María del Carmen (43 años) comparte junto a su hijo gran parte de su tiempo en una habitación de 10 metros cuadrados ante la imposibilidad de poder costearse una vivienda habitual. Los elevados precios de los alquileres y las cláusulas que demandan los propietarios para formalizar un contrato están obligando a que muchas personas, sobre todo familias monoparentales, recurran al arrendamiento de habitaciones. 

Esta mujer madrileña ha tenido la suerte de encontrar una habitación por menos dinero del que se suele pagar en la capital. Ella la ha conseguido por 400 euros al mes, 100 euros menos de lo que piden. Aun así, este presupuesto ya es elevado, teniendo en cuenta que debe compartir la habitación con su hijo y el resto de vivienda (el salón, el baño y la cocina) con los demás compañeros de piso. 

Como cuenta a EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido que recurrir al alquiler por habitación porque acceder a una vivienda completa es "totalmente imposible". Los propietarios piden por adelantado un mínimo de 500 euros mensuales por habitación y un mes de fianza."Para entrar a vivir tienes que preparar 1.000 euros, nada más entrar. Un presupuesto que no tengo", añade. Ahora, gracias a la ayuda económica de sus padres, está saliendo hacia delante.

Imposible llegar a fin de mes

Ella ha estado mucho tiempo intentando encontrar un piso que se adapte a su economía familiar, ya que no puede pagar un alquiler de 500 euros. Incluso pagando 400 llega "bastante ahogada" a fin de mes. 

Tanto ella como su hijo sobreviven con una pensión de incapacidad de 600 euros, ya que la mujer tiene una enfermedad degenerativa en las hernias discales que irá poco a poco peor, y por ello necesita un certificado de discapacidad urgente. Aún sigue esperando esa revisión por parte del Centro Base de Valoración y Orientación que le permitirá encontrar un empleo adecuado a sus capacidades.

Ahora, se encuentra en paro. "Llevo dos años intentándolo y necesito urgentemente que valoren mi grado porque las empresas no quieren contratarme", termina. Además, necesita tener un salario porque debe cubrir también las necesidades de su hijo de 21 años, que cuenta también con una discapacidad del 54%. 

Al igual que María del Carmen, hay miles de españoles -ya no solo estudiantes- que se encuentran en esta situación. Ahora, la media de edad para compartir piso ha ido creciendo gradualmente hasta los 34 años. Este tipo de alquiler se da en barrios humildes. Y se han incrementado en las "familias monoparentales" (sobre todo madres con hijos). "Incluso teniendo recursos, se ven obligadas y con la dificultad de que les arrienden una vivienda", explica Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinos.

Tras la aprobación de la Ley de Vivienda en abril de 2023, se ha producido un aumento del precio en los grandes mercados. Ciudades como Madrid o Barcelona acumulan importantes subidas desde entonces. Esta situación se produce por la inseguridad jurídica que la norma provoca entre los propietarios de inmuebles. Esta situación les ha llevado a retirar del mercado de alquiler de larga estancia una importante cantidad de activos, provocando un descenso de la oferta y el consecuente aumento del precio. 

La escasez de oferta y una demanda cada vez más fuerte ha provocado justo lo contrario a lo que buscaba la legislación: los precios se han disparado y parecen no encontrar techo. "Y las cosas están aún más complicadas para las personas que más los necesitan, como son los jóvenes y los colectivos más desfavorecidos", añade Francisco Irraeta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. 

Habitaciones por más de 500 euros

Como explica Irraeta, la oferta de pisos compartidos se ha disparado un 43% interanual durante el primer trimestre del año. En las principales capitales españolas (Madrid, Barcelona y Valencia) es donde se concentra la mayor oferta, con un 61% del total, según los datos de Idealista. Ante el aumento de la demanda se han disparado los precios de los alquileres un 13%, "hasta alcanzar una media de 400 euros al mes", según detalla el portavoz de Idealista. 

Ciudades como Barcelona o Madrid son las que tienen los alquileres de habitaciones más caros de España, con 550 y 525 euros mensuales de media, respectivamente. Le siguen Palma de Mallorca con 440 euros y San Sebastián con 410 euros. Sólo un total de seis capitales tiene el precio estipulado en 400 euros mensuales. 

