El estallido de un conflicto social en el mundo agrario sigue una ley de Poisson: tiene una probabilidad muy baja, pero cuando sucede (cosa que ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de los últimos decenios) tiene unas repercusiones enormes no sólo en el sector sino para el conjunto de la economía española.

Pero a diferencia de otras revueltas pasadas, la actual es difícil que se pueda aplacar por el método tradicional –que no era otro que dar más dinero público– por la escasa disponibilidad de fondos tanto del presupuesto actual como sobre todo la perspectiva de un recorte importante de dinero procedente de la Unión Europea.

Esto supone un cambio dramático para la agricultura no sólo española sino en general europea, a la cual se le obliga a soplar y sorber a la vez. Al mismo tiempo que se exigen unos estándares de calidad y salubridad de los más altos del mundo (y a cambio de eso se le da una renta incondicional que es el primer pilar de la Política Agraria Comunitaria, PAC), se le obliga a competir en los mercados exteriores con productos cuyos costes son mucho más reducidos, que no están sometidos a la misma exigencia sanitaria o medioambiental y además provenientes de países con costes laborales y energéticos muchísimo más bajos que los europeos.

Por tanto, ante un nuevo escenario donde el dinero que antes se destinaba a agricultura ahora debe dirigirse a otros menesteres (cambio climático o seguridad y defensa), obliga a una buena parte del sector agrícola español a hacer, primero, una profunda reflexión acerca de su futuro y, segundo, empezar a sentar las bases de una importante reconversión económica que permita generar un sector potente que no necesite estar permanentemente subvencionado.

Esta búsqueda de un nuevo marco de mercado es extraordinariamente compleja debido a multitud de factores. El primero es el tamaño medio de la explotación agrícola, el cual es mucho más reducido que la media europea.

Según la última Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas realizada en 2016, en España hay 926.929 explotaciones útiles con una superficie total de 23 millones de hectáreas, de las cuales el 8% son de menos de una hectárea, el 25% entre 2 y 5 hectáreas y el 15% entre 5 y 10 hectáreas. En resumen: nada menos que el 78% de las explotaciones tienen menos de 20 hectáreas.

Por tanto, es necesario resolver un problema de escala: o bien en las explotaciones propiciando la concentración de pequeñas parcelas, o bien con tecnologías escalables que puedan ser aplicables en cualquier tamaño de finca.

Encontrar un modelo distribuido de aplicación de las nuevas tecnologías es ir un paso más allá del propio progreso tecnológico, ya que esto podrá venir en un estadio más avanzado. Para eso se necesita un sector viable y una redirección de las políticas públicas hacia la promoción de integraciones donde se eliminen los reinos de taifas existentes.

Segundo, ganar tamaño en las explotaciones es un asunto crítico pero complejo en un país con una estructura de propiedad tan desordenada como tiene España. El 93,5% de la propiedad de las tierras de cultivo es de personas físicas, normalmente de un único propietario y gestión de carácter familiar (con un grado de preferencia y capacidad de adoptar nuevas técnicas de forma muy limitada), siendo muy pequeño el territorio controlado por empresas de mediano y gran tamaño, apenas un 2,4% según los últimos datos del INE (2016).

Se trata, por tanto, de una propiedad muy dispersa, pequeña y con escasa presencia de empresas. Pero para más inri, un 3,2% del territorio cultivable no tiene una clara definición de los derechos de propiedad –posiblemente por conflictos de propiedad– y el resto son propiedades públicas y comunales, que apenas suman el 1% entre ellas.

Por tanto, el reto de redimensionar las explotaciones sigue estando encima de la mesa para poder hacer una implementación que aproveche las economías de escala y fomente las uniones entre propietarios y gestores a lo largo del territorio para poder conseguir objetivos de forma más rápida y repartiendo más eficientemente los costes.

Tercero y último, un elemento decisivo es el esquema de incentivos que tienen aquellos agentes que son los que cobran la mayoría de la PAC. Tras años de escuchar lugares comunes como que los grandes terratenientes son los grandes beneficiarios de la PAC, un reciente estudio de Unión de Uniones puso las cosas en su sitio destacando los datos del FEGA –donde aparece la identidad de los perceptores de pagos directos de la PAC y las cantidades– donde se puede ver que la Administración de mi tierra (la Junta de Castilla-La Mancha) es la mayor perceptora de fondos de la política agraria de toda España.

Pero no sólo ésta, sino el ranking de los 10 mayores perceptores son administraciones públicas y sociedades mercantiles del sector público. Con lo cual, no sólo son pagadores sino también perceptores a su vez, con lo cual no están dispuestos a asumir un recorte.

El Gobierno Sánchez se enfrenta, en suma, a un cisne negro que difícilmente podrá tapar con su habitual oportunismo táctico, y menos cuando una buena parte del levantamiento de los agricultores se está produciendo en territorios cuyos votantes son mayoritariamente socialistas.

***Javier Santacruz es economista