En un momento de polarización política y crispación social como el actual al empresario o ejecutivo le cuesta hacerse una foto con un político. Puede traer más problemas entre sus clientes que ventajas. Y al mismo tiempo, hay políticos, muchos de ellos en el Consejo de Ministros, que tampoco quieren hacerse una foto con el mundo de la empresa.

Es en este barrizal en el que lleva caminando Antonio Garamendi desde que asumió las riendas de la CEOE, pero en especial, desde que el covid-19 desató una tormenta económica sin precedente que amenaza con la supervivencia de buena parte del tejido empresarial español.

"Nos ha llegado la peor crisis, con el peor Gobierno", se ha escuchado decir en privado a algunos representantes empresariales en los últimos tres meses. Visto lo visto en la Comisión para la Reconstrucción de Patxi López se podría también decir, "la peor crisis, con el peor parlamento".

Pero es lo que ha votado el pueblo español y es el foro en el que toca impulsar la recuperación porque será una mayoría parlamentaria la que decida a dónde hay que derivar los fondos que la Unión Europea mandará a España a partir del próximo año para modernizar la economía, quién sabe si con Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo.

Además, el hecho de que sea a cambio de reformas estructurales obligará a volver a hablar de la olvidada "agenda reformista" para trabajar en la consolidación fiscal, el retraso de nuestro mercado laboral y si hay suerte, en un nuevo modelo educativo acorde con el presente que algunos siguen llamando futuro. 

Dicen que todas las crisis son oportunidades -también que en todas ellas aumentan las desigualdades- y con el recuerdo vivo de lo que supuso la crisis que arrancó en 2008 y tocó fondo en España en 2012, las grandes empresas españolas quieren impulsar como sea la recuperación. 

Quieren hacerlo de forma silenciosa porque no es fácil navegar en las aguas agitadas por los socios de investidura. El último ejemplo lo dio la CUP en la sesión de la comisión para la reconstrucción del pasado jueves, cuando su diputado Albert Botran espetó a Garamendi y Gerardo Cuerva (presidente de Cepyme) que los empresarios "tienen mucho poder" porque "influyeron para retrasar el confinamiento" 15 días, entre otras ocurrencias.

Por eso llama la atención la macrocumbre de 10 días que acogerá desde esta semana la CEOE con toda la plana mayor del Ibex 35 y grandes empresas españolas. Es un ejemplo de unidad empresarial (de la que bien podría tomar nota la política), pero también es el respaldo de todo el mundo de la empresa a la figura de Garamendi.

Nunca la patronal de los empresarios había celebrado un evento de estas dimensiones. Un foro que se montó descolgando el teléfono en poco más de una semana.

La gran cumbre que se inaugura este lunes tiene mucho significado. Primero porque las grandes empresas quieren mandar el mensaje de que están a disposición de la sociedad para aportar ideas, recursos y trabajar en la colaboración público-privada para impulsar la recuperación económica que afronta España.

Son nuevos tiempos para la responsabilidad social corporativa y más allá del interés económico de las grandes corporaciones porque sus clientes preserven la salud para que sigan comprando, también hay un cambio de mentalidad entre los consumidores que prefieren acudir a las empresas comprometidas.

Pero, en segundo lugar, también es importante por el aval que supone para la CEOE contar con el respaldo total de los top del Ibex 35 y de la gran empresa española de cara a sus negociaciones con el Gobierno. Además, esa imagen de apoyo se trasladará en un foro por el que también pasarán ponentes como Javier Solana. 

La gran empresa no quiere repetir los errores del pasado con el Consejo de la Competitividad que lideró César Alierta con Emilio Botín e Isidro Fainé. Pero eso no significa que quiera desentenderse de las decisiones que se adoptan en España en materia laboral o tributaria. Al mismo tiempo, para Pedro Sánchez es importante tener respaldo del mundo del dinero, aunque no quiera decirlo en público.

Tras el fiasco de aquel Consejo de la Competitividad que acabó disuelto, en el Ibex 35 se considera que debe ser la patronal quien lidere la acción de lobby. Ana Botín, José María Álvarez-Pallete y Pablo Isla son tres de los grandes valedores de Garamendi, puesto que consideran que tiene las cualidades y la capacidad necesaria para llevar la voz de las empresas españolas ante el mundo de la política.

Y Gerardo Cuerva también se está haciendo su hueco como presidente de Cepyme. Se vio en el acertado discurso que pronunció en el Congreso, cuando recordó que siempre se habla de los trabajadores que se han quedado sin empleo y nunca de los empresarios que lo han perdido todo.

En concreto, ya van en esta crisis 333.000 empresarios que han cerrado la persiana, en muchos casos con deudas pendientes y tras arriesgar su patrimonio.

El covid ha acelerado muchas transformaciones. Una de ellas ha sido la de la empresa como agente que no solo trabaja para sus accionistas sino que también cuida de sus clientes (es decir, de la sociedad). Y teniendo esto presente, se verá que no es baladí que los empresarios hayan elegido al presidente de Inditex y al de Mercadona, Juan Roig, -después de su papel durante la pandemia- para inaugurar este foro.

ATENTOS A...

Por suerte para las cotizadas españolas, los fondos activistas no han hecho grandes operaciones en España, una anomalía entre las economías desarrolladas. Sin embargo, algunas de las exigencias que estos fondos imponen ya se están tomando en consideración por las empresas de la Bolsa. Entre otros motivos, porque algunas coinciden con las peticiones de los inversores a la hora de financiar sus proyectos.

Es el caso de mejorar la gobernanza, algo que cuesta entender incluso a algunas empresas del Ibex 35, pero en lo que tienen que trabajar para no quedarse atrás respecto a sus competidoras internacionales.

Con la excepción de algunos grupos que están muy avanzados en este terreno, cuentan fuentes financieras que a los grandes fondos les sigue sin convencer el poder de algunos presidentes de empresas españolas que también tienen en sus manos los poderes propios del consejero delegado.

Tampoco les acaba de gustar la fórmula de retribución variable que se ha impuesto en el Ibex 35 y el resto del mercado. No tanto por las cuantías, como por la poca transparencia con la que se concede. A los fondos no les importa que los ejecutivos ganen altos sueldos si cumplen con su trabajo, pero quieren que lo hagan con parámetros públicos y precisos. Y son varias las compañías españolas que se han sentado ya con asesores en este terreno, como PJT Camberview.