El objetivo de la Ley de Vivienda de evitar subidas abusivas en el precio de alquileres puede acabar por provocar que se cree un 'mercado negro' en el que los inquilinos acepten pagar parte de la renta en 'B'. Es lo que teme el sector inmobiliario, que alerta de que la reducción de la oferta que esperan que se produzca por la nueva norma puede dejar sin alternativas a muchos arrendatarios.

El aviso llega desde inmobiliarias a portales de búsqueda de alquiler. Señalan que hay precedentes, en París y en Estocolmo, de medidas impulsadas por el Estado para proteger a los inquilinos y regular precios que acabaron en pagos en negro. Y todo por el mismo motivo que anticipan en España: la reducción de la oferta.

Una caída que esperan por algunas de las medidas más polémicas de la Ley, como los topes de precios que se aplicarán en las futuras zonas tensionadas, que serán aquellas en las que el pago del alquiler más gastos supere el 30% de la renta del hogar o el precio haya subido tres puntos por encima del IPC.

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Entonces se pondrá un tope que vendrá determinado por un indicador que elaborará el INE, pero que en cualquier caso será inferior a la inflación. Que las zonas tensionadas existan dependerá de las comunidades autónomas y por ello su desarrollo es incierto, pero el sector considera que allí donde se declaren habrá un caldo de cultivo perfecto para que florezca el mercado negro.

Un "efecto perverso", admite Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, teniendo en cuenta que genera justo lo que pretendía combatir la Ley: será aún más complejo acceder a un alquiler.

"La reducción de la oferta generará mayores tensiones para acceder a la vivienda y posiblemente un mercado negro en las zonas que se declaren tensionados, lo que dificultará aún más el acceso a las familias y colectivos más vulnerables", sostiene.

También lo ve "bastante factible" el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro. "No creemos que sea una realidad a corto o medio plazo, pero en zonas tensionadas seguramente sea la reacción del mercado", asegura.

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La convicción del sector reside en el ejemplo de lo vivido ya en ciudades como París o Estocolmo. En el caso de la capital gala, donde se limitó el precio del alquiler pero no se aumentó la oferta, "el desequilibrio siguió existiendo", remarca a este periódico Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.

¿El resultado? "Los propietarios llegaban a un acuerdo bajo mano con el inquilino, que ante la dificultad del acceso a la vivienda, accedía a esa parte de remuneración absolutamente ilegal", indica. 

Font cree que hay posibilidades de que eso suceda en España porque "la situación es muy parecida". Es decir, hay un "desequilibrio muy importante" entre oferta y demanda, especialmente en las grandes capitales. 

No es solo Francia, también Suecia. En Estocolmo la regulación llevó a listas de espera que van desde los 12 años como máximo si se busca en la periferia, a 20 años si la vivienda está en la capital, señala José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

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Trasladado al caso español, Zurdo considera que la regulación que trae consigo la Ley de Vivienda provocará una situación similar y que el pago en negro sea visto como la opción para imponerse entre la competencia de otros inquilinos para hacerse con el contrato.

"Va a hacer que vuelva a florecer la economía sumergida y se vuelvan a hacer operaciones de alquiler en negro, con dos precios, el 'B' por adelantado y el 'A' el reflejado en el contrato", considera.