La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado a los medios de comunicación esta medida después de la reunión con el grupo de trabajo que se creó en noviembre del año pasado para abordar este fin. 

Con esta medida, el Gobierno quiere garantizar el derecho de las familias para acceder a una vivienda residencial, evitando la picaresca que se venía produciendo en el mercado desde que se aprobó la Ley de Vivienda en mayo de 2023. 

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Durante su intervención, la ministra ha detallado en este sentido que se llevará a cabo una modificación del Artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos "para proteger el alquiler temporal para quien lo precise". De este modo, se "definirá esa causalidad". En las próximas semanas, se concretará los requisitos de forma concreta. 

La Ley de Vivienda, que ha cumplido un año recientemente, topa los alquileres de larga estancia -los de toda la vida- pero deja fuera de su aplicación a los arrendamientos de temporada, que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c), a su llegada a reunirse con el Grupo de Trabajo de alquiler de temporada, en la sede del Ministerio. Europa Press.

Al estar exentos de topes, muchos propietarios se han mudado a este alquiler. Al quedar fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Vivienda, estos alquileres no se ven afectados, entre otros aspectos, por las limitaciones en las actualizaciones de la renta o las prórrogas extraordinarias del contrato.

Tal y como contó EL ESPAÑOL-Invertia hace unos meses, en solo un año, la oferta de alquiler 'no regulado' por la Ley de Vivienda repuntó un 56% en nuestro país. Esta situación se evidencia en los grandes mercados. Aquellos en los que se ha producido un mayor incremento de la oferta de temporada son Palma y Málaga, que cuentan con un 79% más que hace un año, seguidos por San Sebastián (77%), Sevilla (74%), Valencia (62%), Madrid (56%) y Barcelona (53%).

Plataforma de registro 

El Ministerio de Vivienda pretende también controlar el cumplimiento de la regulación a través de un registro de alquileres. El registro recogerá la clasificación de todos los arrendamientos temporales que estén publicados en plataformas online como Airbnb. Es decir, la medida que ya había sido anunciada para los pisos turísticos se extenderá también a los alquileres de temporada. 

Como ha especificado Isabel Rodríguez, los alojamientos temporales se podrán identificar "a través de una matrícula", con la que se podría acceder a las características del inmueble.  

Reacción de los sindicatos 

En relación con estas nuevas medidas sobre la regulación de los alquileres temporales, los sindicatos de Inquilinas del Estado han mostrado su total desacuerdo con esta propuesta. En un comunicado, han explicado que "no será eficaz", sino que fomentará aún más las prácticas abusivas y no ofrecerá "una protección adecuada a los inquilinos". 

Para ellos, desplegar un reglamento no es suficiente para erradicar los problemas existentes. Esta medida "permitirá seguir utilizando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o para hacerle pagar una fianza más alta de la permitida", han denunciado. 

Esto abrirá la puerta para que continúe el fraude de precios y que por consiguiente sigan aumentando los alquileres cada año, algo "que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco". Y según los líderes sindicales, con esta propuesta, "desviar la oferta al mercado del alquiler temporal seguirá siendo rentable para los propietarios especuladores". 

Otras de las cuestiones que para los sindicatos se ha quedado sin abordar son los arrendamientos de habitaciones de aquellas personas que no pueden permitirse un alquiler entero. Para ellos, esta propuesta ha dado vía libre a los colivings o modelo de residencia comunitario.

Por eso, para los líderes sindicales "es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos" que propusieron la semana pasada en el Congreso de los Diputados. 

"El PSOE aún está a tiempo de hacer las cosas bien y no dejarse llevar por la patronal. El Ministerio de Vivienda debe defender los intereses de las personas que sufren el difícil acceso a la vivienda", han precisado. 

Para terminar, en relación con la plataforma web, los sindicatos sostienen que este registro es un sistema encubierto de licencias que responde solo a los intereses de la patronal. Además, como transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas, opinan que "puede tardar mucho tiempo en implementarse". Esto "también sucedió con el índice de alquileres".