Mercado negro

Junto con la Ley de Vivienda surgió una disposición adicional primera en la que se instaba a buscar una fórmula para regular el alquiler de habitaciones y así tener un control. Sin embargo, esta medida aún no se ha aprobado. 

La falta de control da pie a que este tipo de alquileres se muevan "en el mercado negro". Por lo que muchos propietarios optan, de manera ilegal, "por alquilar una vivienda sin declararlo", detalla el portavoz del Sindicato de Inquilinos. 

De hecho, algunos caseros están sacando partido a esta demanda de alquiler de habitaciones. Un ejemplo de ellos sería un hilo de conversación en Telegram, donde un amplio grupo de propietarios se dan consejos para sacar rentabilidad a los pisos compartidos. 

Muchos proponen hacer obras para eliminar el salón y construir una habitación para sacar más provecho económico a la vivienda. Este diario ha tenido acceso a estas conversaciones donde uno de los miembros expone ante el resto de integrantes que está barajando la idea de "comprar un bajo para alquilarlo como vivienda", incluso no teniendo la licencia para hacerlo.  

Además, en otra de las capturas se pueden ver indicios de cómo intentan timar a los inquilinos, al ofrecer un contrato de 10 meses cuando en realidad tienen que pagar un año completo. A este sucesivo aumento de alquileres de habitaciones y de prácticas ilegales "se le debería de poner coto porque está supliendo la necesidad de vivienda de mucha gente", denuncia el Portavoz del Sindicato de Inquilinas. 

"El arrendamiento de habitaciones genera inestabilidad residencial y una importante pérdida de derechos para el inquilino, dado que actualmente no se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos", aclara Andrea Jarobo Torrijos, responsable de comunicación de Provivienda. 

Proposición de Ley

Hace dos semanas, el Sindicato de Inquilinas junto a varios grupos parlamentarios presentaron una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para regular el alquiler de temporada y de habitación. Con este proyecto manifestaron la necesidad de evitar fraudes y "desincentivar su uso" a favor de las viviendas habituales.

Entre las medidas que quieren poner en marcha está la de perseguir el fraude de todos estos contratos que están en negro "para que no se puedan utilizar de forma caprichosa por parte de los arrendadores". Los contratos, como aclara Palomo, deberían estar únicamente justificados y los inquilinos de este tipo de arrendamientos "deberían de tener los mismos derechos que el resto". 

Desde el sindicato esperan que este proyecto de Ley se vote a partir de septiembre y octubre. Pero, a día de hoy, "tenemos que admitir que la situación es de emergencia habitacional y no solamente vale con una medida, sino que en materia de vivienda tenemos que revertir el modelo", alerta Víctor Palomo. 

Por otro lado, el portavoz de Idealista pronostica que para el corto y medio plazo no parece que este problema se vaya a resolver tan rápido.

Las perspectivas son negativas, "no solo en lo referente al precio, sino que de mantenerse las políticas de vivienda no se conseguirá revertir el proceso de pérdida de oferta.

Esto afectará a las dificultades de las familias para acceder a una vivienda en alquiler, con especial incidencia en los perfiles más vulnerables", estima Arrieta desde Idealista. 

Grietas en la Ley estatal

Sumar ha sido uno de los grupos más críticos con la Ley de Vivienda, por dejar fuera la regulación de los alquileres de temporada. Este periódico ha podido hablar con uno de sus integrantes. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Vivienda de Comuns grupo integrado en Sumar, piensa que la ley estatal "nació con debilidades que han sido aprovechadas por el mercado", como es el caso del alquiler de habitaciones. 

Por ejemplo, en Valencia capital una habitación cuesta 470 euros mensuales de media, cuando hace diez años estaba por 150 euros.

El encarecimiento de los precios "va acompañado por el perfil que también ha envejecido, al ser imposible vivir solo de alquiler o con hipoteca. Un cambio cultural forzado por la necesidad económica, que también afecta a la salud mental de las personas jóvenes y adultos que no pueden vivir solos", matiza Ibáñez. 

Por ello, como indica Alberto Ibáñez, es necesario aprobar con urgencia la propuesta de Ley que han presentado diversos grupos parlamentarios. Y por eso, desde Comuns precisan que el Partido Socialista no puede retrasarlo mucho más.