Existen pocos detalles sobre la "gran empresa pública de vivienda" anunciada por Pedro Sánchez en el Congreso Federal del PSOE, pero la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha aportado nuevos datos este martes. Con esta empresa, el Ejecutivo pretende "intervenir" en el mercado "aumentando la oferta" y para ello colaborará con las empresas de construcción, según ha explicado la ministra.
"Todos los instrumentos que hemos puesto a disposición de la vivienda se concretan en esa empresa pública que de manera integral aborde todas las capacidades que tiene el Estado, desde el suelo hasta la gestión y construcción", ha afirmado Rodríguez en La Hora de la 1.
La ministra ha asegurado que su departamento lleva "un año trabajando" para la creación de esta empresa pública, y que en realidad sólo hace falta "transformarla" o "aunar" los "elementos en común" que ya existen y "no necesita de un acuerdo en el Consejo de Ministros".
Esos "elementos", según ha mencionado Rodríguez, son la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y los "activos del Estado que son patrimonio inmobiliario". "Hay mucho suelo del Estado", ha apuntillado.
La ministra ha puesto como ejemplos algunas "empresas municipales muy potentes" como la del área metropolitana de Barcelona. Ahora se trata de "agrupar todo bajo un mismo paraguas, de hacerlo con las máximas garantías y poner todos los instrumentos a disposición", ha aseverado.
"La empresa irá destinada a la compra y al alquiler. Ahora es imposible ser propietario, y uno se encuentra ahogado en el mercado del alquiler. Por tanto, hay que fortalecer los recursos para dar una respuesta a los ciudadanos. En todo caso, hay que garantizar la asequibilidad, hay que combatir ese ahogamiento en las grandes ciudades", ha sostenido Rodríguez.
También ha vuelto a poner el punto de mira sobre los alquileres turísticos. "La vivienda, sobre todo, tiene que ser regular, el resto es secundario. Se trata de perseguir los fraudes de alojamientos turísticos y contratos de temporada", ha comentado.
En todo caso, "estamos a unas semanas de concretar ese instrumento", ha concluido la ministra en referencia a la empresa pública que pretende poner en marcha el Gobierno de Sánchez.