El vuelco electoral registrado en las elecciones municipales y autónomicas de este domingo limitará la Ley de Vivienda. Sus aspectos más destacados, como el tope de precios en nuevos contratos o que un propietario de cinco pisos en alquiler pase a ser considerado gran tenedor, quedan ahora en el aire en siete de las doce comunidades disputadas: allí donde se ha impuesto el PP, que no es partidario de estas medidas y tiene ahora la última palabra.

Y será así porque son las comunidades autónomas las competentes en materia de vivienda. Las urnas del 28M marcarán por tanto el éxito de la primera ley de este tipo de la democracia, proyecto estrella de la legislatura y además la última gran norma aprobada antes de la disolución de las Cortes por el adelanto de las legislativas. 

Ahora, pues, se abre la duda. Los Ejecutivos autónomicos tienen la llave para lograr los mayores cambios, que llegarán si declaran un área como tensionada. Aquí se impondrían los topes de precio en nuevos contratos y se rebajarían a cinco los pisos necesarios para ser gran tenedor. 

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¿Están dispuestas las CCAA a hacerlo? Es decir, ¿a identificar y delimitar las zonas en las que el pago del alquiler más los gastos supere el 30% de la renta media del hogar o que el aumento del precio haya sido tres puntos superior al IPC en el último lustro?

Hasta ahora, el PP se ha mostrado reacio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció que no aplicaría la Ley de Vivienda. Su mayoría absoluta conseguida este domingo garantiza que no habrá topes en nuevos contratos en la capital, y es muy probable que otras regiones gobernadas por los populares sigan su ejemplo.

El PP, a la contra

De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el texto porque considera que intervenir el mercado puede reducir la oferta de pisos en alquiler y disparar sus precios. Ahora los populares han ampliado su poder: a Andalucía y Galicia, ya bajo su mando, suman las victorias de Madrid, La Rioja y Murcia.

También Aragón, Valencia, Cantabria, Extremadura y Baleares, donde acaricia el gobierno a falta de que se cierren pactos que lo confirmen. Baleares, que cambia de color político, cuenta además con la circunstancia de ser la comunidad donde de media es más caro alquilar en España, según Idealista: 15,2 euros por metro cuadrado, frente a los 11,5 euros de la media nacional. Es su máximo histórico, marcado este abril.

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Es el extremo de una escalada en los precios que parece no tocar techo. Tal es el desfase entre los alquileres y las rentas, que algunos estudios sostienen que el 60% de los hogares españoles se encontraría en un área que cumple los requisitos para ser declarada tensionada.

"El desarrollo de la ley, incluido en la aplicación de las zonas tensionadas, y que estaba dirigido a intervenir y limitar las rentas de alquiler, no tendrá un efecto real en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y municipios de España", zanja José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Sin efecto real

Lo achaca a la posición contraria ya expresada por los populares, que tendrá además consecuencias en aquellas CCAA que sí declaren zonas tensionadas: "producirá el efecto de desplazar la inversión de promotores e inversores hacia aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España de dos velocidades".

Abrazan también el pesimismo los inquilinos, que se revuelven. "Creemos que el derecho a una vivienda digna y estable no debe estar condicionado por quién gobierne en tu territorio, al ser un derecho constitucional que el Gobierno, gobierne quien gobierne, tiene la obligación de garantizar para toda la población", señala a este periódico Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

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Critica especialmente que una medida de este calibre "se haya usado como baza electoralista", teniendo en cuenta que la situación "es insostenible". Los datos que maneja el sindicato sostienen que el 50% de los inquilinos está en riesgo de pobreza. 

Declarar zonas tensionadas no es la única competencia que recae sobre las CCAA en materia de vivienda. Concretar las situaciones de vulnerabilidad social y económica, tomar medidas hacia el sinhogarismo, asuntos relativos a la ordenación urbanística, o reserva de suelo y compatibilidad de usos, son otras tareas que recuerda Francisco Nomdedeu, vocal del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de España.

Coapi destaca la incertidumbre de los propietarios ante la duda de si aplicarán estos cambios. Una incertidumbre que en un mercado tan sensible como el inmobiliario se acentúa además con las posibles consecuencias del adelanto electoral al 23 de julio. 

“Si como hemos visto, tras el resultado de municipales y autonómicas, la Ley de Vivienda se ha quedado casi sin efecto a largo plazo, podría ser derogada completamente la ley si el Partido Popular gana las elecciones generales, como ha manifestado recientemente”, apunta Zurdo.

Afecta a demanda y oferta

Una circunstancia que tacha de "inaudita". El director de ANA critica que el mercado del alquiler "tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler".

"Esta incertidumbre nos afecta a todos, inquilinos y propietarios, donde al final están trastocando gravemente un mercado de alquiler, destruyendo oferta y, por lo tanto, dificultando enormemente el acceso a la vivienda”, zanja.

Una situación que empeora un escenario ya de por sí complejo: durante la legislatura, la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 28%.