"Hasta el día de hoy, Airbnb no tiene constancia de la recepción de ningún requerimiento de información por parte del Ministerio de Consumo. Airbnb es un buen socio de las autoridades y siempre pide a los anfitriones que certifiquen que cumplen con las leyes locales y que cuentan con los permisos necesarios antes de anunciarse en la plataforma. Airbnb ha apoyado la nueva normativa aprobada por la UE que establece un marco para que Gobiernos y plataformas compartan información, lo que dará a las autoridades más visibilidad sobre la actividad de los anfitriones y facilitará unos sistemas de registro más simples y centralizados", detalla Airbnb. 

Este miércoles, el Ministerio de Consumo, a través de una filtración a el diario El País, anunció que iba a llevar a cabo una investigación en las principales plataformas de alquiler vacacional en España por abrirse a publicitar pisos sin licencia. Desde la cartera de Bustinduy no han matizado nada más respecto a este asunto. 

[El Gobierno abre el melón de los pisos turísticos: monitorizará el sector como dicta la UE a partir de 2025]

En las últimas semanas, el Gobierno -tanto la parte mayoritaria como la minoritaria- ha elevado el tono en relación a los pisos turísticos. Desde el Partido Socialista se han propuesto acelerar la trasposición de la legislación Europea al curso 2025 -hay margen hasta el 2026- para tratar de poner coto a aquellos particulares que explotan esta actividad económica sin licencia. 

Desde Sumar, sin embargo, han ido aún más allá. El tono contra el sector es extremadamente duro, de hecho, les consideran los principales responsables de la crisis de vivienda que atraviesa España. Los de Yolanda Díaz han pedido limitar licencias e, incluso, revocarlas en aquellas zonas donde se entiende que la situación del mercado se encuentra muy tensionada. 

Las plataformas turísticas se escudan, en este sentido, en dos sentencias clave. En diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario. En este sentido, determinó que como prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información y no presta el servicio final de hospedaje.

En enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TSJUE, dictó una sentencia clave: la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia. Además, el Tribunal señaló que Airbnb es un "intermediario neutro" de los servicios de la sociedad de la información, y que no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos.

En las últimas semanas, varias Comunidades Autónomas han anunciado medidas para tratar de regular al sector. El Principado de Asturias, por ejemplo, se reservará, incluso, la potestad para regular la entrada y salida de visitantes de zonas que considere "masificadas". Madrid ha suspendido la concesión de licencias y en Valencia se ha aprobado una moratoria a la concesión de licencias.