"I don't need no doctor, ‘cause I know what's ailing me". Nick Ashford.
La crisis generada tras la pandemia del Covid-19 debe llevarnos a replantearnos muchos aspectos de la economía. Si algo hemos aprendido de esta crisis es la importancia de las cadenas de suministro, de la colaboración y de la gestión de recursos. Por ello, debemos rechazar contundentemente los cantos de sirena que nos llegan desde el intervencionismo y que lo que exigen es mayor intrusismo e intervención económica.
Esta no es una crisis por falta de gasto público, ni sanitario, sino por falta de prevención y gestión. Países con menor gasto público y menor gasto sanitario público per cápita como Corea o Singapur han demostrado ser un ejemplo de gestión de la pandemia, con muchos menos muertos. Lo mismo se puede decir de países cerca de Italia que han gestionado mucho mejor la pandemia, con menos muertos y menor impacto económico.
Tampoco es cierto que España tenga que elegir entre economía y vidas. Países líderes, desde Suecia a Corea y Singapur, pasando por Dinamarca o Austria, han tomado medidas serias para preservar la economía de la ruina y a la vez controlar la pandemia.
La lógica y la historia nos muestran que lo último que deberíamos hacer es entregar el control de la economía a personas que han fallado estrepitosamente en gestionar sus competencias.
Países con menor gasto público y menor gasto sanitario público per cápita han demostrado ser un ejemplo de gestión, con menos muertos
Esta crisis nos demuestra que necesitamos más Mercadonas, más Inditex, más empresas y menos políticos intervencionistas.
El Gobierno ha creado una crisis económica sin precedentes y con ramificaciones de largo plazo tomando la decisión de cerrar por decreto toda la economía sin tomar medidas coordinadas con las empresas y los gestores eficaces. Es, por tanto, ilógico pensar que el Estado va a ser el que soluciones los problemas económicos que ha creado.
Es también inmoral acudir al asistencialismo y las políticas que han demostrado ser un fracaso histórico, como los controles de precios o la renta mínima. Un Gobierno que cree que prohibiendo el despido se va a parar la sangría de empleo que han creado ellos, llevando a más de 122.000 empresas al cierre en marzo y el 30% de los trabajadores bajo subsidio de desempleo temporal o definitivo, no solo no debe mantener el poder que tiene, sino que jamás debería asumir mayores poderes.
El alza de precios por destruir la cadena de suministro por obligación gubernamental no se combate con controles de precios, que llevan a mayor desabastecimiento a largo plazo, sino con mayor competencia y apertura de cadenas de suministro. Un gobierno serio jamás propondría las medidas que han llevado al fracaso absoluto a la economía de Argentina.
Esta crisis nos demuestra que necesitamos más Mercadonas, más Inditex, más empresas, y menos políticos intervencionistas
La renta mínima es condenable desde el punto de vista económico y moral. La renta mínima vital es un subsidio a la obediencia, no una renta. España ya tiene renta mínima de inserción en las comunidades autónomas. Además, se va a pagar con más deuda que significa más recortes en el futuro. Es un desincentivo al trabajo y, de implantarse, se va a pagar con un dinero que no existe, es más deuda y peor recuperación a medio plazo. En un país con alta economía sumergida y que ha conocido el fracaso del PER (Plan de Empleo Rural), plantear una renta básica debería ser rechazado de entrada.
El relato de que el Estado tiene que monopolizar la economía es una falacia.
El Gobierno, primero, falla estrepitosamente en previsión y gestión, después destruye la economía con un cierre forzoso sin coordinar y consultar con las empresas y, después, se presenta como la solución.
España no tendría ningún problema en recuperar y fortalecer el empleo si el Gobierno no estuviera poniendo los escollos a la recuperación, el empleo y la inversión. Hay capital, talento y capacidad para reconstruir el país si nos proponemos atraerlos. En España no falta iniciativa para salir de la crisis y fortalecernos. Lo que sobra es la serie de zancadillas y medidas contraproducentes que el Gobierno está tomando.
Contaremos, además, con toda la ayuda de Europa y el Banco Central Europeo (BCE), pero esa ayuda no puede ser una donación para destruir la economía financiado con los ahorros de los socios miembros. Tiene que ser con condicionalidad y responsabilidad, y orientada al crecimiento y el empleo, no al intervencionismo.
Hay capital suficiente para reconstruir y fortalecer la economía tras la pandemia. Estimaciones independientes (CEBR) cifran en más de 13 billones de dólares el capital inversor de largo plazo buscando oportunidades para invertir.
El Estado no tiene que nacionalizar ni intervenir nada, solo permitir que la inversión fortalezca la recuperación y el empleo.
Tomar capital en empresas no las hace más seguras, las hace más débiles. No es una casualidad que la inmensa mayoría de los conglomerados industriales europeos nunca hayan recibido OPA extranjeras a pesar de las supuestas "valoraciones de derribo", más que cuestionables. La mejor manera de ser inexpugnable es ser más rentable y eficiente, no más débil e ineficiente.
El Estado no tiene que nacionalizar ni intervenir nada, solo permitir que la inversión fortalezca la recuperación y el empleo
El potencial de recuperación se paraliza cuando el Gobierno pone en riesgo la seguridad jurídica anunciando medidas antiempresa o amenazando con intervenciones obsoletas y expropiaciones.
El problema de España no es de capitalismo, sino de exceso de intervencionismo.
