El Gobierno tiene la intención de subir los impuestos con dos objetivos simultáneos: financiar el aumento del gasto público y reducir el binomio déficit-deuda. El contenido del paquete tributario gubernamental es por el momento indefinido, pero afirma su intención de equiparar la presión fiscal española con la existente en el promedio de la UE. Eso supondría elevar 5,1 puntos la ratio ingresos impositivos sobre PIB.

Si se toma como base de partida el PIB de 2019, último año de la expansión, ello se traduciría en un alza de la fiscalidad de 63.843 millones de euros. De llevarse a cabo este plan, una mezcla de falacias y de ignorancia, sus efectos sobre una economía enfrentada a la mayor recesión de su historia serían letales.

De entrada, el concepto de presión fiscal es descriptivo y carece de significación económica real. Refleja la participación de los ingresos procedentes de los tributos en el PIB. Sin embargo, no mide lo fundamental: el esfuerzo fiscal; es decir, el peso de la tributación sobre la renta per cápita de los ciudadanos.

Se trata de un indicador fundamental porque es el factor determinante de las decisiones de trabajo, ahorro, consumo e inversión de los hogares y de las compañías. En España se sitúa un 10% por encima de la media de la OCDE. En otras palabras, la carga tributaria soportada los españoles es superior a la existente en el promedio de los países industrializados.

Con frecuencia se sostiene que esta crisis es diferente y no existe consenso acerca de los medios adecuados para combatirla. Quizá esto sea verdad, pero existe un conocimiento bastante preciso, apoyado por una abrumadora literatura y evidencia empírica acerca de dos cuestiones centrales: primero, subir impuestos siempre afecta de manera negativa al crecimiento; segundo, las subidas impositivas agudizan y prolongan las fases recesivas.

La carga tributaria soportada los españoles es superior a la existente en el promedio de los países industrializados.

En un informe que recoge toda la investigación relevante sobre la materia se llega a una conclusión general: un aumento de los impuestos del 1% del PIB cuesta entre 2-3 puntos de PIB (Ramey V.A, Ten Years after the Financial Crisis: What Have Learned fron the Renaissance in Fiscal Research?, J.E.P, Spring 2019).

En términos convencionales, la relación deuda/PIB puede reducirse bien mediante el recorte del déficit público, bien a través de la expansión de la actividad económica. Esto significa que, si la política empleada para disminuir el desequilibrio financiero de las Administraciones Públicas causa o agudiza una recesión, la recaudación caerá y la ratio déficit-deuda/PIB se incrementará.

Esta es la inexorable lógica matemática que condena al fracaso la estrategia destinada a subir la fiscalidad. Esto implica bien desconocimiento, bien un sacrificio de la racionalidad a la ideología, bien una combinación de amos.

Si se toma como punto de partida la voluntad gubernamental de elevar la presión fiscal española del 35,2% al 40,3% del PIB, media de la UE, ello detraería entre 10 y 15 puntos de crecimiento al PIB.

Si se tiene en cuenta que este se contraerá entre un 10% y un 15% en números redondos en 2020, el efecto sobre la demanda interna, sobre el empleo y sobre el endeudamiento del sector público sería trágico.

Condenaría a este país a un escenario de empobrecimiento generalizado y persistente, crearía unas cicatrices en la economía y en la sociedad que tardarían mucho tiempo en cicatrizar. Esta consideración es básica cuando el Gobierno apela al sentido del Estado para que las fuerzas parlamentarias de la oposición apoyen sus descabellados planes.

El PIB se contraerá entre un 10% y un 15% en 2020, el efecto de subir impuestos sobre la demanda interna, el empleo y el endeudamiento público sería trágico. 

En la hipótesis, imposible, de que el Gobierno lograse recaudar más subiendo los impuestos, esto no mejoraría para nada dos elementos centrales para posibilitar una recuperación económica: la confianza y las expectativas de los hogares y, sobre todo, de las empresas.

Un incremento de la tributación no permite controlar el aumento automático y constante del gasto estructural. Esto significa que su financiación no sólo exigirá mantener una fiscalidad elevada, sino aumentarla más en el futuro. Ante este panorama el consumo privado y la inversión no reaccionarán de manera positiva, sino todo lo contrario.

En este contexto de irresponsabilidad e indisciplina, quién podía pensar que la UE, inmersa en una crisis sin precedentes, hubiese elegido presidente del Eurogrupo al máximo representante de esta caótica política económica. Vivir fuera de la realidad proporciona estas no sorprendentes sorpresas.