Para tratar de frenar la extensión vertiginosa de la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, los gobiernos de prácticamente de todos los países han adoptado gradualmente medidas dirigidas al distanciamiento social, llegando a la restricción de movilidad y al confinamiento domiciliario. Su aplicación resulta fundamental para mantener la capacidad del sistema sanitario y dar tiempo a la búsqueda de terapias curativas y preventivas, como se refleja en el gráfico que acompaña al lema flattening the pandemic curve.

Sin embargo, las medidas de aislamiento nos sitúan ante una dura encrucijada: controlar la curva de infecciones implica inexorablemente un parón sustancial de la actividad económica, provocando un empeoramiento del comportamiento económico en el corto, medio y, muy posiblemente, largo plazo.

En otras palabras, existe un cruel antagonismo entre la evolución de la curva de infecciones y la curva de crecimiento/recesión económica. Existe consenso generalizado en que durante la pandemia muchas empresas quebrarán o perderán capacidad productiva, lo mismo que muchas familias experimentarán caídas muy significativas en sus ingresos y verán rápidamente reducidos sus ahorros.

De hecho, la discusión de los analistas económicos se centra en si estamos ante una recesión profunda y duradera, o transitoria, con una pronta recuperación. La combinación de medidas sanitarias y económicas acertadas durante la pandemia, incluida su oportunidad temporal de aplicación, parece que jugará un papel determinante en el horizonte económico al que cada país se enfrente.

Ante este escenario, el papel de la política económica debe ser minimizar los costes económicos y sociales provocados por la infección vírica y por las medidas impuestas para atajarla. En este sentido, los expertos están diferenciando claramente dos momentos en los que deben operar las medidas de política económica, destacándose la importancia de su adecuación temporal: un primer periodo, coincidente con la expansión, mitigación y control sanitario de la pandemia; y uno segundo, a partir del momento en que se levanten con generalidad las restricciones impuestas a la movilidad.

La política económica debe minimizar los costes económicos y sociales provocados por la infección y por las medidas para atajarla

Durante la primera etapa, el principal reto de las medidas económicas debe ser dotar al sistema económico de la liquidez necesaria para evitar su colapso, evitando que desaparezcan muchas empresas productivas y rentables, esenciales para la etapa de recuperación, así como impedir una caída de rentas que lleve a muchos hogares a soportar elevadas pérdidas de bienestar, disparando la pobreza y la privación material.

Hay que advertir que oferta y demanda están irremisiblemente vinculadas a través de las relaciones laborales, financieras o de consumo o inversión, por lo que las medidas que se adopten no pueden diseñarse sin tener en cuenta sus interacciones dinámicas. Si este complejo reto no se logra, el riesgo de que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, simultáneamente para las empresas y las familias y, consecuentemente, para el sector financiero, y finalmente para el sector público, es muy elevado.

Un rasgo que está caracterizando esta crisis es la reivindicación del papel de la política fiscal, aunque su aplicación no puede concebirse sin una expansión monetaria capaz de financiarla con inmediatez, tal como evidencian las recientes decisiones de adquisición de activos por el Banco Central Europeo. Pero la política fiscal también tiene una vertiente microeconómica muy relevante, en la que la elección y concretización de las medidas debe venir determinada por la fase de la crisis en la que nos encontremos.

En el acierto al elegir y diseñar los programas fiscales nos jugamos mucho. Como hemos dicho, el objetivo primordial en esta primera fase debe ser poner en marcha, con la máxima celeridad, medidas que consigan que no desaparezcan demasiados negocios, ni que demasiados hogares pierdan sus rentas o se atrasen en sus obligaciones de pago.

La política fiscal tiene una vertiente microeconómica muy relevante

En el ámbito empresarial, la orientación de esos programas hacia la cobertura, mediante avales públicos, de los préstamos asumidos por las empresas parece ser la opción seguida por la mayoría de Estados de la Unión Europea.

En el ámbito de los hogares, se plantean diversas alternativas, aunque casi todas ellas dirigidas a tratar de mantener los salarios en un cierto nivel, a través de programas de subsidio salarial, independientes de los contributivos ya existentes.

En España se ha optado por la figura de los ERTE, aplicados durante la reciente crisis e inspirados (que no similares) en los planes de reducción de jornada alemanes (Kurzarbeit). En Dinamarca, las garantías para los préstamos de las empresas se han vinculado a la asunción por parte de estas de un 25% de los salarios, complementados por el Estado en el 75% restante (90% para trabajadores por horas), quien transfiere la subvención a las empresas para que abonen la nómina completa. 

Mecanismos de diferimiento de obligaciones fiscales y de cotizaciones sociales, o moratorias en el pago de hipotecas o alquileres de viviendas son otras medidas aprobadas en diversos países, con condiciones diferentes.

Desde hace unas semanas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones viene trasladándose una posición favorable a la aprobación de una "renta mínima" para hacer frente a las necesidades de liquidez de los hogares, aunque hasta el momento no se han concretado cuantías ni fechas, ni condiciones de elegibilidad.

En este sentido, tras el Consejo de Ministros del martes 31 de marzo, se ha informado que la vicepresidencia de Derechos Sociales, junto a dicho Ministerio, "siguen trabajando en una renta mínima vital que beneficiará a más de cinco millones de ciudadanos frente al Covid-19".

Por lo que se conoce, esta prestación estaría dirigida a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión en este momento de crisis y emergencia nacional. Por tanto, no se trataría de una renta básica de carácter universal, aunque claramente se habla de su vinculación con el ingreso mínimo vital, medida comprometida por el presidente del Gobierno en su programa de investidura.

Mi valoración es contraria a la oportunidad de este tipo de prestaciones con vocación universalista, al menos en esta fase de la crisis originada por la pandemia, pues a mi juicio tendrían una escasa eficacia, especialmente cuando el consumo se encuentra constreñido de forma importante.

Pero la principal objeción tiene que ver con la necesidad de focalizar con efectividad las medidas presupuestarias que deben servir para alcanzar el prioritario reto de liquidez apuntados. Ante las necesidades sociales expuestas, sin duda muy preocupantes, parecen más eficaces aquellas medidas dirigidas a asegurar el pago de alquileres, la moratoria de hipotecas o garantizar la cobertura de otras necesidades básicas, instrumentadas bien mediante prestaciones condicionadas a colectivos concretos, bien mediante la asunción directa de gastos con cargo al programa correspondiente.

Parecen más eficaces que la renta mínima las medidas dirigidas a asegurar el pago de alquileres o la moratoria de hipotecas

Hay que advertir, además, que si los criterios de elegibilidad se amplían, con el fin de incorporar un amplio número de destinatarios, su coste se disparará, distrayendo recursos presupuestarios que en este momento tienen usos alternativos más eficientes y, a medio plazo, más equitativos seguramente.

Como acaba de advertir Wojciech Kopczuk, economista de la Universidad de Columbia, en su blog, las transferencias generalizadas, como las "rentas básicas universales", no son un instrumento adecuado para una situación como esta, pues diluyen el esfuerzo presupuestario para garantizar liquidez entre todos los ciudadanos, sin tener en cuenta si estos han perdido o no sus ingresos y en qué intensidad. En definitiva, estamos en el momento de articular y gestionar una política fiscal eficaz para interés colectivo, y no de las medidas con vocación electoralista.

*** Jorge Onrubia es investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM) y de Fedea.

jorge.onrubia@ccee.ucm.es