El consejero delegado de ambas firmas, Eduard Mendiluce, ha comunicado a la plantilla y a los representantes de los trabajadores mediante un correo electrónico al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia que se abre un proceso “de movilidad geográfica”.

Y lo hace para trasladar a varios cientos de empleados de sus sedes en Madrid y El Prat de Llobregat (Barcelona) a la nueva de Valencia, con despidos para quien se niegue.

Imagen de archivo de una agencia inmobiliaria. Efe.

Mendiluce justifica en su misiva que “los procesos de movilidad geográfica tienen por objeto el traslado completo de las funciones de back office y middle office al COE de Valencia para conseguir ser más competitivos en el mercado”.

Este centro operativo de excelencia levantino pertenece a una tercera empresa de externalización de servicios, Servinform, que suele trabajar con más entidades financieras.

El periodo de consultas se iniciará “en los próximos días” y se prevé que las primeras propuestas de condiciones sean comunicadas a finales de septiembre o inicios de octubre.

La reestructuración laboral previa, cerrada en mayo de 2023, se saldó con 112 trabajadores de Aliseda y Anticipa que se acogieron al despido, frente a 25 empleados que optaron por el traslado. Los despedidos pactaron unas condiciones de salida de entre 25 y 31 días por año trabajado, en función de si la extinción del contrato se producía antes o después del traslado del puesto laboral.

A quienes aceptaron la mudanza, siendo el grueso de Madrid, se les comprometió ayudas para el alquiler y traslados a la capital del Turia. También se les garantizaba el empleo a los desplazados durante dos años.

En total, fueron 137 trabajadores los afectados, que por aquel entonces suponían en torno a un 15% sobre los 900 empleados que las gestoras inmobiliarias tenían en Madrid y Barcelona.

300 posibles afectados

Ahora el perímetro es distinto. Se parte de los 800 trabajadores entre los tres centros: Madrid, Barcelona y Valencia. Por lo que se deduce que la tasa de reposición fue de tres a uno y, en términos netos, se destruyeron un centenar de empleos. Esto es, se contrató a un empleado nuevo -con condiciones laborales más bajas, según fuentes internas- por cada tres trabajadores antiguos que se perdieron. La situación podría ser similar ahora.

En esta ocasión, se trata de un “traslado adicional de funciones, no de personas”, que tienen que ver con labores de middle y back office en financiero, operaciones o administración, entre otras. Esto es, todas aquellas que sirven de apoyo a los comerciales. Unas funciones que complementarán en Valencia a las de middle y back office que ya se llevaron allí hace casi año y medio.

“No es un ERE, se garantiza la empleabilidad”, argumenta un portavoz de Aliseda, al tiempo que asegura que “habrá condiciones óptimas para la gente que no quiera el traslado”. Preguntado por este asunto, no concreta si serán similares a las ofrecidas hace 16 meses. “Habrá nuevas negociaciones con los sindicatos y no se puede presuponer si serán mejores o peores”.

Según este portavoz, el objetivo de este nuevo proceso es “ganar eficiencia y generar un ahorro en un entorno muy competitivo del sector de la gestión de activos inmobiliarios”, para así “ser más competitivos cuando vamos a un concurso o gestionamos una cartera”.

Fuentes conocedoras ya hablan de hasta unos 300 posibles afectados esta vez y, como la anterior, tachan el proceso de “ERE encubierto”. Aunque fuentes de las citadas gestoras rebajan la cifra: “No creemos que llegue a tanto”. Asimismo, subrayan que “no es un ERE”.

En conjunto, Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate conservan unos 9.000 millones de euros en créditos y activos inmobiliarios gestionados de la Sareb, los antiguos Catalunya Caixa y Banco Popular (Quasar), así como de otros operadores más pequeños.

La decisión de los servicers inmobiliarios participados por el gigante Blackstone sigue al último ERE visto en el sector este mismo verano, el de Intrum tras la compra de Haya Real Estate, proceso que ha culminado con el despido colectivo de 581 trabajadores en las filiales Intrum, Aktua o Solvia.