El estatismo más obsoleto no es la solución. Debemos tomar medidas urgentes para poder recuperarnos de manera eficaz. Para ello hay que:
1.- Reducir al mínimo absoluto el gasto administrativo e innecesario. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las Administraciones Públicas pierden al menos 10.086 millones anuales por pobre eficacia de las iniciativas públicas y la falta de medidas que aumenten la eficiencia y ahorro.
La AIReF, asimismo, muestra un gasto de 14.000 millones de euros anuales, sobre los que ninguna administración controla su gestión y sus fines. Adicionalmente, el gasto de 6.500 millones en políticas activas no mejora realmente las posibilidades de encontrar empleo de los beneficiarios. España se sitúa en el puesto 26 de los 36 países de la OCDE en cuanto a eficiencia del gasto público, según el índice de eficiencia elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
2.- Debemos tomar medidas urgentes para permitir hibernar al tejido productivo durante la crisis y atraer inversión cuando se recupere la economía. Ninguno de esos dos objetivos se va a conseguir manteniendo una fiscalidad extractiva e ineficaz. España no tiene una presión fiscal baja.
Tiene altos impuestos para todos y ópticamente baja eficacia recaudatoria porque no se permite reducir el paro, la economía sumergida y mejorar el tamaño empresarial. España recauda solo un 11% menos que la media de la Unión Europea (sobre PIB) porque tiene el doble de paro, empresas mucho más pequeñas y débiles, y más economía sumergida. Así, el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas que contribuyen se dispara mientras los políticos repiten que se recauda "poco".
En vez de atacar la economía sumergida y el paro, atacan a los creadores de empleo y contribuyentes, creando una espiral descendente en la que siempre suben los impuestos y luego dicen que se recauda poco. El estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation (Índice de Competitividad Fiscal Anual) muestra que España tiene una presión fiscal normativa un 8,1% superior a la media de la Unión Europea y muy superior a la media de la OCDE. Debemos aplicar una política de impuestos acorde a la realidad. Por eso reducir los impuestos al empleo y la inversión durante la crisis es clave para mantener el tejido productivo.
3.- El Estado tiene toda la liquidez y todas las ventajas, que las use para recuperarnos mejor. El Estado no va a sufrir a la hora de procurar los servicios básicos, sanidad, seguridad y pensiones. Contamos con todo el apoyo del Banco Central Europeo, el Estado se financia a tipos reales negativos y además tiene el apoyo total de la Unión Europea y de los mecanismos de solidaridad. Lo que hay que hacer es utilizar el enorme espacio fiscal que nos concede la Unión Europea para preservar el tejido productivo, fortalecer la recuperación y atraer toda la inversión que pueda llegar.
4. - Las medidas tomadas en marzo son obsoletas, estaban orientadas para un paréntesis de un mes con recuperación en V y ese escenario ha desaparecido. Los avales y medidas de deuda son parches ineficaces. Hay que dar líneas de liquidez sin recurso. El Estado tiene acceso a una liquidez sin precedentes por la política del BCE.
Debe usarla de manera eficaz. Un aval no es más que un apoyo para pedir un préstamo. La inmensa mayoría de las empresas españolas no tienen acceso a esos préstamos porque no tienen activos mobiliarios y el 70%, según la AEAT, estaban ya en pérdidas en el último ejercicio reflejado. No podemos ignorar el riesgo de crear una crisis financiera añadida a la actual si caemos en exceso de complacencia.
5.- Recapitalización urgente de los sectores devastados. España va a necesitar, en nuestros cálculos, al menos 150.000 millones de euros para recapitalizar las start-ups que están muriendo cada día, que serían nuestro futuro, para dotar de músculo a las empresas de sectores clave como el sector del automóvil que ya estaban en graves problemas en 2019 y no van a recuperarse en años, para el turismo que supone casi el 15% del PIB y va a enfrentarse a años de dificultades, para la agricultura que ya estaba en pérdidas por el aumento de costes e impuestos, y para la industria de maquila y exportadora que se va a encontrar con años de bajos pedidos industriales.
Solo se puede recapitalizar y recuperar el empleo con un Plan Día Cero de atracción de inversión mundial y creación de empleo con exoneración durante dos años de todos los impuestos al trabajo y la inversión. España puede convertirse en centro mundial de atracción de inversiones si eliminamos las trabas burocráticas y fiscales a la inversión.
6.- Recuperar el empleo en tres meses. España tarda entre 24 y 36 meses en recuperar el empleo perdido en una crisis. Esto ocurre por los innecesarios escollos a la contratación que existen en una legislación completamente equivocada y rígida. En Estados Unidos, el empleo perdido en un mes se estima que se recuperará en uno a tres meses. En Alemania, en dos a seis.
España puede recuperar todo el empleo perdido y crear mucho más si abandona las rigideces inútiles, el desproporcionado coste de contratar en un país en el que un salario de 950 euros le cuesta casi 1.475 al empleador, trabas que no nos han ayudado nunca y nos han llevado a entrar en esta crisis con un nivel de paro inaceptable (13,8%, que se ha disparado al 15% en un mes). España entraba en la crisis con el nivel de paro que los analistas estiman que alcanzará Alemania en el peor caso de la pandemia.
España tiene a su disposición las herramientas para salir de la crisis y hacerlo de manera sólida y fortalecida. Tenemos los activos, las empresas, el talento y la voluntad. Lo único que hace falta es que el gobierno deje de crear mayores problemas y que deje de presentarse como la solución a lo que ni puede ni sabe gestionar.
Es hora de más empresas y menos gestión política.