“Them are the facts after tax” Johnny Cash.
Solo un Gobierno de mentalidad extractiva y confiscatoria puede decir que en España alguien hace “dumping fiscal”. Tener una presión fiscal del 36,5% -caso de Madrid-, que no es la más baja de España y está menos de dos puntos por debajo de la media del país solo demuestra una cosa: Madrid se niega a ser un infierno fiscal, pero el gobierno quiere que lo sea. Es triste leer a los extractores de rentas afirmar que otros son un “paraíso fiscal” solo por no aplicar su expolio tributario.
La ministra de Hacienda miente cuando dice que quiere “armonizar” impuestos. No va a armonizar nada, ya que va a mantener el cupo y concierto vasco, incluso dándoles la Seguridad Social, va a mantener el régimen fiscal especial de Canarias, Ceuta, Melilla y va a aumentar fondos para Cataluña. Lo que van a hacer es pagar los favores de coalición Frankenstein a costa de los ahorradores y ciudadanos del resto de España, sobre todo de Madrid.
“Armonizar” es una falacia que solo supone subir impuestos. Lo que llama “armonizar” es imponer todo lo contrario a lo que debe ser un modelo autonómico. Un sistema autonómico eficiente no puede basarse en que hay autonomía para disparar el gasto y los impuestos pero no para gestionarlos. En vez de aplicar el modelo de éxito de Madrid y País Vasco a los demás, lo que quieren es expoliar a algunos. Al país vasco no le pueden atacar (ahora) porque necesitan a los partidos nacionalistas para gobernar. Si no fuera así, el hachazo estaba garantizado.
La acusación de “dumping fiscal” es una mentira repetida por los que consideran que la fiscalidad confiscatoria de otras comunidades es algo normal e incluso aceptable.
La Comunidad de Madrid es una autonomía que funciona bajo los preceptos del Sistema de Financiación de Régimen Común. A excepción de País Vasco y Navarra, con su concierto foral y su convenio, respectivamente, Madrid no cuenta con ningún privilegio fiscal ni con ninguna particularidad específica. Tampoco tiene ninguna ventaja fiscal propia, como la que tienen las Islas Canarias, con su Régimen Económico Fiscal (REF) especial.
El llamado “efecto capitalidad” y la “falta de solidaridad” son otras falsedades.
Madrid aporta al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) más del triple que el siguiente contribuyente, que es Cataluña. En territorio madrileño se recaudan por IRPF, IVA e Impuestos Especiales 78.334 millones de euros, de los que solo el 22% se destinan a la Comunidad de Madrid a través del Sistema de Financiación Autonómica.
El sistema de financiación autonómico actual perjudica más, por orden, a las comunidades de Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia, según el informe anual elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), de la Universidad de Barcelona.
Recordemos que España sufre mayor presión fiscal normativa que la media de la UE y la OCDE. El mantra de que “se recauda poco” es por el alto paro, bajo tamaño empresarial y alta economía sumergida, no porque los impuestos sean pocos ni mucho menos bajos.
En vez de tomar medidas que favorezcan la inversión y el empleo, y con ello acabar con el paro y reducir la economía sumergida, que generarían según el Círculo de Empresarios y Foment del Treball más de 40.000 millones de euros en recaudación, prefieren mantener una economía ahogada y ciudadanos rehenes del asistencialismo.
Ya hemos hablado en esta columna en varias ocasiones del profundamente injusto impuesto de sucesiones y cómo expolia a los más desprotegidos. Pueden leer en detalle aquí (“Así es el impuesto a la muerte”). Lo que quiere hacer el Gobierno es recuperar dos impuestos anacrónicos y obsoletos, sucesiones y patrimonio, que casi nadie aplica en la UE, y que, además de tener un poder recaudatorio muy bajo, tienen un efecto negativo económico muy alto en menor inversión, ahorro y atracción decapital a nuestro país.
Sucesiones y Donaciones recauda menos de 2.600 millones de euros, menos que las cifras de exceso de déficit que le parecen irrelevantes a la ministra y no financian servicios públicos, sino enormes redes clientelares y despilfarro.
La visión extractiva del Gobierno es tan evidente que saben perfectamente el impacto negativo de esos nuevos y mayores impuestos, pero les da igual. Les recuerdo mi artículo sobre la tasa unilateral a servicios digitales (“Impuesto unilateral a las tecnológicas”). ¿Por qué pretenden aprobar la mal llamada “tasa Google” y no cobrarla hasta diciembre? La respuesta es simplemente hilarante. Porque piensan que en noviembre puede perder Trump las elecciones y entonces no va a pasar nada. Es delirante y muestra el absoluto desconocimiento de la administración norteamericana. Lo de llamarlo “tasa Google” es en sí mismo una broma.
Una tasa que pagamos todos los usuarios de servicios tecnológicos y que se impone a empresas que facturan (facturan, no ganan) tres millones de euros… Como llamar “tasa Exxon” al impuesto de hidrocarburos. Lo pagamos usted y yo, perjudica a las pymes y le ponen un nombre de “malvada multinacional”. Hilarante. Era una muy mala idea antes y lo es ahora.
El Gobierno es consciente de lo poco que recaudarán, –ya lo han reconocido-, pero a ello se añade mucha pérdida para todos en inversión, crecimiento potencial, empleo e inversión.
Lo que quiere hacer el Gobierno no es armonizar, es hundir a impuestos una economía en ralentización y con enormes dificultades para reducir de manera seria el paro. Una batería de impuestos basada en el principio de recaudar lo que sea de donde se pueda, cueste lo que cueste.