Los primeros días de vida de la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado día 26, están generando ya algunas tiranteces en el mercado del alquiler. Pero no en la oferta o demanda, sino en el trámite. Los pagos a la inmobiliaria están motivando en los últimos días quejas de inquilinos que denuncian que las agencias pretenden cobrarles gastos que, según la norma, deben asumir ahora los propietarios.

El sector lo niega, en medio de una situación que está generando malestar entre agentes inmobiliarios, que subrayan que esta norma les genera un perjuicio económico y que están haciendo esfuerzos acelerados por adaptarse.

Los debates sobre la Ley de Vivienda llegan así a los agentes inmobiliarios, otro actor en el que impacta una de las principales novedades: ahora los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización ya no los paga el inquilino, sino el propietario.

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Es algo que debe suceder en todos los alquileres que se cierren desde el día 26, en todo el territorio nacional, aunque desde el Sindicato de Inquilinas se apunta a que no está siendo así.

Desde que comenzó la semana reciben consultas de inquilinos a los que se les plantea que tienen que seguir afrontando estos gastos. "Les dicen que su aplicación depende de las comunidades autónomas, por ejemplo, otro de los grandes mitos. O que en los territorios donde ha ganado el PP las elecciones municipales la ley quedará sin efecto y que de todas maneras va a derogarse", afirma a EL ESPAÑOL-Invertia Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Recoger pruebas

"Teníamos previsto que iba a pasar", apostilla. El sindicato cuenta en su página web con consejos para afrontar este tipo de situaciones, y que transmiten a quienes ahora se ponen en contacto pidiendo ayuda en contextos que son, aseguran, de poca elección: "Si el inquilino no acepta algunas cosas no le alquilan el piso".

Por eso les instan a recopilar pruebas para que, llegado el caso, presenten una denuncia ante la justicia. ¿Qué tipo de pruebas? "Todo lo que pueda demostrar coacción", resume.

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Desde conversaciones por escrito en las que se demuestre que los agentes inmobiliarios están dando servicio al propietario para cerrar el trato o que en las transferencias bancarias en las que paguen sus servicios figure como concepto que son honorarios de intermediación. 

"Detalles muy pequeños", admite, que pueden ser probatorios y dar pie a un proceso judicial. Esto, al menos, para defenderse si se les pide pagar gastos de intermediación y contrato. Racu sospecha que hay más vías. "Creemos que la forma en que se van a intentar saltar la norma es cobrando el servicio de forma diferente, como un servicio al inquilino", señala.

El sector, molesto

Es una posibilidad ante la que las inmobiliarias se revuelven, tajantes. Están molestas con la situación. Menos de una semana después de que haya entrado en vigor la Ley de Vivienda, apuntan a que están "inmersos en un trabajo exprés interno de adaptación de procesos de servicio y de asesoramiento legal" y que no intentan burlar la norma.

"Obviamente hay que cumplir con la ley o dejar de prestar el servicio, amén de reivindicar en los foros que correspondan, la indefensión, demonización en muchos casos, y el agravio que se nos ha infringido, sin ni siquiera escucharnos", subrayan desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.

Aseguran que la Ley, que consideran "contraria a la libertad de contratación y de empresa", les supone un "grave" perjuicio económico.

Y por eso algunas voces dentro del sector matizan los temores de Racu y advierten: que sea el propietario quien deba asumir ahora los gastos de intermediación y formalización de contrato no significa que sea ilegal dar diferentes servicios a los inquilinos que sí tengan que abonar éstos.

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"Veremos por qué concepto se cobra", resumen estas voces. Es una separación que también remarca a este periódico el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza: "La ley no dice que no se pueda cobrar al inquilino. Dice que intermediación y formalización de contrato no se le puede cobrar". 

En Alquiler Seguro lanzaron en enero un servicio de atención al inquilino, que incluye asesoramiento jurídico para contratos de alquiler, algo que, insiste, es muy diferente: es además un servicio "que empieza a devengarse después de firmar el contrato, no antes".

Por momentos Carroza acusa hastío con respecto a las denuncias al respecto: "La ley tampoco dice que las inmobiliarias tengan que dar un servicio gratuito y universal, eso es la sanidad pública", apostilla.

Todo en un momento de zozobra para las agencias: un estudio interno de la compañía Alfa Inmobiliaria, con 115 oficinas repartidas por todo el país, y 106 más a nivel internacional, certifica que la cadena ha experimentado este último mes una disminución del 10% en los encargos de alquiler, algo que asocian a la incertidumbre con respecto a la norma y a que deban ahora los propietarios asumir los honorarios.

La firma cree que la situación se recuperará en próximos meses, aunque no sin cambios: las agencias, auguran, se verán abocadas a prestar más atención a otros servicios.

“Veremos un aumento en los servicios de valor añadido, como asesoramiento legal y fiscal especializado, promoción de propiedades en alquiler, servicios de gestión y mantenimiento, e incluso servicios como el de traducción, intermediación en la mudanza, o ayuda con los cambios de suministros, entre otros”, apunta Jesús Duque, vicepresidente de la red Alfa Inmobiliaria.