La discusión sobre el tamaño del Estado tiene una importancia fundamental. España ha entrado en la crisis con unos elevados niveles de déficit y de deuda pública que van a crecer de manera exponencial en el horizonte del corto, del medio y del largo plazo y cuya trayectoria es insostenible. Tener en cuenta esta cuestión es vital cuando se pretende establecer la incompatibilidad entre la reducción del gasto público y la equidad social.

En realidad, identificar los ajustes presupuestarios con una menor justicia redistributiva es un eslogan político útil, pero no se corresponde con la realidad. En cualquier caso, un Estado cuyas finanzas no cumplen las condiciones mínimas para asegurar su sostenibilidad no es una garantía, sino un peligro para salvaguardar los programas sociales básicos.

A diferencia de lo sostenido por la sabiduría convencional, los países con Estados Pequeños (ratio gasto público/PIB inferior al 40% del PIB) presentan mejores indicadores sociales y económicos que los Medianos (gasto público/PIB entre el 40 y el 50%) y que los Grandes (ratio gasto público/PIB mayor del 50% del PIB).

Los países con 'Estados Pequeños' (ratio gasto público/PIB inferior al 40% del PIB) presentan mejores indicadores sociales y económicos que el resto

Así pues, la correlación Mayor Estado-Mayor Bienestar Social es espuria; pertenece más al campo de la mitología que al de la economía. Esta tesis se ve apoyada por una abrumadora literatura y evidencia empírica, por desgracia, poco conocida fuera de los ambientes académicos.

Los dos métodos clásicos para medir cómo la hace el Gobierno son los índices de eficacia y de eficiencia económica. La primera hace referencia a los resultados sociales y económicos obtenidos por el Estado con unos determinados medios-recursos: calidad de la administración y de las infraestructuras, de la educación y de la sanidad, estabilidad económica, y distribución del ingreso.

La segunda tiene por finalidad determinar si los gobiernos derrochan o no el gasto público que gestionan para conseguir aquellos objetivos; es decir, si el coste de los recursos empleados para suministrar bienes y servicios públicos es mayor que el beneficio que éstos proporcionan. Además, esta metodología permite establecer comparaciones entre los países.

España sale muy mal parada en términos internacionales. Ocupa el puesto 18 entre los 21 países de la OCDE para evaluar la eficacia de su sector público. Obtiene una calificación general de 0,86, un 14% inferior a la media de esa organización. Sólo lo hacen peor Portugal, Grecia e Italia.

En cuanto a eficiencia, se sitúa en el puesto 15 con una nota del 0,74, un 26% inferior al de la media del área económica señalada. En otras palabras, el Estado español es de los más ineficaces e ineficientes del club de las economías desarrolladas, lo que es paradójico dado el promedio de los desembolsos del Estado durante los últimos 10 años, un 44,3% del PIB (Ver El Mito del Estado Grande. España: un sector público ineficaz e ineficiente, Freemarket, junio 2020).

Las invocaciones de la izquierda a un aumento de la dimensión del Estado para mejorar el bienestar de los ciudadanos son poco consistentes

Cuáles son las economías más eficientes, esto es, aquellas que extraen mayor rentabilidad del gasto público que consumen: Japón, Suiza, Irlanda y EEUU. Todos esos estados tienen una participación del Estado en el PIB por debajo del 40%.

Cuáles son las menos eficientes: Italia, Finlandia, Suecia y Francia, farolillo rojo de la clasificación. Todos esos países tienen ratios gasto público/PIB por encima del 50%. Desde esta perspectiva, las invocaciones de la izquierda a un aumento de la dimensión del Estado para mejorar el bienestar de los ciudadanos son poco consistentes.

En este contexto, el Estado español podría cumplir sus funciones básicas de un modo más eficaz y eficiente si se concentrase en la creación de un marco institucional que protegiese los derechos de propiedad y el imperio de la ley, proporcionase los bienes públicos esenciales y estableciese un sistema de cobertura social básica que se focalizase en mejorar la posición de quienes están en los escalones más bajos de la distribución de la renta.

La evidencia española y la comparada muestra con nitidez que, en promedio, los Estados Pequeños producen mejores resultados, incluso en ámbitos como el de la distribución del ingreso, que los de tamaño Mediano y Grande. Esto también refleja lo injustificable que resulta tener unos niveles de fiscalidad tan elevados como los existentes en España y en gran parte de la UE.