Ahora que el coronavirus ha dejado desvalida a la economía española quedan al descubierto los efectos de la brocha gorda con la que se aprobaron algunas medidas urgentes para los partidos políticos que se unieron para sacar adelante la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
Un ejemplo claro está en el mercado del alquiler y en la decisión de extender la duración de los contratos de arrendamiento con grandes tenedores de vivienda de tres a siete años. Un mecanismo que se puso en marcha para blindar los precios ante las subidas, pero también ante las bajadas, como la que se espera en el corto plazo. Y una cláusula que complica ahora poner en marcha más alquiler social porque el riesgo que tiene que asumir el tenedor es mayor de lo que hubiera sido con la vieja normativa.
El Covid-19 ha aparcado algunas de las urgencias del Gobierno de coalición, como el índice de control de precios del alquiler, y ha reorientado la política de la vivienda para poner el foco en lo que ahora es más acuciante: ayudar a las familias más vulnerables a pagar las hipotecas y los alquileres.
Joan Clos, presidente de ASVAL.
Hacer política de vivienda sin dinero es una quimera, así que a Pablo Iglesias le va a tocar formar parte de un Gobierno que, si quiere lanzar un plan ambicioso, tendrá que hacerlo de la mano de los grandes fondos internacionales que operan en España. Esos inversores a los que el vicepresidente de Derechos Sociales llamó 'fondos buitre' hasta cuatro veces en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros hace unas semanas.
El alquiler va a ser una de las piedras angulares de la política de vivienda de la era post Covid-19 y Joan Clos va a jugar un papel destacado en ese desarrollo.
Cansados del discurso simplista y demagógico de Unidas Podemos, un grupo de grandes operadores de vivienda en España (Albirana Properties, Tectum, Testa, Ares, Aedas Homes, La llave de oro) auspiciaron el nacimiento de una asociación para profesionalizar el alquiler con la idea de aglutinar también a quienes de verdad 'parten el bacalao' en este mercado: los pequeños arrendatarios. No se puede olvidar que los pequeños caseros son los propietarios de más del 95% de los pisos alquilados en España.
Joan Clos, José Luis Ábalos, Pablo Iglesias, Pedro Saura, Beatriz Toribio y Nadia Calviño.
El exdirigente socialista fichó como presidente de esa nueva asociación llamada ASVAL, cuyo lanzamiento estaba previsto para dentro de unos meses, pero se aceleró en plena pandemia. Se decidió adelantarlo para empezar a aportar soluciones y tener peso negociador en un momento en el que el Gobierno asistía a una tensa batalla entre Iglesias y Nadia Calviño a cuenta de las moratorias para el alquiler. Pulso que se saldó con la victoria de la vicepresidenta de Economía para alivio del sector.
Con Beatriz Toribio -figura conocedora y conocida en el sector inmobiliario- al frente del día a día en la dirección general de ASVAL (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler)-, la asociación está a punto de superar las 30.000 viviendas representadas, tras sumar socios particulares en sus primeras semanas de andadura.
El exalcalde de Barcelona es una voz respetada por el ministro que tiene las competencias, José Luis Ábalos, y por su secretario de Estado, Pedro Saura. Pero también por los grandes operadores internacionales con intereses en el mercado español, ya que fue director de Hábitat en la ONU sobre vivienda y desarrollo urbano.
Clos también se mueve bien en Cataluña, el laboratorio de pruebas de las políticas de vivienda más peligrosas para la propiedad privada que han puesto en el foco a los tenedores de más de 15 viviendas con su polémica normativa para regular la okupación.
Para contener las subidas del precio del alquiler no hay mejor receta que aumentar la oferta. Y es ahí donde el Gobierno debe jugar un papel relevante con su política de vivienda social. Pero el modelo -y más ahora que la deuda se va a disparar hasta rondar el 120% del PIB- no puede ser otro que la colaboración público privada.
Ábalos lo sabe y comenzó a trabajar en ello ya en la pasada legislatura. En ese contexto, la acogida de la asociación de Clos y Toribio ha sido buena en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana porque ahora más que nunca necesita interlocución con el mundo del dinero y experiencia internacional para buscar modelos en los que pueda inspirarse España.
La idea es sumar a otros grandes agentes para poner en marcha un modelo que, si funciona, relajará los precios del alquiler con mucha más eficacia que los decretos de brocha gorda ideados para dar titulares con los que ganar un puñado de votos.
ATENTOS A...
La idea que ha tenido la Comunidad de Madrid de cambiar la concesión de algunas licencias urbanísticas por una declaración jurada puede acelerar la recuperación económica en la región y paliar los efectos que está teniendo el cierre de la hostelería.
El retraso medio en España en la concesión de licencias de obra nueva es de 12 meses y el de licencias de primera ocupación de tres meses, según fuentes del sector inmobiliario. Esto supone un sobrecoste para el comprador de vivienda nueva y una disminución en la ahora hundida recaudación de los ayuntamientos en concepto de IBI urbano, Tasa de Vados y en el Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO).
Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y Juan Antonio Gómez Pintado.
El anuncio ha tenido una gran acogida entre los promotores, que parecen decididos a reactivar proyectos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprovechará así el tirón de un sector que ya está operativo y que, según los datos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha sacado a más de 20.000 trabajadores de la situación de ERTE.
Se sumará, además, el anuncio del consistorio de José Luis Martínez Almeida de agilizar las licencias de obra para atraer inversión nacional y extranjera. La música suena bien en el sector inmobiliario , pero estos anuncios van a reabrir el viejo debate sobre este peaje a la vivienda.
Juan Antonio Gómez-Pintado (presidente de Asprima) presentará este miércoles un informe elaborado por la asociación de los promotores inmobiliarios junto a EY en el que precisamente se analiza el coste de este "tributo invisible".
