Las largas semanas de confinamiento para contener la propagación del coronavirus han hecho que pasemos más tiempo en nuestras viviendas y, como consecuencia, nuestra percepción de sus espacios se ha intensificado. Ahora, somos más conscientes de sus déficit y, a la vez, de su potencial de mejora. 

Las ciudades y edificios actuales fueron planteados para responder a las demandas de generaciones anteriores cuyas necesidades se alejan cada vez más de las nuestras. Entre otras cosas, empleaban los recursos naturales como si fueran ilimitados cuando ya hemos tomado conciencia de que no es así y de que, continuar haciéndolo, tiene consecuencias nefastas sobre nuestro planeta.

La velocidad con la que están cambiando nuestras formas de vida, de trabajo y ocio; una esperanza de vida cada vez mayor que exige mayores cotas de accesibilidad tanto en nuestros edificios, como en los espacios urbanos, y las exigencias que derivan de Bruselas para acometer una transición energética y medioambiental que frene el cambio climático requieren una transformación urbana generalizada y profunda que esta pandemia y el confinamiento no han hecho más que enfatizar.

Las ciudades y edificios actuales fueron planteados para responder a las demandas de generaciones anteriores

En un momento de depresión económica, donde el número de personas desempleadas en nuestro país ya roza los cuatro millones y todo apunta a que el déficit público rondará el 10%, como consecuencia de las medidas que hemos necesitado y las que deberemos seguir manteniendo para hacer frente al contagio masivo del Covid-19, es más importante que nunca potenciar aquellos motores económicos que no se ven dañados y limitados por ellas. Es el caso de la construcción.

Antes de esta crisis sobrevenida, el sector de la edificación, especialmente de la rehabilitación de viviendas y edificios y la renovación urbana, ya tenía por delante un reto enorme. En España, los más de 25,5 millones de viviendas que constituyen el parque residencial deberían “actualizase” a un ritmo del 3% anual solo para cumplir con los compromisos para frenar la emergencia climática. Pero, además, esas mismas viviendas y edificios, en muchos casos, tampoco tienen la accesibilidad necesaria para acogernos durante nuestra tercera edad, ni las prestaciones adecuadas para preservar nuestra salud y mejorar el confort y la habitabilidad que nos ofrecen.

Más de 25,5 millones de viviendas del parque residencial deberían actualizase a un ritmo del 3% anual

La renovación de viviendas y edificios en los países europeos de nuestro entorno se ha situado en los últimos años en tasas de entre el 1,5% y el 2% anuales y están estableciendo políticas para acelerarla. En España, sin embargo, a pesar de su necesidad, en la última década las cifras se han mantenido sin incrementos en un 0,2%, casi 10 veces menos.

En términos de empleo, esa diferencia supone que, mientras la media de población activa ocupada en rehabilitación en los países vecinos es del 3,9%, en España este porcentaje apenas llega el 2,2%. Con políticas de impulso a la rehabilitación que permitiesen alcanzar ritmos parecidos, el sector podría generar unos 400.000 empleos, absorbiendo la mano de obra de personas que han perdido su trabajo en sectores directamente afectados por el Covid-19 y creando un empleo cualificado y estable a largo plazo.

Además de su efectividad social, las políticas públicas en el ámbito de la rehabilitación comportan la preservación e incremento del valor patrimonial de nuestro parque inmobiliario y son rentables, puesto que, entre retornos fiscales y la reducción en prestaciones de desempleo, ahorrarían a nuestro país más dinero del que se invierte en ellas.

La rehabilitación y la renovación urbana son dos asignaturas pendientes en España con un enorme potencial económico y de cambio que la Comisión Europea ya identificó en sus estrategias para 2030 y 2050 y como meta prioritaria en el European Green New Deal, y será determinante en los planes de recuperación que serán fundamentales ahora frente a los estragos provocados por el Covid-19.

Por todo ello, es necesario aprovechar la oportunidad que se nos abre impulsando la rehabilitación con un Plan Nacional de Renovación Urbana consensuado con el sector y los tres niveles de administraciones públicas actuantes.

Es un motor de recuperación que, reactivando nuestra economía y creando empleo, va a mejorar la eficiencia y la adecuación a nuestras necesidades de nuestras viviendas, edificios y ciudades y esto redundará en nuestra calidad de vida.

*** Lluís Comerón es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.