La imagen estival de Gobierno y agentes sociales en los jardines de La Moncloa que dejó la firma del Pacto para la reactivación económica y del empleo no impidió que el pasado viernes pudiera verse el hielo que separa a Pedro Sánchez de los empresarios en un momento en el que España afronta la que José María Álvarez Pallete ha calificado como la peor crisis de su historia desde 1874.

Con el presidente animando a consumir a los españoles y a que aprovechen el verano para olvidar la dureza del confinamiento, la preocupación por lo que espera a la economía española el próximo otoño es máxima. Desde el punto de vista sanitario, se teme que con la caída de las hojas pueda producirse un gran rebrote. Desde el económico, el fin de una temporada turística -pobre, pero abierta- y de la prórroga de los ERTE que no sea posible extender hasta diciembre en una nueva negociación, supondrán un duro golpe para el empleo.

Para entonces, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera tener en el Congreso los Presupuestos de la subida de impuestos que sentarán las bases para que las grandes empresas tengan que asumir en 2021 una factura tributaria más alta.

Como recordó el viernes a Sánchez el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, las pequeñas y medianas empresas españolas también pagarán esa subida de impuestos por la menor actividad de las de mayor tamaño o por los costes que les repercutan sus grandes clientes. 

Sin embargo, el Gobierno tiene su propia hoja de ruta y sin dinero para elaborar y negociar unos Presupuestos, la ideología va a tomar gran protagonismo en la agenda económica. Es algo "legítimo", como reconoció Antonio Garamendi, pero muy dañino para la recuperación.

Ahora que Sánchez duerme plácidamente en La Moncloa con su socio Pablo Iglesias como vicepresidente, a las empresas hay muchos asuntos que les quitan el sueño más allá de la subida de impuestos.

Ahí están el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno para regular el teletrabajo, el borrador del decreto de ley de igualdad salarial que Yolanda Díaz e Irene Montero han sacado a consulta pública y la entrada en vigor de la ya aprobada ley en materia de información no financiera y diversidad en España.

Se trata de tres propuestas que generan inquietud por los nuevos costes que acarrearán para las empresas -también para las pequeñas- en un momento crítico, ya que como ha advertido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el covid-19 va a elevar la mortandad del tejido productivo.

Como ha explicado Íñigo Sagardoy, el enfoque con el que el Gobierno se ha aproximado a regular el teletrabajo es una oportunidad perdida para que también las empresas puedan utilizar este mecanismo para contar con más flexibilidad.

La intención de Trabajo de que las empresas asuman nuevos costes para consolidar esta fórmula generó tal malestar en la patronal que Garamendi llegó a afirmar que los empresarios se pueden ir a contratar a Portugal.

En el caso de la ley de igualdad, fuentes empresariales advierten que serán las empresas las que tendrán que pagar las auditorías externas sobre igualdad salarial que quiere exigir el Gobierno en su futura ley. Y esto afectará a todas las empresas, aumentando el coste en función del tamaño a partir de los 50 trabajadores.

Ese desembolso se sumará a la carga extra de trabajo que supondrá incorporar auditorías internas y personal dedicado a hacer seguimiento de la igualdad salarial dentro de las empresas con los criterios de Irene Montero.

Estos gastos podrían tener que afrontarse ya en el año 2021, con la economía tratándose de recuperar muy lentamente del batacazo de 2020 y con una tasa de paro que podría superar el 23%.

A ellos se sumará -a finales del próximo año- la factura que tendrán que asumir las empresas de menos de 250 trabajadores por la entrada en vigor del reporte de la información no financiera que ya desde diciembre de 2018, venía obligando a las empresas de más de 500 trabajadores a presentar estos datos en su informe de gestión o en un documento separado. 

Garamendi es consciente de que a los empresarios les espera un calvario en muchos frentes. Los empresarios se acogen a la hoja de ruta europea y aún confían en que Nadia Calviño pueda llegar a presidir el Eurogrupo y centrar la política española.

Si pudieran forzaría un pacto con el PP, un partido que como explica su coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, comparte todos los ejes centrales del discurso de la patronal.

Sin embargo, las diferencias entre los dos grandes partidos en materia fiscal complican ese alianza. Lo único que queda a las empresas -y no es poco- es el diálogo social y el as de que para Pedro Sánchez, conseguir incluirlos en sus fotos es vital para lograr más en Bruselas. Algo que deja a la patronal en la tesitura de seguir cerrando acuerdos para minimizar los nuevos costes regulatorios y fiscales a costa del malestar de sus sectores más duros, pero con el respaldo de las grandes empresas que abrazaron su cumbre empresarial.

ATENTOS A...

El sistema de financiación autonómica -que lleva pendiente de una revisión desde el año 2014- va a generar un quebradero de cabeza a Pedro Sánchez en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Los consejeros de Economía de las comunidades autónomas están preocupados por conocer las cuentas del Estado porque de los números que presente María Jesús Montero dependerán sus ingresos y el sistema, está pensado para que siempre aumenten, no para que disminuyan, como ha ocurrido este año.

Dado que las entregas a cuenta se establecen en función de una previsión de ingresos que se regulariza dos años después, todas las autonomías -a excepción de País Vasco y Navarra- podrían verse obligadas a tener que devolver el dinero anticipado por el Estado en 2022. Una situación que podría abrir una batalla en la que barones socialistas y populares como Ximo Puig o Díaz Ayuso unieran fuerzas para tratar de blindarse ante el previsible golpe financiero en año electoral.