Esa máxima resume el "patriotismo fiscal" exigido por Pablo Iglesias, que se concreta en la implantación de un impuesto progresivo sobre la riqueza patrimonial neta de un millón de euros en adelante.
La propuesta tiene escasa capacidad recaudatoria, no beneficia en nada a los ciudadanos más vulnerables y penaliza el ahorro y la inversión: dos fuentes básicas del crecimiento económico y de la creación de empleo. Por eso, esta anacrónica figura impositiva no existe en casi ningún estado de la OCDE. Su instauración en España sólo obedecería a razones ideológicas y a un único propósito: arrojar a los leones de la envidia igualitaria a un sector de la sociedad española.
El Sr. Iglesias considera el capital como un activo que proporciona a sus propietarios un flujo constante y estable de beneficios procedentes de la explotación de los parias de la tierra hispánica, de la suerte cuando no obscuras actividades.
Este planteamiento desconoce u olvida que no sólo se requiere mucho tiempo, trabajo y sacrificios para construir un patrimonio, sino para mantener y aumentar su valor en un mundo cambiante y competitivo. La riqueza es una amante esquiva, y necesita cuidados intensivos. Pero ahí sólo empieza la historia.
El impuesto podemita recaería sobre activos que ya han sido gravados por el fisco. Los españoles tributan por los rendimientos de su trabajo a través del IRPF. Vuelven a hacerlo por las rentas obtenidas de sus inversiones.
Si tienen inmuebles, hacen frente al IBI; si venden una vivienda, pagan las plusvalías correspondientes; si la compran, soportan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; y si fallecen, sus herederos han de satisfacer el de Sucesiones, etcétera. En España, la riqueza soporta una aplastante fiscalidad y el Sr. Iglesias desea incrementarla.
La riqueza soporta una aplastante fiscalidad y el Sr. Iglesias desea a incrementarla
En este contexto, el impuesto planteado por el líder podemita debilitaría los incentivos a ahorrar de los ricos al reducir la tasa de retorno de su capital después de impuestos. Esto fomentaría su propensión a consumir, porque cuanto más gasten, menor será su factura fiscal.
En consecuencia, se produciría una caída de los fondos disponibles para invertir y, por tanto, para crecer y generar puestos de trabajo. En un país, España, con una tasa de ahorro nacional precaria, esto es letal.
Un Gobierno es capaz de aumentar sus ingresos al aplicar un tributo a quienes considera ricos, pero ese efecto es efímero. Los millonarios no permanecerán impasibles ante una termita tributaria que devora año tras año sus ahorros. Esto producirá una fuga de capital financiero y humano hacia territorios con menor vocación vampírica, lo que empobrecerá el país y reducirá la recaudación. Así sucedió en Francia cuando Hollande implantó un Impuesto de Solidaridad que expulsó del Hexágono a 2,5 millones de galos, incluido Obélix (Depardieu). En su desesperada huida del fisco francés, uno de los héroes galos por excelencia se hizo ruso.
Tampoco la Tasa para la Reconstrucción contribuiría, como sostienen sus paladines, a reducir la desigualdad de riqueza existente en España que, por cierto, es muy inferior a la media de UE de acuerdo con los datos de Eurostat. Dicho eso, si se lograsen recaudar los 11.000 millones anunciados por sus promotores y se distribuyesen entre los ciudadanos en riesgo de pobreza, éstos recibirían la extraordinaria cantidad de 76 euros al mes.
Si se lograsen recaudar los 11.000 millones anunciados, los ciudadanos en riesgo de pobreza recibirían 76 euros al mes
Sin duda, una cantidad decisiva para mejorar su situación. La capacidad redistributiva es aún menor si se tiene en cuenta que ese cálculo se ha realizado con los últimos datos de riesgo de pobreza disponibles, que obviamente corresponden a una economía aún en expansión.
Es probable que un Gobierno sea ignorante e incompetente, pero no tanto. La voluntad de poner en vigor un tributo sobre la riqueza se suma a otras medidas que ponen en peligro la supervivencia de cientos de miles de pymes y de autónomos.
Parecería que el gabinete social-podemita o, al menos, su ingrediente morado tiene por meta depauperar a los unos y estimular la salida de España de los otros; esto es, promueve la desaparición de los individuos ubicados en los sectores de la sociedad y de la economía con una mayor independencia del Estado. Sigue vigente la célebre máxima del juez Marshall: "El poder de imponer tributos es el poder de destruir".