El número de viviendas en España no para de aumentar. Así, a finales de 2023, llegó a situarse sobre los 27 millones, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau). Se trata de un incremento del 3,2% respecto al año anterior.
La mayoría de las viviendas son para uso y disfrute de sus moradores. En concreto, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 19,3 millones son considerados hogares. Pero también hay quien adquiere viviendas con el objetivo de venderlas posteriormente, o de ponerlas en alquiler.
Este último grupo tiene delante de sí un particular escollo. Y es que determinado grupo de viviendas no se van a poder vender ni alquilar a partir de una fecha concreta si no cumplen una serie de requisitos.
¿Por qué este cambio en las viviendas?
El ‘culpable’ de que los propietarios de vivienda no puedan alquilarla o venderla tiene nombre propio: la Unión Europea. Y es que, debido a una directiva europea, las viviendas deberán cumplir una serie de requisitos relacionados con la eficiencia energética.
En concreto, es la Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación la que establece esos requisitos que entrarán en vigor en 2030. Criterios que, sí o sí, deberán cumplir aquellas personas que quieran poner a la venta una vivienda o hacer un contrato de alquiler.
Hasta ahora (y desde el año 2013) bastaba con tener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE). El mismo señala cuánto consume la vivienda y cuando dióxido de carbono emite a la atmósfera. Y el barómetro por el que se rige es una calificación que va desde las letras A (la mejor calificación) a la G (la peor). No poseerlo puede acarrear multas desde los 600 a los 6.000 euros.
¿Qué va a pasar a partir de 2030? Pues que, a partir de entonces, la calificación mínima que deberá tener una vivienda para poder ser vendida o alquilada será de E (es decir, dos por encima de la peor). Una situación que se antoja complicada porque, según Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción), ocho de cada diez viviendas en la actualidad no cumplen con dicho requisito.
Una vista del casco antiguo de la ciudad de Alicante.
Por si fuera poco, la situación se complicará tres años después (en 2033). Porque dicho mínimo ya no será E, sino que quedará en D. ¿Y cuál puede ser el desembolso para adaptar las viviendas a los nuevos requisitos?
Según Asece (Asociación Española para la Calidad en la Edificación), el presupuesto para mejorar energéticamente una vivienda media oscilaría entre los 5.000 y los 6.000 euros. O, dicho de otra manera, subir de una letra a otra costaría unos 2.000 euros. A ello habría que añadir el coste del certificado (entre 400 y 500 euros).