb se unió el principio de utilidad social y sostenibilidad.
Vivienda social
Además de anunciar el plan de 50.000 viviendas, Pedro Sánchez se comprometió este domingo a elevar del 3% al 20% la vivienda pública en España. Según el último 'Observatorio de Vivienda y Suelo', elaborado en 2020 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el parque de vivienda social en nuestro país es muy inferior al de los países de nuestro entorno.
Exactamente, en España existen 2,5 viviendas sociales por cada 100 viviendas principales, muy por debajo de las 9% de la media de la UE. Países Bajos, Austria y Dinamarca son los países que más vivienda social tienen en relación con el número de viviendas principales. Francia, Reino Unido y, de nuevo, Países Bajos son los que disponen de un mayor número de viviendas protegidas.
Si lo que se analiza es el gasto, la diferencia entre España y sus vecinos también es amplia. Entre 2007 y 2017, Reino Unido gastó 439 euros por habitante en protección social en vivienda al año, siendo -antes del brexit- el miembro de la UE con un gasto más elevado.
Mientras que Dinamarca empleó 311 euros; Irlanda gastó 250; Luxemburgo, 250 o Alemania, 204; en el caso de España, según esta estadística, la cifra media de gasto en protección social en vivienda se situó en 35,4 euros por habitante al año durante el periodo mencionado. La media europea se sitúa en los 148 euros.
