En octubre del 2019, la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato CCOO publicaba su informe La capitalización de las prestaciones por desempleo. Entre otras cosas, el sindicato avisaba a Sánchez de que, tras las elecciones de noviembre, el nuevo Gobierno tendría que hacer sus deberes y retomar la senda de los cambios en el mercado de trabajo, ya iniciados con el acuerdo para recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años y la consolidación del subsidio extraordinario por desempleo.

Sánchez tenía pendiente abordar las prestaciones contributivas, las asistenciales y los vacíos de cobertura. Hay que recordar que, a partir del año 2010, se invirtió la tendencia y las prestaciones por desempleo contributivas dejaron de cubrir las asistenciales. Aunque la situación no es tan grave como en 2014 y 2015, el año pasado la proporción de prestaciones contributivas era de 41% frente al 59% de asistenciales.

Dicho y hecho. Como informaba ayer este diario, la ministra Yolanda Díaz, tras abordar la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 950 euros y la supresión del despido por acumulación de bajas laborales, ha decidido afrontar el sistema de prestación por desempleo. Su intención es ampliar y mejorar las prestaciones sin que sea necesario un aumento adicional de presupuesto ni de las cotizaciones. Porque “los ingresos actuales por cotizaciones, así como sus incrementos anuales esperados, sería suficiente”. Se trata de mejorar la eficiencia y la eficacia de los subsidios. Suena fenomenal. Pero sólo eso.

Es cierto que, al aumentar el SMI, aumentan también las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social que se fijan tomando el SMI como referencia. Y, de hecho, el Ministerio ha calculado que, por cada punto de aumento de las bases mínimas de cotización en Régimen General, el Estado va a recaudar 28,9 millones de euros más. Por otro lado, dado que el acceso al subsidio de desempleo exige que el beneficiario debe tener unos ingresos menores al 75% del SMI, al subir éste, también aumentan automáticamente el número de beneficiarios potenciales. ¿Qué efecto tendrá más peso? Pues habrá que verlo.

No obstante, el Ministerio no ha proporcionado muchos más datos. Se sabe que la reforma pretende unificar el sistema de subsidios para mejorar y ampliar las prestaciones y coberturas reduciendo el coste administrativo gracias a la automatización de las prestaciones. También se sabe que va a ser una reforma exprés que se quiere poner en marcha en un par de meses. Cuanto antes para que no nos paremos a pensar.

Porque una reflexión pausada nos muestra que esto es pan para hoy y hambre para mañana. El déficit de la Seguridad Social a medio plazo va a aumentar. Eso sí, los sindicatos deben estar más que satisfechos: están dictando la política laboral de nuestro país con menos de un 14% trabajadores afiliados en 2015 (último año en el que hay datos) y bajando. No es de extrañar que uno de los objetivos inmediatos sea restablecer el peso de los convenios sectoriales frente a los empresariales, devolviendo el peso de la negociación a estos lobbies financiados con impuestos de todos los españoles, que no miran por los intereses de los trabajadores sino por su propia cuota de poder.

Los sindicatos deben estar más que satisfechos: están dictando la política laboral de nuestro país

Con todo y con ello, mi nudo en el estómago no está en los números. Somos economistas. Podemos retorcer las cifras hasta que canten La Traviata. Lo que me hace temblar es que apenas hace un mes, el Gobierno reconoció abiertamente que las cifras de gasto derivado del subsidio para desempleados de más de 52 años que había defendido en octubre del 2019 y enviado a Bruselas estaban equivocadas. En lugar de 388 millones resulta que el gasto previsto es de 700 millones. Una nadería.

¿Quién va a fiarse ahora de las previsiones de Yolanda Díaz? Tengo sobrados motivos para dudar de la palabra del presidente y de las aseveraciones de varias ministras. Y parece que la Unión Europea tampoco se quedó contenta y nos llamó la atención por no cumplir con tres puntos muy relevantes: el ajuste del déficit estructural, el control del gasto público y la reducción de la deuda pública. Precisamente los tres aspectos que una panda de economistas españoles cenizos llevamos señalando desde hace tiempo.

Hasta dónde va a llegar el roto en las cuentas públicas es insondable. En esta situación, el Gobierno y sus acólitos no hablan armados con la contundencia de los datos, que bailan escondidos tras el telón de la confusión, sino con la fuerza de la fe ciega. Sigan creyendo.