El índice de precios de referencia para el alquiler de viviendas del Gobierno consistirá en un sistema de rangos de precios mínimos y máximos en base a las características de la vivienda, tales como el año de construcción, zonas comunes o si tiene aparcamiento, entre otros elementos. 

Estos rangos se han calculado calle a calle y son públicos en la web del Ministerio desde esta mañana. El índice se ha trabajado a partir de una base tributaria. Es decir, se ha utilizado para ello la declaración de la renta de todos los propietarios de España. En este caso, se ha tomado como referencia la de 2022, la última disponible en este momento. 

Este índice se aplicará en Cataluña a partir del mes de marzo, siendo esta la única comunidad que ha pedido desarrollarlo formalmente. El Principado de Asturias y Navarra han contactado con el Gobierno para interesarse, pero de momento sólo se han producido acercamientos "verbales".

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Cabe recordar que para aplicar este índice de referencia las comunidades autónomas deben haber solicitado al Gobierno previamente la declaración de las zonas tensionadas en sus correspondientes territorios.  

La declaración de las zonas tensionadas tiene un periodo de vigencia de tres años prorrogables si persisten las causas que motivaron la declaración. Además, las comunidades que lo soliciten deben de aplicar una serie de medidas para que se corrija el rumbo del mercado.

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El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha asegurado que, pese a ello, en aquellas regiones donde no se establezcan las áreas tensionadas, los inquilinos podrán utilizar esta herramienta de rangos a modo de "presión" a la hora de negociar su contrato de arrendamiento. 

"Se trata de una evolución del índice de referencia estatal que ya se aplicó en 2020. Se ha producido una evolución a un índice más riguroso, exigente y solvente", detalla Lucas. 

Este índice de precios será de aplicación obligatoria para todos los grandes tenedores y para las viviendas que pasen a destinarse al alquiler en las zonas tensionadas. En el caso de los pequeños propietarios, el precio estará referenciado al último contrato. Es decir, no estarán obligados a bajar el precio. 

Además de los técnicos del ministerio, en la elaboración de este índice han participado instituciones como el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) o Consejo General de Economistas, entre otros.

Dada la fiscalidad especial del País Vasco y Navarra, los rangos de precios para estas comunidades aún no están disponibles. En este sentido, el ministerio asegura que aún tendrán que esperar unas semanas.

La principal discrepancia entre el Gobierno y la Generalitat es, precisamente, el establecimiento de un rango. Cataluña había pedido al Ministerio de Vivienda que diera un precio exacto y no un abanico. Finalmente, el Ejecutivo central ha optado por desoír las peticiones de la consejería de vivienda de Cataluña.