Se cumplía ayer, domingo, el tercer aniversario de la madrugada en la que se resolvió el Banco Popular, un episodio financiero que sentó un peligroso precedente al quedar demostrado cómo los propietarios de acciones de un banco pueden levantarse un día no con sus títulos a valor cero, sino sin que sean suyos.

Tras el parón de la instrucción judicial de este caso por el Covid-19, el juez José Luis Calama ha acelerado la causa, que iba a finalizar en octubre, pero ahora cuenta con dos meses y medio más para compensar el tiempo perdido por la pandemia. El magistrado parece decidido a acordar todas las diligencias que considere oportunas de aquí a otoño para no prolongar la instrucción, si bien no se descarta que algunas tengan que practicarse incluso en 2020, cuentan fuentes conocedoras del proceso.

Calama ya ha puesto nueva fecha para que declaren como testigos el exministro de Economía, Luis de Guindos y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Su idea es que pasen por la Audiencia Nacional el que fuera inspector jefe asignado a la entidad, Ignacio Pardo, y la directora de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, entre otros.

Aunque goza de inmunidad, König tuvo un papel crucial en la resolución del banco, puesto que fue la JUR la que precipitó la fuga final de depósitos cuando afirmó a Reuters que estaba preparando una resolución del Banco Popular el 31 de mayo de 2017, una semana antes del fatal desenlace.

Han pasado ya tres años y la ofensiva de los fondos internacionales para abrir nuevos frentes en la investigación en España viene a mostrar que no está claro que este caso vaya a acabar con culpables.

El juez parece querer poner fin a la instrucción para poner la causa en orden. Para ello, es posible que necesite más información de los peritos del Banco de España que aportaron un extenso informe en el que había algunas afirmaciones contundentes, pero después en su declaración en la Audiencia Nacional se quedaron en 'zona de grises'.

Según fuentes presentes en la causa, al juez, al fiscal y a las partes personadas les hubiese gustado más que los peritos "se mojaran".

Sí se expresó con rotundidad el que fuera gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el último en pasar por la Audiencia Nacional antes de que el coronavirus pusiera fin a la 'vieja normalidad'.

Cuentan que en su interrogatorio como testigo llegó a tener un roce con el fiscal a cuenta de la responsabilidad penal en el caso. Linde -que fue el hombre propuesto por Luis de Guindos en 2012 para capear la tormenta de la crisis financiera tras la crisis de Bankia- afirmó que de los requerimientos que el Banco de España efectuó a la entidad bajo la presidencia de Ángel Ron y Emilio Saracho "no suponían ni una irregularidad administrativa ni penal".

El exgobernador cerró así filas con un banco que cuando él presidía el Banco de España era la comidilla en el mundo financiero por su empacho de 'ladrillo', aunque nadie imaginaba que iba a acabar engullido por el Santander por un euro (más la ampliación de capital de 7.000 millones de euros).

Por cierto, que -salvando las distancias y sin la perspectiva del tiempo- hay entidades todavía en España que son objeto continuo de runrún porque la rentabilidad del negocio bancario ha dejado de ser lo que era, solo que ahora el gobernador vive aliviado por la cesión de competencias a Fráncfort y centrado en su carrera europea. 

Volviendo al caso del Popular, el futuro judicial de los dos últimos presidentes no está ligado, aunque es vital para sus defensas que de sentarse en el banquillo, ninguno lo haga en solitario.

La Audiencia Nacional investiga dos piezas. La primera, que afectaría a Ron, sobre posibles delitos en la ampliación de capital de 2016, y la segunda, a Saracho, sobre posibles delitos de manipulación de mercado por las filtraciones que precipitaron el final del banco que la funcionaria europea König se encargó de aderezar.

A diferencia de otros casos, como el de Bankia o el de Pescanova, en el Popular no hubo un auditor que denunciara irregularidades en las cuentas. Aquí, PwC no encendió ninguna alarma al auditar las cuentas.

Tampoco lo hizo el ahora presidente de la CNMV, Sebastián Albella, cuando como socio de Linklaters asesoró al consejo de administración del banco en la ampliación de capital.

El juez ha llamado a Albella como testigo y acudirá a la Audiencia Nacional el 17 de septiembre. Lo ha citado después de que los abogados de Ron -José Antonio Choclán y Javier Velasco-, entregara un escrito al magistrado para solicitar que pida la documentación del encargo a Linklaters, como avanzó este periódico en exclusiva.

Su intención es desmontar las declaraciones de Albella afirmando que su visto bueno a la ampliación de capital del Popular fue "un ejercicio teórico". Quieren dejar constancia de que el ahora presidente de la CNMV tuvo en sus manos las cuentas del banco.

Precisamente la defensa de Saracho envió también otro escrito en el mes de febrero -del que no se ha publicado nada en prensa hasta la fecha-. Representado por Carlos Gómez Jara y Jesús Santos este último de Baker & McKenzie), el último presidente del Popular pidió al juez que llame a declarar a los funcionarios de la CNMV que abrieron un expediente sancionador al banco por las cuentas de 2016.

A Calama se le acumula el trabajo, pero la causa sigue en 'zona de grises' para intranquilidad de los bonistas y de los despachos de abogados que se han personado para ver si los accionistas pueden recuperar algo.

ATENTOS A...

Ana Botín, sigue queriendo liderar el discurso de inclusión más allá del género. La presidenta del Banco Santander publicó un tuit la pasada semana en la que mostraba su empatía con "el dolor, la ira y la ansiedad" que ha generado en muchos estadounidenses el homicidio del afroamericano George Floyd, víctima de una brutal actuación policial.

La mujer española más influyente del sector financiero quiere aplicar a su liderazgo en el Santander lo que Malcolm Gladwell llama en su libro Blink "inteligencia intuitiva". Un manual que ha leído y que pretende explicar cómo somos capaces de saber la verdad sobre la valía de las personas o la veracidad de una información en tan solo dos segundos si eliminamos el contexto innecesario.

Un contexto que siempre está 'intoxicado' por factores que no deberían ser determinantes como las connotaciones del género, la raza o incluso la altura de un aspirante a ascender en su carrera.