Finalmente, Unidas Podemos ha conseguido su renta básica. Si no fuera porque piensan en su no caducidad, sería una medida adecuada para los próximos 12 meses, mientras conseguimos librarnos del covid-19. Sin embargo, el componente ideológico es más fuerte que la racionalidad económica.

Simplemente, se piensa en donar dinero con cargo a los Presupuestos del Estado, es decir, con cargo a los impuestos de las clases medias, en lugar de intentar que esa renta básica pueda tener una cierta utilidad, y me refiero a ver en qué medida situaciones desde siempre controvertidas, como la prostitución o el 'top manta', podrían ser solucionadas, al menos parcialmente, por una renta básica bien dirigida.

El caso de la prostitución es probablemente el más llamativo, ya que, desde que Franco la prohibió en 1956, pocos negocios han sido tan florecientes y tan consentidos como éste. Es evidente que, si no hubiera proxenetas y burdeles, sería difícil que la prostitución tuviera el auge que tiene, y que ha supuesto que muchos hombres se hayan ofrecido a sacar el perro a la calle durante el periodo de pandemia, para conseguir llegar al 'piso de sus sueños' y poder seguir satisfaciendo sus necesidades carnales. La verdad es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, especialmente cuando las autoridades hacen oídos sordos a un drama que denigra la dignidad de las mujeres y favorece la existencia de mafias de trata de blancas.

Muchas de las mujeres que se dedican a este negocio ilegal lo hacen porque no tienen otra opción, y parece lógico que prefieran seguir viviendo a morir en la indigencia; pero si se les ofrece una opción, como por ejemplo una renta básica de 600€ y un sitio donde vivir durante los próximo tres años, a cambio de que se comprometan a aprender un oficio y a integrarse en la sociedad, pienso que muchas de ellas lo aceptarían, y además, estarían dispuestas a denunciar a las redes mafiosas de proxenetas, con lo cual se sacaría de la calle a gente inmunda que sólo hace daño a nuestra sociedad.

En la misma línea, desde hace muchos años, con el fenómeno de la inmigración ilegal, se han formado redes de productos falsificados que se venden a bajo en precio en las calles mediante su exposición en mantas que son fácilmente recuperables cuando se atisba la llegada de la policía.

Estos inmigrantes llevan en muchos casos cinco, 10 o incluso 15 años en España, y pienso que, a lo mejor, se les podría hacer una oferta similar a la de las prostitutas, una renta básica de 600€, un lugar social donde vivir y una formación que les permita incorporarse en un plazo de tres años a la sociedad, garantizándoles los 'papeles' si culminan con éxito el reciclaje.

Seguro que podemos encontrar otros colectivos a los que poder aplicar de forma útil esa renta básica, y esto no es un tema de izquierdas o de derechas, sino de gestión económica y social de cualquier Gobierno, que ahora tiene la oportunidad de solucionar problemas endémicos de la sociedad española y de eliminar parte de la delincuencia tradicional de las calles.

Por supuesto, que habrá que matizar, estudiar el tema y ajustarlo a la realidad de la vivencia de estos colectivos, pero creo el gasto de la renta básica, que va a ir directamente a la emisión de nueva deuda pública, debería tener una utilidad, más allá del lógico deber de una comunidad, como la española, de alimentar a sus ciudadanos en una situación especialmente comprometida como es la actual.

El gasto de la renta básica, que va a ir directamente a la emisión de nueva deuda pública, debería tener una utilidad

Tenemos antecedentes de dinero gastado inútilmente, como el famoso Plan E de Zapatero. La renta básica puede ser un instrumento, al que yo calificaría de necesariamente temporal, que tiene la oportunidad de ser útil a nuestra comunidad, en lugar de un titular de prensa para favorecer a nuestros políticos. Aprovechemos la ocasión y extendamos esa renta básica, temporalmente, a determinados colectivos que necesitan de ayuda para superar una situación que, en muchos casos, les ha sido impuesta por las circunstancias de la vida, y por la injusticia social que impera en el mundo.

Y para evitar el famoso 'efecto llamada', limitemos temporalmente la medida, es decir, que afecte solamente a las personas que estuvieran radicadas en España al inicio de 2020, y que acepten el reciclaje voluntario antes de finalizar el año.

Con ello, conseguiremos algo importante, sacar a la gente de las calles y que deje de participar en negocios ilegales, y que además se pongan a trabajar, porque si algo necesita este país es que deje de haber tanta gente ociosa. El 30% de los españoles se alimentan a sí mismos, a sus familias y al 70% restante de la población (jubilados, funcionarios, parados, etc.), y esa ratio no es admisible, y por supuesto, es bastante peor que en otros países de nuestro entorno.

El 30% de los españoles se alimentan a sí mismos, a sus familias y al 70% restante de la población (jubilados, funcionarios, parados, etc.) y esa ratio no es admisible

Si asumimos que habría que reindustrializar España, que habría que limpiar los bosques de rastrojos para evitar incendios en verano, que hay que recoger peras y melocotones en los campos y los agricultores tienen dificultades para encontrar mano de obra, que hay pueblos abandonados en la Meseta con buenas tierras y con abundancia de agua, que podrían ser labrados y puestos en explotación, que se necesita evitar la dependencia de productos sanitarios importados de terceros, etc., puede que si realizamos este tipo de iniciativas consigamos una relación coste laboral/beneficio suficientemente buena como para poder reducir la economía sumergida en nuestra país, evitando uno de los lastres peores que tiene España.

Tranquilos que, como la mayor parte de las prostitutas y la totalidad de los 'sin papeles' no vota, esto no interesa a nuestros políticos, así que, ¿para qué preocuparse por ello? Que se ocupen Cáritas y las monjitas.

*** Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo.