La cumbre de empresarios organizada por la CEOE es una respuesta lógica a la demagógica y politizada “comisión de reconstrucción”, una aberración en un país donde el tejido industrial, el talento, el capital inversor y la capacidad de innovación están intactas.
En Italia ya se ha presentado un documento con 102 medidas urgentes elaborado por el Comité de Expertos de Asuntos Económicos y Sociales, presidido por Vittorio Colao, que fue Consejero Delegado mundial de Vodafone.
Aquí tenemos una comisión de “reconstrucción” que, ante cualquier intervención de economistas o empresarios, lanza soflamas anti-empresa con el sectarismo de Granma, el medio de propaganda del Partido Comunista de Cuba.
Vittorio Colao, ex consejero delegado de Vodafone, en una imagen de archivo.
Entristece que los grandes titulares de esta cumbre de empresarios se centren en que los congregados pidan cosas que deberían estar garantizadas. En un país con un gobierno serio no debería ser necesario reunirse con urgencia para pedir estabilidad, seguridad jurídica y fiscal, consenso y fomento del empleo. Desafortunadamente, en España hemos llegado a un nivel en el que hay que pedirle al gobierno algo que debería estar garantizado.
Entristece todavía más leer a algunos comentaristas que ridiculizan la cumbre diciendo que los empresarios del Ibex se han hecho socialistas cuando ninguno de sus adorados redistribuidores de la nada han hecho el más mínimo esfuerzo por ayudar en esta crisis, mientras las empresas ponían a disposición de los ciudadanos todas las herramientas, bienes y servicios, donaciones y facilidades para mitigar el efecto de la crisis.
Es una pena que la demonización de los creadores de empleo y las empresas llegue a tal nivel que nos encontremos con la sorprendente insinuación de que las empresas, que siempre han abogado por una colaboración público-privada orientada al crecimiento y el empleo, han descubierto ahora lo que han llevado a cabo siempre: inversión en un entorno de cooperación leal.
La fuga de capitales de España ya alcanza los 22.000 millones de euros en un trimestre. Esto debería ser un titular diario en los medios de comunicación. Los constantes ataques a la seguridad jurídica e inversora y el insulto a la inteligencia de los votantes con soflamas guerra-civilistas cercenan el potencial de crecimiento y creación de empleo de España, además de la capacidad de salir de la crisis rápido y de manera sólida.
La fuga de capitales en España alcanza ya los 22.000 millones de euros en un trimestre.
Los empresarios viven cada día con la incertidumbre. Invertir y crear empleo siempre se hace tomando riesgo y asumiendo incertidumbre. Lo que no es aceptable es que se añada a la incertidumbre inherente a la inversión la certidumbre de que se va a atacar el fruto de esa inversión con una política fiscal extractiva y confiscatoria en la que unos señores que no han creado un puesto de trabajo en su vida nos dicen que pagamos pocos impuestos para mantener sus redes clientelares y sus políticas extractivas.
Defender un marco regulatorio y fiscal que permita crear empleo, invertir y fortalecer la colaboración público-privada no debería ser un titular, debería ser una obligación de todos los servidores públicos, que viven precisamente de los ingresos generados por el sector privado.
Es preocupante que en un país con el potencial y oportunidades de España tenga que crearse una cumbre paralela de empresas que contraataque los mensajes anti-inversión que algunos miembros del gobierno están lanzando hacia el exterior. Es muy triste que el presidente del gobierno no la inaugure. Y es mucho más alarmante que una parte del gobierno busque dinamitar el potencial de recuperación de España y mantenga las amenazas a creadores de empleo e inversores.
España es más grande que sus problemas. Saldrá de la crisis gracias a las empresas, los autónomos y los inversores. Para hacerlo rápidamente, tendríamos que hacer dos cosas: Eliminar la “comisión de reconstrucción” creada por y para políticos extractivos y dejar respirar a los creadores de empleo.
