¿Sirve el decreto económico del ‘coronavirus’ para detener el pánico?

En este momento, la mayor parte de la opinión pública y los actores económicos cualificados discuten sobre si las medidas económicas decretadas por el Gobierno son suficientes para abordar la crisis del coronavirus. Para muchos serán suficientes, para otros no tanto.

Sin embargo, para evaluar si el decreto aprobado contribuye a detener el pánico en la ciudadanía, debemos partir de una primera premisa que es si está habiendo o no una respuesta coordinada de Gobiernos y Bancos Centrales, que son quienes tienen las herramientas ante lo que es naturalmente una crisis de demanda desde el origen y así sigue manifestándose, aunque en su desarrollo tenga consecuencias sobre la oferta.

Desde finales de la semana pasada de forma tímida se están viendo los primeros indicios de coordinación tanto a nivel europeo como internacional. Por ejemplo, el domingo 15 se produjo la primera acción coordinara de los seis Bancos Centrales occidentales más relevantes en términos de negociación en el mercado global de divisas, junto con la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de dotar las reservas internacionales de divisas de los Bancos Centrales a través de un incremento de los Derechos Especiales de Giro. Posteriormente, el lunes 16 concluyó con un Eurogrupo de urgencia donde también se ponían en la mesa medidas consensuadas entre los países miembros.

A pesar de estos primeros pasos, falta lo absolutamente esencial que es un G20 o, como segundo óptimo, un G7 que dé un mensaje contundente y de confianza a nivel global. En este sentido, es loable la petición del presidente Sánchez que realizó la tarde del lunes 16 al presidente de turno del G20 de convocar una reunión urgente.

Una respuesta conjunta tanto del mundo desarrollado como de los países emergentes es crucial a la hora de detener el pánico

Al igual que sucedió en octubre de 2008, una respuesta conjunta tanto del mundo desarrollado como de los países emergentes es crucial a la hora de detener el pánico que ha generado la expansión del virus y, lo que es más importante, dar confianza y certidumbre a empresas, trabajadores e inversores cuyas expectativas están en el bucle del miedo al contagio, el cual les impide ver el escenario que se generará el ‘día después’ de que se produzca el pico de la curva de contagios y se empiece a resolver la situación.

Pero mientras que se produce la unidad de acción, los Gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de pasar a la acción concretando políticas que, en la medida de lo posible, sean semejantes a las que han adoptado previamente otros países para que posteriormente sea más sencillo crear un ‘denominador común’.

En este sentido, el Gobierno Sánchez y más concretamente los ministros nombrados por el PSOE han tomado el mando (confinando a los de Podemos a un ámbito cuantitativa y cualitativamente testimonial) poniendo en marcha medidas de liquidez en varios frentes, similares a las que han tomado otros socios europeos como Francia o Alemania, pero con la vista puesta en no echar demasiada ‘leña al fuego’ de la prima de riesgo ante la incertidumbre en cómo actuará el Banco Central Europeo (BCE).

En este sentido, el Ejecutivo ha optado por dar ‘liquidez fiscal’ sólo por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, si bien lo deseable era una suspensión del pago de impuestos y aranceles, se ha preferido la ‘vía alemana’ con el objeto de financiar el sostenimiento de las empresas en este período de impasse productivo, para minimizar el impacto sobre la recaudación.

No se podían hacer simultáneamente las dos, dado que habría dejado a las cuentas públicas en una situación muy comprometida tanto en capacidad de recaudación como de atención de los compromisos prioritarios de gasto e inversión.

La modificación del reglamento de inversiones extranjeras abre la puerta a cambios significativos a medio plazo para regular el comercio de inversiones bajo unas reglas comunes

Pero si hay una medida de un calado estructural muy superior a las demás es la modificación que introduce el decreto sobre el control de las inversiones extranjeras en empresas nacionales. El Gobierno, haciendo hincapié acertadamente en el carácter temporal de esta crisis, opta por preservar la españolidad de las principales compañías españolas situadas en sectores estratégicos, antes que lanzarse como lo han hecho otros países a nacionalizar compañías que, dicho sea de paso, arrastraban de antes graves problemas de endeudamiento, viabilidad y estabilidad del accionariado.

Puede interpretarse como un "trato" con las grandes empresas: a cambio de mantener el empleo y de prestar el servicio urgente que marca el estado de alarma, se las protege de posibles movimientos hostiles. Ya se dio un primer paso que fue la prohibición de posiciones cortas durante un mes dictada por la CNMV el lunes 16.

Si bien éste es su papel a corto plazo, la modificación del reglamento de inversiones extranjeras abre la puerta a cambios significativos a medio plazo para regular el comercio de inversiones bajo unas reglas comunes (una igualdad de trato) y con una óptica de defensa de las posiciones españolas, por ejemplo, frente a terceros Estados.

En suma, este decreto contiene elementos interesantes de desarrollo a medio plazo, especialmente para el ‘día después’ del pico de contagios, donde la mayor parte de la sociedad seguirá noqueada por los efectos del confinamiento pero donde surgirán nuevas oportunidades para los siguientes años.

*** Javier Santacruz Cano es economista.